La lucha de una madre por justicia tras la muerte de Neomar en las protestas de 2017

“La lucha de pocos vale por el futuro de muchos”. Neomar Alejandro Lander, de 17 años, perdió la vida en 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante las protestas en Venezuela.

Las manifestaciones contra la pobreza y la falta de futuro, reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro, dejaron más de un centenar de fallecidos, según la fiscalía del Estado. Neomar, activo en las movilizaciones, había grabado días antes un vídeo donde defendía su activismo: deseaba un cambio para Venezuela, un país que, según él, no le ofrecía futuro y al que, sin embargo, no quería abandonar. “La lucha de pocos vale por el futuro de muchos”, declaró con convicción.

Ocho años de dolor y una demanda de justicia

Este miércoles, su madre, Zugeimar Armas —ahora residente en España con su familia—, compareció en Madrid junto a otros familiares de víctimas para exigir a la Corte Penal Internacional que acelere la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La causa, presentada en febrero de 2018, busca emitir órdenes de captura contra Maduro y otros responsables, evitando que las muertes queden impunes.

Antes de hablar, Zugeimar permitió la difusión del vídeo viral que muestra el momento en que su hijo cae fulminado. “Es muy duro tener que escucharlo”, admitió, mientras su hija Paula abandonaba la sala entre lágrimas. “Pero lo publicaría una y otra vez porque han pasado ocho años y siete meses y no se ha hecho justicia”.

Desde una perspectiva analítica, este caso refleja el costo humano de la represión estatal y la lucha incansable de las familias por mantener viva la memoria de sus seres queridos. Lo que esto revela es un patrón de violencia sistemática contra manifestantes desarmados, donde jóvenes como Neomar, con sueños truncados, se convirtieron en símbolos de una generación que exigía cambio.

Un plan premeditado y un dolor que no cesa

Zugeimar y otras familias denuncian que en 2017 existió un plan predeterminado para autorizar ejecuciones extrajudiciales durante las protestas. Como prueba, señalan que muchos jóvenes murieron desarmados, con impactos en zonas vitales como la cabeza, el cuello o el pecho. “La responsabilidad de la muerte de mi hijo es del Gobierno y tienen que pagar”, exigió con firmeza.

Neomar, nacido en 1999 —el año en que Hugo Chávez llegó a la presidencia—, encarnaba el anhelo de una Venezuela libre y democrática, un futuro que nunca llegó a vivir. Su madre lo describe como “un niño con valores, educado, carismático y amante de los deportes”. Recientemente, había completado un curso de bartender y planeaba emigrar, aunque la idea no lo convencía del todo.

El 7 de junio de 2017, día de su muerte, Zugeimar también participaba en la marcha, pero iba rezagada. “Estuve en la protesta y no pude hacer nada”, relató. Un familiar le comunicó por teléfono lo ocurrido. “Le pedí a un motorizado que me llevara a donde estaban los heridos. Me preguntó cómo iba vestido mi hijo, y al describirlo, me llevó a la clínica Ávila”.

“No sé cómo es vivir en guerra, pero allí todo era humo, gritos y disparos desde los ministerios hacia la gente”, recordó entre lágrimas. Una médica le confirmó lo peor: “Lo siento, pero vino sin signos vitales”. Zugeimar cayó al suelo, devastada, al enterarse de que existía un vídeo viral del impacto de la bomba lacrimógena en el pecho de su hijo. Su padre, por su parte, se enteró por Twitter al salir del trabajo.

En la clínica, insistió en ver el cuerpo de Neomar. Aunque el celador recibió órdenes de mostrarle solo la cara, ella bajó la manta y vio “un hueco en su pecho”, con sangre por todas partes. “Le abracé y le besé en la frente”, contó, con la mano sobre el casco de su hijo, donde se leía “resistencia” en letras negras sobre fondo blanco.

Justicia como único consuelo

“Si mi hijo murió por un país, yo voy a luchar por justicia”, declaró Zugeimar. Tras la caída de Maduro en enero, capturado por EEUU, reflexiona con tristeza que nada ni nadie podrá devolverle a su hijo. “Al menos los presos van a salir y sus familiares los abrazarán, pero de nosotros depende que se haga justicia y que la memoria de nuestros hijos no se borre”.

Confía en que la Corte Penal Internacional actúe pronto y, este miércoles, se lo pidió “por favor”. Para la familia, procesar a los responsables será “una satisfacción en una vida que ya solo consiste en aprender a vivir con este dolor”.

La pregunta clave ahora es: ¿logrará la presión internacional y el testimonio de las familias acelerar un proceso que, hasta ahora, parece estancado en la burocracia judicial?

El simbolismo de una generación y su legado político

Más allá del dolor individual, la historia de Neomar encarna el sacrificio de una generación que desafió el statu quo con poco más que su voz y su presencia en las calles. Lo que esto revela es cómo la represión sistemática no solo segó vidas, sino que convirtió a jóvenes como él en símbolos involuntarios de resistencia, cuyo legado trasciende las fronteras de Venezuela.

Desde una perspectiva analítica, la insistencia de Zugeimar en difundir el vídeo de la muerte de su hijo no es solo un acto de duelo, sino una estrategia política: mantener viva la memoria como herramienta de presión. La repetición del material gráfico, aunque dolorosa, busca evitar que la impunidad se normalice, forzando a la comunidad internacional a actuar ante lo que las familias denuncian como un patrón de violencia premeditada.

La mención del casco con la palabra resistencia no es casual. Representa la identidad colectiva de unos manifestantes que, pese a su juventud, asumieron un rol activo en la demanda de cambio. Neomar, con su formación como bartender y su ambivalencia ante la emigración, personificaba el conflicto entre el deseo de construir un futuro en su país y la falta de oportunidades que lo empujaban a buscarlo en otro lugar.

La paradoja de la justicia tardía

La captura de Maduro introduce una paradoja: mientras las familias ven una oportunidad para la justicia, también enfrentan la realidad de que ningún fallo judicial devolverá lo perdido. Lo que emerge es una lucha donde el consuelo no está en la reparación, sino en la validación de que sus muertes no fueron en vano. La pregunta subyacente es si la Corte Penal Internacional, con su ritmo burocrático, podrá responder a la urgencia emocional de quienes llevan años esperando respuestas.