Colombia en la encrucijada: segunda vuelta entre dos visiones radicalmente opuestas
Un país dividido decide su futuro. Este domingo 31 de mayo, 41,2 millones de colombianos (el padrón electoral más grande de la historia) definirán si el giro a la izquierda iniciado con Gustavo Petro se consolida o si la derecha recupera el poder. Pero las encuestas son claras: ningún candidato superará el 50%, y la segunda vuelta del 21 de junio será el escenario definitivo de una batalla ideológica sin precedentes.
El mapa político colombiano muestra tres fuerzas en disputa. Iván Cepeda (Pacto Histórico), con un 37,1%–44,6% de intención de voto, lidera las preferencias. Le sigue el derechista Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), con 27,5%–36,3%, mientras Paloma Valencia (Centro Democrático) oscila entre 12,6% y 13,9%. Los sondeos coinciden en que Cepeda y De la Espriella irán a la segunda vuelta, pero divergen en el ganador: dos encuestadoras favorecen al candidato de derecha, y una, al de izquierda.
El dilema del próximo presidente: gobernar sin mayoría
El ganador heredará un Congreso fragmentado y hostil. Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 dejaron un Senado con 102 escaños, donde el Pacto Histórico (partido de Petro y Cepeda) es la primera fuerza con 25 curules, pero la suma de derecha y centro (60 escaños) domina la cámara alta. En la Cámara de Representantes (188 escaños), los partidos tradicionales y conservadores mantienen el control, relegando al Pacto Histórico a un cuarto lugar con solo 27 diputados.
La participación récord en las legislativas (21 millones de votos, la más alta desde 1990) confirmó al Pacto Histórico como la fuerza más votada por segunda vez consecutiva (23% en Senado), pero sin capacidad para aprobar reformas. Petro, con solo dos años en el poder, ya ha chocado contra este muro: su agenda de cambios sociales y económicos ha sido bloqueada sistemáticamente.
Si Cepeda triunfa, enfrentará el mismo escenario. “Gobernar con un Congreso en contra es como remar contra la corriente con las manos atadas”, advierte un analista político. De la Espriella, en cambio, tendría más margen, pero su programa —radical en temas como seguridad y derechos humanos— podría generar resistencia internacional y protestas sociales.
Cepeda: el legado de la paz y la sombra de Uribe
Iván Cepeda (63 años) es una figura polarizante. Senador desde hace 15 años y presidente de la Comisión de Paz, su trayectoria está marcada por dos ejes: la defensa de los acuerdos con las FARC y su pugna judicial con Álvaro Uribe. Su padre, Manuel Cepeda (dirigente comunista), fue asesinado en 1994 por agentes estatales en connivencia con paramilitares, un crimen que marcó su vida.
Cepeda ha sido actor clave en los diálogos de paz y promotor del diálogo con el ELN y otras guerrillas. Pero su nombre también está ligado al caso que sacudió a la política colombiana: en 2012, denunció ante el Congreso los presuntos vínculos de Álvaro Uribe (presidente entre 2002–2010) con el paramilitarismo. Uribe contraatacó en 2014, acusándolo de manipular testigos.
El giro llegó en 2018, cuando la Corte Suprema sobreseyó a Cepeda y, en un fallo histórico, condenó a Uribe por soborno y manipulación de testigos, reconociendo a Cepeda como víctima del sistema judicial. Desde entonces, el senador ha sido un testigo clave en los procesos contra su antiguo rival, ahora bajo investigación por crímenes de lesa humanidad.

Su propuesta incluye profundizar los acuerdos de paz, reformar la policía para desmilitarizarla y avanzar en una reforma agraria que redistribuya tierras. Sin embargo, sus críticos —como De la Espriella— lo acusan de querer “entregar el país a la guerrilla” y de ser “un títere de Petro”.
De la Espriella: mano dura, alianzas polémicas y un programa disruptivo
Abelardo de la Espriella (47 años), abogado y empresario, representa el ala más radical de la derecha. Su discurso se centra en seguridad, reducción del Estado y valores conservadores, pero su pasado ha generado controversia: fue abogado de Álex Saab, el empresario colombiano extraditado a EE.UU. en 2021 por ser presunto testaferro de Nicolás Maduro. De la Espriella asegura que cortó lazos con Saab en 2018, al conocer sus vínculos con el chavismo.
Su programa es el más rupturista de la campaña:
- Seguridad: Fin a las negociaciones con grupos armados, armar a la población civil y crear “batallones élite” para combatir el narcotráfico.
- Derechos humanos: Retirar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, y cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad.
- Política exterior: Recomponer relaciones con Israel (rotas por Petro) y alinearse con EE.UU. en la lucha contra Venezuela.
- Valores: Prohibir el aborto, la eutanasia y la adopción homoparental, y promover “la familia tradicional”.
- Economía: Reducir impuestos a empresas, flexibilizar las leyes laborales y privatizar sectores estratégicos.
Colombia en la: Sus propuestas han generado rechazo en sectores progresistas y en la comunidad internacional. “Es un retroceso a los años más oscuros de la violencia estatal”, advierte un experto en derechos humanos. Sin embargo, su mensaje resuena en un electorado cansado de la inseguridad: el 68% de los colombianos considera que el país va “por mal camino”, según Gallup.
Sus propuestas han generado rechazo en sectores progresistas y en la comunidad internacional. “Es un retroceso a los años más oscuros de la violencia estatal”, advierte un experto en derechos humanos. Sin embargo, su mensaje resuena en un electorado cansado de la inseguridad: el 68% de los colombianos considera que el país va “por mal camino”, según Gallup.
Paloma Valencia: la sorpresa centrista con un partido en crisis
Aunque las encuestas la ubican en tercer lugar, Paloma Valencia (48 años) ha sido la revelación de estas elecciones. Senadora y abogada, ganó la consulta interna del Centro Democrático (partido de Uribe) con más del 50% de los votos, en una votación con 5,8 millones de participantes —la más alta en la historia de primarias en Colombia—. Su triunfo fue inesperado: derrotó a figuras como Juan Carlos Pinzón (exministro de Defensa) y Juan Manuel Galán (hijo del candidato liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el Cartel de Medellín).
Su ascenso, sin embargo, está teñido de tragedia: el favorito original del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay (sobrino de Álvaro Uribe), fue asesinado en junio de 2025 durante un acto proselitista. El crimen, aún sin resolver, sacudió la campaña y dejó a Valencia como la única opción viable para un partido dividido.
Valencia propone un discurso “centrista” dentro de la derecha: mantiene el rechazo a los acuerdos de paz con las FARC, pero evita el tono belicoso de De la Espriella. Promete revisar —no eliminar— la JEP, impulsar un “capitalismo inclusivo” y fortalecer la alianza con EE.UU. sin romper con organismos internacionales. Sin embargo, su principal desafío será unificar a un Centro Democrático fracturado tras la muerte de Uribe Turbay y las divisiones internas.
¿Qué está en juego el 31 de mayo?
Más que una elección, este domingo es un referéndum sobre el futuro de Colombia:
- Modelo económico: ¿Más Estado (Cepeda) o libre mercado radical (De la Espriella)?
- Paz y seguridad: ¿Diálogo con guerrillas (Cepeda) o guerra total y armar a civiles (De la Espriella)?
- Derechos sociales: ¿Avance en aborto, eutanasia y derechos LGBTQ+ (Cepeda) o retroceso conservador (De la Espriella)?
- Relaciones internacionales: ¿Alineamiento con EE.UU. e Israel (De la Espriella) o multilateralismo progresista (Cepeda)?
- Justicia transicional: ¿Mantener la JEP (Cepeda/Valencia) o cerrarla y juzgar a exguerrilleros en cortes ordinarias (De la Espriella)?
El contexto es crítico: la inflación supera el 9%, el desempleo ronda el 10% y 2023 fue el año más violento desde el acuerdo de paz (1.300 líderes sociales asesinados, según Indepaz). Además, el próximo presidente deberá manejar la crisis migratoria venezolana (2,5 millones de refugiados en Colombia) y la presión de EE.UU. para frenar el récord histórico de cocaína producida (2.300 toneladas en 2023, según la ONU).
Pero hay un factor adicional: el cansancio con la polarización. “Colombianos no quieren más odio”, dijo un votante en Bogotá. Sin embargo, los candidatos han profundizado las divisiones. Cepeda acusa a De la Espriella de querer “revivir el paramilitarismo”, mientras este tacha a su rival de “comunista disfrazado”. Paloma Valencia, por su parte, intenta posicionarse como la “opción sensata”, pero su partido está asociado a los años más duros del conflicto.
El 31 de mayo no definirá solo un presidente, sino qué Colombia prevalecerá: la que apuesta por la paz despite las dificultades, la que vuelve a la mano dura, o la que busca un término medio en un país donde el centro político ha desaparecido.
El fantasma de Uribe: cómo su legado divide a Colombia en estas elecciones
La sombra de Álvaro Uribe Vélez —presidente entre 2002 y 2010— planea sobre esta segunda vuelta como un recordatorio de la polarización que ha marcado a Colombia durante dos décadas. No es casualidad que los dos candidatos con más opciones, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, representen los extremos de un conflicto que tiene en Uribe a su epicentro: la lucha entre la paz negociada y la seguridad militarizada.
Uribe llegó al poder en 2002 con un discurso de “mano dura” contra las FARC, implementando la Política de Seguridad Democrática, que incluyó el controvertido programa de “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos—. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2010 se registraron 6.402 víctimas de estos crímenes, atribuidos en su mayoría a miembros del Ejército. Aunque Uribe nunca fue condenado directamente por estos hechos, su gobierno sí fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 por “tolerancia institucional” hacia estas prácticas.
El giro irónico llegó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia lo investigó por soborno y manipulación de testigos en un caso impulsado por el mismo Cepeda. Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario —una imagen simbólica: el exmandatario que promovió la extradición de narcotraficantes y guerrilleros, ahora investigado por la justicia colombiana—. Aunque el proceso sigue abierto, el daño a su legado fue irreversible. Su partido, el Centro Democrático, perdió por primera vez las elecciones presidenciales en 2022 frente a Gustavo Petro, y hoy, con Paloma Valencia como candidata, lucha por mantener relevancia en un escenario donde el uribismo ya no es la fuerza hegemónica de la derecha.
Lo paradójico es que, pese a su declive, el uribismo sigue definiendo el eje del debate. De la Espriella —quien en 2016 fue uno de los negociadores del “No” en el plebiscito por los acuerdos de paz— propone ahora desmantelar la JEP, el mismo tribunal que investiga a Uribe. Mientras, Cepeda, quien logró que la Corte reconociera a Uribe como “víctimario” en el caso de los “falsos positivos”, promete ampliar las competencias de la JEP para juzgar a militares y políticos involucrados en crímenes de lesa humanidad. La pregunta no es si Uribe está en la boleta, sino qué versión de su legado triunfará: la que apuesta por la justicia transicional o la que busca revivir su modelo de seguridad, con sus luces y sombras.
¿Un país condenado a repetir su historia?
Colombia lleva 60 años oscilando entre la negociación con las guerrillas y la represión militar. En 1984, el presidente Belisario Betancur firmó un acuerdo de paz con las FARC que fracasó; en 1998, Andrés Pastrana cedió un territorio del tamaño de Suiza para dialogar, y las FARC lo usaron para rearmarse. Uribe rompió con esa tradición y optó por la guerra. Petro, en cambio, retomó el diálogo. Ahora, con Cepeda y De la Espriella, el país enfrenta nuevamente la misma disyuntiva, pero con un agravante: la polarización ya no es ideológica, sino existencial. No se trata de elegir entre izquierda y derecha, sino entre dos visiones irreconciliables de qué significa ser colombiano en el siglo XXI. El 21 de junio no solo se definirá un presidente, sino si Colombia cierra definitivamente el ciclo uribista o, por el contrario, lo revive con otro nombre.
