Perú apuesta por los datos como pilar de su transformación digital
Un salto hacia la administración inteligente. Perú ha lanzado su Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026-2030, un plan que obliga a todas las entidades públicas a tratar la información estatal como un activo estratégico.
La iniciativa, oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 049-2026-PCM el 13 de febrero y publicada en el Diario Oficial El Peruano, marca un hito en la modernización del Estado. Desde una perspectiva analítica, este movimiento refleja la urgencia de adaptar las estructuras públicas a un mundo donde los datos son el nuevo petróleo, pero también el nuevo campo de batalla en términos de transparencia y eficiencia.
Un marco obligatorio para la gestión de datos
La ENGD establece un marco de referencia vinculante para organismos de la administración pública nacional, gobiernos regionales y locales, así como empresas públicas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Lo que esto revela es un intento por unificar criterios en un ecosistema tradicionalmente fragmentado, donde la interoperabilidad y la seguridad han sido históricamente puntos débiles.
El sector privado, aunque no obligado, podrá adoptar sus lineamientos como referencia para proyectos basados en datos. El objetivo central —mejorar la calidad, la interoperabilidad, la seguridad y la trazabilidad de la información— se alinea con la política nacional de transformación digital. Aquí emerge una pregunta clave: ¿logrará este marco equilibrar la innovación con la protección de los derechos ciudadanos?
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) será la encargada de liderar y supervisar la estrategia, un rol que exigirá no solo capacidad técnica, sino también visión estratégica para navegar los desafíos políticos y operativos.
Rigor institucional y rendición de cuentas
Cada entidad pública deberá alinear sus metas con los objetivos de la ENGD y elaborar un Plan de Acción de Gobierno de Datos. Este documento, que incluirá diagnóstico, objetivos, proyectos priorizados, cronograma y recursos, será el termómetro de su compromiso con la modernización. Más allá de los requisitos formales, lo que emerge es la necesidad de una cultura de datos dentro de las instituciones, donde la información deje de ser un subproducto para convertirse en el eje de la toma de decisiones.
La aprobación y el seguimiento de estos planes recaerán en el Comité de Gobierno y Transformación Digital de cada entidad, con la participación obligatoria del Oficial de Gobierno de Datos (OGD), figura que deberá acreditar experiencia en gestión de datos o gobierno digital. La ENGD exige, además, reportes trimestrales sobre los avances y la coherencia con la normativa de protección de datos personales, un recordatorio de que la transparencia no puede separarse de la privacidad.
La Plataforma de Cumplimiento Digital, donde cada entidad registrará sus progresos, actúa como un mecanismo de transparencia y presión. Analizando el contexto, esta herramienta no solo mide el avance, sino que expone a las instituciones que se queden atrás, creando un incentivo adicional para el cumplimiento.
Financiamiento autónomo y colaboración multisectorial
La implementación de la ENGD no requerirá recursos adicionales del Tesoro Público. Cada entidad deberá financiarla con su propio presupuesto, ajustando prioridades y recursos internos. Esta decisión, aunque pragmática, plantea un desafío: ¿podrán las instituciones con menos recursos cumplir con los mismos estándares que aquellas con mayor capacidad económica?
La estrategia se elaboró con la participación de actores del sector público, la academia, el sector privado y la sociedad civil, y podrá actualizarse cada dos años para adaptarse a la evolución tecnológica y normativa. Este enfoque colaborativo sugiere que Perú entiende que la transformación digital no es solo un tema técnico, sino social y político.
La PCM convocará espacios de diálogo abiertos a actores relevantes del ecosistema digital nacional, buscando articular mejoras continuas. La pregunta clave ahora es si esta apertura se traducirá en una implementación ágil o si, por el contrario, la burocracia terminará diluyendo su impacto.
Hacia un Estado basado en evidencia
La aprobación de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026-2030 es un paso hacia la consolidación de una administración pública basada en información confiable, segura y accesible. Sin embargo, el verdadero test será su ejecución: ¿logrará Perú pasar de la teoría a la práctica en un plazo razonable?
Las entidades públicas deberán incorporar esta visión en sus políticas, proyectos y procesos, alineando sus acciones con los lineamientos nacionales y reportando avances de forma periódica. Más allá de los plazos y los informes, lo que está en juego es la capacidad del Estado para servir mejor a sus ciudadanos en la era digital.
¿Estará Perú a la altura de este ambicioso desafío, o quedará atrapado en la brecha entre la intención y la acción?
El desafío cultural detrás de la transformación técnica
Más allá de los marcos normativos y las plataformas de seguimiento, lo que define el éxito de esta estrategia es su capacidad para transformar la mentalidad institucional. La ENGD no solo exige cambios operativos, sino un salto cualitativo en cómo las entidades públicas perciben el valor de los datos.
Desde una perspectiva analítica, el mayor obstáculo no será la falta de recursos, sino la resistencia al cambio en estructuras acostumbradas a la fragmentación. La interoperabilidad técnica es más sencilla de lograr que la alineación de voluntades entre instituciones con agendas y prioridades distintas. Lo que esto revela es que, sin una cultura de colaboración y rendición de cuentas, incluso los sistemas más avanzados quedarán en papel.
La figura del Oficial de Gobierno de Datos (OGD) adquiere aquí un peso simbólico: no basta con designar un responsable, sino empoderarlo para que actúe como puente entre lo técnico y lo estratégico. La pregunta clave es si estas figuras tendrán el respaldo político necesario para impulsar cambios profundos o si se convertirán en meros cumplidores de trámites.
La paradoja de la autonomía financiera
Financiar la implementación con presupuestos internos es un acierto en términos de sostenibilidad, pero también un riesgo. Las entidades con menos recursos podrían priorizar otras necesidades inmediatas, dejando la transformación digital en un segundo plano. Aquí emerge una tensión: ¿cómo garantizar equidad en un sistema donde la capacidad de ejecución depende de la solvencia de cada institución? La respuesta no está en más fondos, sino en mecanismos de cooperación que permitan compartir conocimientos y herramientas.