Tribunal rechaza acusación terrorista a Binance, pero invita a presentar pruebas más contundentes
Un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, desestimó una demanda colectiva que vinculaba a Binance con el financiamiento de atentados terroristas entre 2016 y 2024. Más de 500 víctimas y familiares acusaban al exchange de permitir que Hamás, Hezbolá, la IRGC, Al Qaeda, PIJ e ISIS movieran fondos a través de su plataforma.
La jueza Jeannette A. Vargas, en un dictamen de 62 páginas, reconoció que Binance ignoró repetidamente normas contra el lavado de dinero y atendió a usuarios sancionados, pero consideró que no se probó un vínculo directo entre esas operaciones y los ataques específicos. Citó el precedente Ashley v. Deutsche Bank (2025), que exige demostrar “asistencia consciente y sustancial” bajo la Ley JASTA.
Los demandantes habían señalado USD $56 millones en transferencias relacionadas con Hamás y otros 59 millones vinculados a la Yihad Islámica Palestina. Alegaban que la fungibilidad de esos recursos terminó facilitando los atentados. Sin embargo, la magistrada consideró que la conciencia general no alcanza para establecer responsabilidad.
La jueza criticó la extensión de la demanda —891 páginas— y calificó de “totalmente innecesaria” una sección de 30 páginas sobre la historia política de Irán. Aun así, concedió 60 días para presentar una nueva versión con datos más precisos: titularidad de billeteras, fechas de transacciones y relación directa con cada ataque.
Eleanor Hughes, directora jurídica de Binance, celebró la decisión como “una vindicación completa” y confía en que ninguna enmienda subsanará las deficiencias señaladas por el tribunal. Changpeng Zhao, quien fue indultado recientemente tras declararse culpable de violaciones a normas AML, acusó a los demandantes de intentar sacar provecho de la multa penal de USD $4.300 millones que ya pagó la compañía.
El caso no está cerrado. Además de esta demanda, sobreviven otras dos: la Raanan, sobre ataques del 7 de octubre, y una tercera en Dakota del Norte. Todas exponen las brechas regulatorias que aún afectan al ecosistema cripto y mantienen al exchange bajo la lupa de legisladores como el senador Richard Blumenthal.
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