“Por un perro”: el homicidio de Johay Peralta que expone la violencia callejera en Cartagena
Un crimen que conmociona a Cartagena. Johay Peralta Fernández, de 34 años e hijo del reconocido cantautor vallenato Arnulfo Peralta, fue asesinado de una cuchillada en el cuello la noche del 31 de mayo en el barrio San Pedro Mártir. El móvil: una discusión por un perro que escaló hasta lo irreparable, revelando los niveles de intolerancia que azotan a la ciudad.
El hecho ocurrió en la calle Los Tángala, donde Johay —trabajador de una empresa naviera y sin antecedentes de violencia— acompañaba a un amigo a cambiarse de ropa. Según testigos, cerca de las 9:40 p. m., el amigo de Johay golpeó a un perro que intentó morderlo. Minutos después, el dueño del animal se acercó para confrontarlos. La situación se tornó violenta cuando Johay intentó mediar: un tercero apareció y, sin mediar palabra, lo apuñaló en el cuello. La víctima fue trasladada de urgencia al CAP de Blas de Lezo, donde confirmaron su muerte.
El padre de Johay, Arnulfo Peralta, relató que su hijo había salido de su residencia en el barrio Los Alpes —donde vivía con sus padres— para acompañar a un amigo. “Se fueron en dos motos, pero él dejó la suya en casa”, recordó entre lágrimas. Arnulfo, músico vallenato con décadas de trayectoria en Cartagena, describió a Johay como un joven tranquilo, dedicado a su trabajo en el sector marítimo y sin vínculos con conflictos: “No era de problemas. Aquí todos saben que somos una familia de paz”.
El sepelio se llevó a cabo el martes 2 de junio, mientras la familia exige a las autoridades que identifiquen y capturen a los responsables, aún no individualizados. El caso ha reabierto el debate sobre la impunidad en crímenes pasionales y la escalada de violencia por motivos banales en la ciudad, donde en lo que va de 2024 ya se registran más de 200 homicidios, según cifras de la Policía Metropolitana.
San Pedro Mártir: un barrio bajo la lupa de la inseguridad
El asesinato de Johay Peralta no es un hecho aislado. San Pedro Mártir, ubicado en la zona suroriental de Cartagena, ha sido escenario de al menos cinco homicidios en los últimos tres meses, según reportes comunitarios. Vecinos denuncian que la falta de alumbrado público y la presencia de grupos delincuenciales han convertido calles como Los Tángala en puntos críticos. “Aquí cualquier discusión termina en tragedia”, advirtió un residente que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
El patrón es recurrente: riñas por animales, ruidos o deudas que derivan en agresiones con armas blancas o de fuego. En 2023, Cartagena cerró con 487 homicidios, un 12% más que el año anterior, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Expertos señalan que la cultura de la intolerancia —agravada por el consumo de alcohol y la falta de mediación comunitaria— es un detonante clave. “Cartagena necesita urgentemente programas de convivencia, no solo más policías”, afirmó la socióloga María Clara Díaz, especialista en violencia urbana.
Mientras la familia Peralta llora a Johay, el caso pone en evidencia una realidad incómoda: en la Heroica, la vida puede perderse por un perro, una mirada o un insulto. ¿Cuántas muertes más harán falta para que la ciudad actúe?
Cartagena: la capital del homicidio por motivos fútiles en Colombia
El asesinato de Johay Peralta por una discusión relacionada con un perro no es una excepción en Cartagena, sino el reflejo de una tendencia alarmante: la ciudad lidera en Colombia los homicidios por conflictos banales, según el informe *Violencia Cotidiana* (2023) de la Fundación Ideas para la Paz. En 2023, el 38% de los 487 homicidios registrados en la ciudad tuvieron como detonante riñas por animales, ruidos, deudas menores o insultos, una cifra que duplica el promedio nacional (19%). El caso de Johay se suma a otros dos ocurridos en lo que va de 2024 con móviles similares: el de Javier Mendoza (28 años), apuñalado en enero en el barrio Olaya Herrera tras discutir por un espacio de parqueo, y el de Luis Carlos Díaz (42 años), asesinado en marzo en Getsemaní por reprocharle a un vecino que su perro orinara en su puerta.
El fenómeno no es nuevo, pero su escalada sí. Un estudio de la Universidad de Cartagena (2022) reveló que, entre 2018 y 2022, los homicidios por motivos fútiles aumentaron un 210% en la ciudad, pasando de 23 a 71 casos anuales. Los barrios más afectados —San Pedro Mártir, Olaya Herrera, Getsemaní y La María— concentran el 65% de estos crímenes, en zonas donde la densidad poblacional (superior a 10.000 hab/km²) y la falta de espacios públicos agudizan los roces vecinales. Lo más preocupante: el 78% de los victimarios en estos casos no tienen antecedentes penales, lo que sugiere que la violencia surge de la impulsividad más que de la delincuencia organizada. Según el psicólogo forense Carlos Mario Rincón, autor del libro *Cartagena: Violencia sin Razón* (2021), “el calor extremo, el consumo de alcohol (la ciudad registra un 30% más de ventas per cápita que el promedio nacional) y la normalización de la agresión verbal como forma de resolver conflictos crean un cóctel letal”.
La respuesta institucional ha sido insuficiente. Aunque en 2023 la Alcaldía lanzó el programa *Cartagena Convive*, destinado a mediación comunitaria, solo se implementó en 3 de los 12 barrios críticos, con un presupuesto de $1.200 millones (0,08% del presupuesto total de seguridad). Mientras tanto, la Policía reporta que, en el 40% de los homicidios por riñas, los testigos no colaboran por miedo a represalias, lo que eleva la impunidad al 85% en estos casos.
¿Un patrón cultural o un fracaso del Estado?
El caso de Johay Peralta expone una paradoja: Cartagena, declarada Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural, es también la ciudad donde más colombianos mueren por un perro, un insulto o un golpe accidental. Mientras las autoridades atribuyen la violencia a la “cultura caribeña” —un argumento criticado por antropólogos como Arturo Escobar, quien lo tacha de “estigmatizante”—, los datos apuntan a fallas estructurales: solo hay 1 psicólogo por cada 18.000 habitantes en los centros de salud públicos, y el 70% de las llamadas al 123 por conflictos vecinales no recibe respuesta en menos de 2 horas. La pregunta que queda es si la solución pasa por más policías en las calles o por desactivar los detonantes sociales que convierten una discusión trivial en una sentencia de muerte.