Brasil sanciona norma que habilita a fuerzas de seguridad emplear criptos decomisadas
Brasil avanzó en su ofensiva contra el crimen organizado al sancionar la Ley N.º 15.358, que autoriza a los cuerpos de seguridad a destinar criptomonedas incautadas al financiamiento de sus operaciones, una jugada clave en la región con mayor adopción de activos digitales.
Claves de la norma:
- Permite decomisar criptos vinculadas a ilícitos y asignarlas, con autorización judicial, a gastos de seguridad pública.
- Los recursos podrán invertirse en reequipamiento policial, capacitación y operaciones especiales, además de fortalecer la cooperación internacional para recuperar activos.
- Surge mientras el país aún debate la creación de una reserva nacional de Bitcoin y tras recientes operaciones contra redes de lavado con cripto.
Cómo funciona el nuevo marco
Publicada este miércoles, la ley equipara a las criptomonedas con «instrumentos del delito» y habilita a los jueces a ordenar su bloqueo en exchanges cuando estén ligadas a actividades ilícitas. Una vez confiscadas, podrán ser utilizadas de forma provisional por las fuerzas de seguridad, siempre bajo supervisión judicial.
El texto amplía el alcance del decomiso: basta que el activo haya sido utilizado en el delito, aunque no fuera su destino exclusivo. Así, las autoridades podrán rastrear, congelar y reutilizar fondos digitales en investigaciones por lavado, evasión cambiaria o financiamiento criminal.
Un mercado que mira con lupa
Con más de 213 millones de habitantes y uno de los ecosistemas cripto más activos de Latinoamérica, Brasil mueve volúmenes millonarios diarios. La norma puede tener efectos domino sobre exchanges, usuarios y política fiscal, ya que convierte a los criptoactivos en una fuente potencial de recursos para el Estado.
El desafío técnico será grande: se requerirá capacidad para trazar operaciones en cadenas públicas, coordinarse con plataformas y cerrar vacíos legales que aún permiten el uso de wallets no custodiadas.
Contexto: elecciones y presión contra el lavado
La ley se firmó tras conocerse que el ministro de Hacienda, Dario Durigan, postergaría cualquier reforma fiscal sobre criptomonedas hasta después de las elecciones presidenciales de octubre. El gobierno prefirió avanzar por el flanco de seguridad pública antes que abrir un debate tributario que podría polarizar el escenario electoral.
La medida también responde a operaciones recientes como Lusocoin, desarticulada en 2025 por la Policía Federal, que movió miles de millones de reales a través de empresas fantasmas y brokers OTC. Casos así evidenciaron la necesidad de un marco ágil para congelar y reusar activos digitales.
Reserva nacional de BTC: otro frente abierto
Mientras tanto, en agosto de 2025 el Congreso retomó el debate para crear una reserva soberana de Bitcoin que podría destinar hasta el 5 % del tesoro nacional a la compra de BTC. La propuesta, que ya había sido presentada en 2024, contempla adquirir hasta 1 000 000 BTC.
Por ahora, la nueva ley se centra en el uso penal de los criptoactivos y no en su acumulación estratégica. Así, Brasil avanza por dos carriles paralelos: fortalecer la seguridad con fondos decomisados y, en paralelo, evaluar si el Bitcoin puede convertirse en un activo de reserva del Estado.
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