Perú blinda la embajada de México en Lima ante el riesgo de fuga de Betssy Chávez
¿Puede el asilo diplomático convertirse en un escudo contra la justicia? El gobierno peruano ha intensificado la vigilancia policial en los alrededores de la Embajada de México en Lima ante el temor de una posible fuga de Betssy Chávez, ex primera ministra condenada por su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.
Chávez solicitó asilo en la embajada mexicana en noviembre pasado, un movimiento que desencadenó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. Este episodio no solo ha tensado las relaciones bilaterales, sino que ha puesto sobre la mesa un debate más amplio: el uso del asilo diplomático como mecanismo para eludir procesos judiciales en contextos democráticos.
Medidas de seguridad y limitaciones legales
El jefe de la Policía Nacional de Perú, en declaraciones al Canal N, confirmó el despliegue de un promedio de 36 agentes en distintos puntos de Lima para “cerrar cualquier posibilidad” de fuga. Sin embargo, en la propia residencia mexicana, el dispositivo se reduce a “un número considerable” de 25 policías. Esta aparente contradicción refleja las complejidades de operar en un espacio con inmunidad diplomática.
Ante la pregunta sobre si Chávez podría intentar escapar durante las fiestas de fin de año, el jefe policial, Arriola, respondió con cautela: “Hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario”. La estrategia de fuga, según explicó, podría incluir el uso de vehículos con inmunidad diplomática, lo que impediría a la policía intervenir, “salvo urgencia extrema que tenga que ver con la vida y salud de los ocupantes”.
Desde una perspectiva analítica, esta situación expone las tensiones entre el respeto a las normas internacionales y la necesidad de los Estados de garantizar la aplicación de su justicia. La inmunidad diplomática, diseñada para proteger la soberanía de las misiones extranjeras, se convierte aquí en un obstáculo para las autoridades peruanas.
El debate en la OEA: ¿Reformar el asilo diplomático?
El canciller peruano, Hugo de Zela, llevó el caso al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a inicios de este mes. Allí, propuso reforzar los procedimientos de asilo diplomático para evitar que este derecho, consagrado en la Convención de Caracas de 1954, continúe su “evolución negativa”. Según De Zela, el asilo se está utilizando cada vez más como “un instrumento para eludir la justicia” en Estados democráticos, donde no existe persecución política.
El ministro reconoció los desafíos que enfrenta Perú, aún inmerso en una crisis política tras la destitución de Castillo, pero subrayó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y, sobre todo, “el principio de no impunidad”. Además, adelantó que Perú podría elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros a debatir y fortalecer el multilateralismo en materia de asilo.
Lo que esto revela es un conflicto entre dos principios fundamentales: la protección de los derechos humanos a través del asilo y la necesidad de que los sistemas judiciales funcionen sin obstáculos. La pregunta clave ahora es si los países de la región lograrán consensuar reformas que equilibren estos intereses sin debilitar las garantías internacionales.
¿Estamos ante un punto de inflexión en la interpretación del asilo diplomático en América Latina?
El asilo como arma política: un precedente peligroso
Más allá de las medidas de seguridad, lo que emerge es un escenario donde el asilo diplomático se transforma en un campo de batalla geopolítico. La decisión de Chávez de refugiarse en la embajada mexicana no solo desafía la justicia peruana, sino que redefine el papel de las misiones diplomáticas en conflictos internos.
Desde una perspectiva analítica, este caso expone cómo el asilo puede ser instrumentalizado para proteger a figuras políticas en contextos de inestabilidad institucional. La tensión entre Perú y México no es solo bilateral: refleja una fractura regional sobre cómo interpretar un derecho diseñado para proteger disidencias, pero que ahora se usa para blindar a actores condenados por delitos comunes.
La estrategia de vigilancia policial, con sus limitaciones en territorio diplomático, subraya la impotencia de los Estados frente a la inmunidad. Si Chávez lograra escapar, el mensaje sería claro: las fronteras legales pueden sortearse con el respaldo de un aliado internacional. Esto no solo debilita la autoridad judicial peruana, sino que incentiva futuras maniobras similares en la región.
La pregunta clave
¿Estamos ante el inicio de una era donde el asilo diplomático se normalice como vía de escape para la clase política, erosionando la confianza en los sistemas de justicia y el Estado de derecho en América Latina?