Doce agentes malayos apresados por robar criptoactivos a ciudadanos chinos
La policía malasia detuvo a 12 efectivos por presuntamente extorsionar más de 50 000 dólares en monedas digitales a un grupo de asiáticos.
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- Un total de doce uniformados fueron arrestados tras el allanamiento.
- Los sospechosos habrían obligado a chinos a transferir criptoactivos por valor de 200 000 ringgit.
- El gobierno intensifica la lucha contra la corrupción mientras crece el uso de activos virtuales.
La semana pasada, agentes de la policía de Malasia arrestaron a una docena de compañeros acusados de extorsionar a ocho nacionales chinos y apoderarse de sus criptomonedas durante una redada nocturna en Kajang, estado de Selangor.
El operativo, que se saldó con el decomiso de teléfonos y ordenadores, terminó cuando uno de los afectados fue forzado a enviar unos 200 000 ringgit —equivalentes a 51 000 dólares— a una cuenta de criptoactivos controlada por los uniformados.
El jefe de policía regional, Shazeli Kahar, confirmó que la denuncia se presentó el 6 de febrero y que las detenciones fueron ejecutadas de forma inmediata: «No transigiremos con ningún miembro que se involucre en delitos», subrayó.
Las víctimas, de entre 25 y 45 años, se encontraban en un bungalow residencial cuando irrumpieron los agentes, quienes se apoderaron de los dispositivos antes de exigir la transferencia.
Campaña contra la corrupción
Este caso se produce en medio de la ofensiva del primer ministro Anwar Ibrahim contra la corrupción en el sector público, iniciada tras llegar al poder en 2022. Además, el monarca Sultan Ibrahim Iskandar advirtió recientemente en redes: «No crean que no me entero; también tengo mis propios informantes».
Las detenciones han reabierto el debate sobre la integridad de las fuerzas de seguridad y los riesgos físicos que enfrentan los inversores de activos digitales en jurisdicciones con marcos regulatorios aún en desarrollo.
El suceso se suma a una creciente lista de ataques y secuestros relacionados con criptomonedas que se registran principalmente en Europa, lo que evidencia la necesidad de reforzar la protección a los usuarios.
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