El zar de la frontera de Trump mantiene las redadas migratorias pese al cierre del DHS
La mano dura no se detiene. Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, confirmó que las redadas migratorias seguirán en todo el país, incluso con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El DHS cumple su segundo día sin financiamiento, pero esto no frenará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Homan aseguró que, aunque los agentes no cobrarán, continuarán aplicando la política migratoria de Trump: “Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando”.
Desde una perspectiva analítica, esta declaración refleja la prioridad absoluta que el gobierno otorga a la ejecución de su agenda migratoria, incluso en condiciones de precariedad presupuestaria. Lo que esto revela es una estrategia de resistencia institucional, donde la operatividad se mantiene a costa del bienestar de los propios agentes.
“La misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán”, afirmó Homan a CNN.
El bloqueo político y sus consecuencias
El Senado fracasó el jueves al intentar aprobar un proyecto de ley republicano para financiar el DHS hasta septiembre. Los demócratas bloquearon la medida al considerar que no limitaba lo suficiente las operaciones del ICE, agencia que ha generado protestas y se ha visto involucrada en incidentes como la muerte de dos estadounidenses en Mineápolis, Minnesota.
El receso del Congreso, controlado por republicanos con divisiones internas sobre si impulsar una financiamiento anual o provisional, podría alargar el cierre. Este afecta a más de 270.000 empleados del DHS, de los que más del 90% seguirá activo durante el parón.
Más allá de los hechos, lo que emerge es un escenario donde la polarización política se traduce en inacción legislativa, mientras las agencias clave operan en un limbo administrativo. La pregunta clave ahora es hasta cuándo podrán sostenerse estas operaciones sin un marco presupuestario estable.
Esta paralización, la segunda en febrero tras un breve cierre a principios de mes, no afecta al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto ya está aprobado hasta el fin del año fiscal. Una paralización total anterior, entre octubre y noviembre pasados, limitó las funciones de la Administración durante 43 días.
El ICE en el centro de la tormenta
El ICE ha sido el rostro más visible de las políticas antimigratorias de Trump en su segundo mandato, ejecutando redadas en ciudades de mayoría demócrata como Mineápolis, Chicago y Los Ángeles, junto al CBP.
A pesar del enfrentamiento entre demócratas y republicanos, la ley presupuestaria impulsada por Trump otorga amplia libertad a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para reubicar fondos y garantizar las operaciones migratorias.
Analizando el contexto, esta flexibilidad financiera sugiere que la administración prioriza la continuidad de sus políticas sobre cualquier otro aspecto, incluso la estabilidad institucional. ¿Hasta qué punto la falta de consenso político puede erosionar la legitimidad de estas acciones?
La paradoja de la operatividad sin financiamiento
La decisión de mantener las redadas migratorias a pesar del cierre del DHS expone una contradicción estructural: la priorización de la agenda política sobre la sostenibilidad institucional.
Desde una perspectiva analítica, lo que esto revela es un modelo donde la ejecución de políticas se desvincula de las condiciones materiales de quienes las implementan. Los agentes de ICE, sin salario, se convierten en el eslabón más débil de una cadena que, sin embargo, no se rompe. La resistencia operativa demuestra que el sistema está diseñado para funcionar incluso en modo de emergencia, pero a un costo humano creciente.
Más allá de los hechos, lo que emerge es una dinámica donde la polarización política no solo paraliza el Congreso, sino que normaliza la precariedad como precio de la continuidad. La flexibilidad presupuestaria otorgada a la secretaria del DHS no es casual: refleja una estrategia para blindar las políticas migratorias frente a cualquier obstáculo, incluso el colapso administrativo.
El riesgo de la normalización
La pregunta clave ahora es si esta situación, lejos de ser una excepción, se convertirá en un precedente donde la operatividad sin recursos —y sin salarios— se naturalice como parte del juego político. El verdadero desafío no es técnico, sino ético: ¿hasta dónde puede llegar un sistema que exige lealtad institucional a cambio de inestabilidad personal?