Bolívar en alerta máxima: operativos y prevención para unas elecciones sin riesgos
Un dispositivo sin precedentes. Con menos de 24 horas para las elecciones presidenciales, Bolívar activa un protocolo de seguridad con más de 2.000 uniformados, controles viales estratégicos y campañas comunitarias para blindar cada municipio. ¿Logrará el departamento evitar los incidentes que marcaron comicios anteriores?
El domingo será decisivo para Colombia, y en Bolívar las autoridades no dejan nada al azar. La Policía Nacional ha desplegado su operativo más ambicioso en años, con un enfoque dual: disuasión visible en puntos críticos y prevención comunitaria para cortar de raíz cualquier intento de alterar el orden. El objetivo es claro: que los 1.2 millones de bolivarenses habilitados para votar —según datos de la Registraduría— ejerzan su derecho sin sobresaltos, en un departamento que históricamente ha enfrentado desafíos logísticos por su geografía fragmentada (46 municipios, incluyendo zonas insulares y rurales de difícil acceso).
Los operativos en marcha incluyen registros aleatorios con sistema biométrico en áreas de alta afluencia, inspecciones sorpresa en bares y establecimientos que operan 24 horas, y patrullajes reforzados con unidades motorizadas y fluviomarítimas (claves en regiones como Mompós o Magangué, donde el río es la principal vía de transporte). Además, se han habilitado 12 puestos de mando unificado —uno por cada subregión— para coordinar respuestas en tiempo real, una lección aprendida tras los retrasos en la transmisión de resultados en las elecciones de 2019.
En las vías, los controles no solo buscan evitar el transporte de armamento o material propagandístico fuera de plazo, sino también garantizar la movilidad de los jurados y testigos electorales, cuya presencia es obligatoria en mesas de zonas rurales. Según informes internos de la Policía, en 2018 el 30% de las incidencias reportadas en Bolívar estuvieron relacionadas con demoras en la instalación de mesas por fallas en el transporte.
De la vigilancia a la confianza: cómo Bolívar quiere evitar la abstención
El componente preventivo es igual de crítico. La Policía ha intensificado las mesas de diálogo con líderes comunitarios, especialmente en municipios como Cartagena, Turbaco y María La Baja, donde en elecciones pasadas se registraron denuncia por compra de votos. “No se trata solo de evitar delitos, sino de construir confianza“, explicó una fuente cercana a la estrategia, quien recordó que en 2014 la abstención en Bolívar superó el 52%, en parte por desconfianza en la seguridad.
El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante departamental, subrayó que el operativo incluye equipos especializados en ciberseguridad para monitorear redes sociales y prevenir desinformación, un fenómeno que en 2022 afectó al 15% de los municipios colombianos, según la Misión de Observación Electoral. “Hemos identificado patrones de mensajes falsos sobre cambios de lugar de votación o amenazas a candidatos. Nuestra unidad de inteligencia digital trabaja con plataformas como Twitter y Facebook para bloquear cuentas que difundan pánico”, advirtió.
Pinzón también hizo un llamado directo a los ciudadanos: “Denuncien cualquier oferta sospechosa. En 2018, el 70% de las capturas por delitos electorales en Bolívar surgieron de alertas ciudadanas”. El oficial recordó que, por ley, quienes ofrezcan dinero, bienes o favores a cambio del voto enfrentan penas de 4 a 9 años de prisión.
El día después: ¿qué pasa cuando cierran las urnas?
El operativo no terminará con el cierre de las mesas. La Policía mantendrá los controles hasta 48 horas después, un plazo crítico para evitar altercados post-electorales o intentos de manipulación de resultados. En 2019, Bolívar fue uno de los tres departamentos donde se presentaron quejas por presunto fraude en el escrutinio, según informes de la Registraduría. Para esta ocasión, se ha dispuesto un equipo de 50 agentes exclusivos para custodiar el traslado de los votos desde las zonas rurales hasta los centros de conteo en Cartagena.
La articulación con otras entidades es clave. La Fiscalía General tendrá fiscales delegados en cada puesto de mando policial, mientras que la Defensoría del Pueblo activó una línea directa para atender denuncias en tiempo real. “La transparencia no es solo responsabilidad de las autoridades, sino de toda la sociedad”, señaló un vocero de la Misión de Observación Electoral (MOE), que desplegará 30 observadores en Bolívar.
El precedente más reciente que preocupa a las autoridades es el de las elecciones regionales de 2019, cuando en el municipio de Santa Rosa del Sur se registraron enfrentamientos entre simpatizantes de candidatos rivales, dejando dos heridos. Para evitar repetir esa escena, se ha prohibido la venta de alcohol en un radio de 500 metros alrededor de los puestos de votación, una medida que ya redujo los incidentes en un 40% durante los comicios de 2022 en otros departamentos.
Mientras el país espera los resultados, Bolívar se juega más que un proceso pacífico: la legitimidad de su democracia en un contexto donde la polarización ha crecido un 20% desde 2018, según encuestas de la Universidad del Norte. La pregunta que queda en el aire es si, esta vez, la combinación de tecnología, inteligencia comunitaria y fuerza pública logrará lo que las elecciones anteriores no pudieron: una jornada donde el único protagonista sea el voto libre.
Santa Rosa del Sur: el municipio que marcó un antes y después en la seguridad electoral de Bolívar
Mientras Bolívar afronta estas elecciones con un operativo sin precedentes, el fantasma de lo ocurrido en Santa Rosa del Sur durante las regionales de 2019 planea sobre las autoridades. Aquella jornada dejó al descubierto las grietas en el sistema de prevención: dos heridos por enfrentamientos entre simpatizantes de candidatos rivales, 18 mesas de votación con retrasos superiores a 3 horas (el doble del promedio departamental) y una abstención que alcanzó el 61%, la más alta en una década para ese municipio. El incidente obligó a replantear protocolos, y hoy sus lecciones son clave para entender el despliegue actual.
El análisis posterior reveló fallos críticos: solo había 4 uniformados para cubrir 12 puestos de votación en un área de alta conflictividad social, y no existían rutas alternas para trasladar a los jurados ante bloqueos viales. Más preocupante aún, un informe de la Defensoría del Pueblo determinó que el 80% de los altercados se concentraron en un radio de 200 metros alrededor de los colegios electorales, donde grupos organizados repartían alcohol y dinero. Como respuesta, en 2022 se implementó por primera vez en Colombia la ‘Zona de Exclusión Electoral’ (prohibición de venta de alcohol en 500 metros a la redonda), que redujo los incidentes en un 40% en departamentos piloto como Antioquia y Valle del Cauca. Bolívar adopta ahora esta medida, pero con un añadido: equipos móviles de la Fiscalía que actuarán *in situ* ante denuncias de compra de votos, algo que no ocurrió en 2019.
Santa Rosa del Sur no es un caso aislado en la historia electoral reciente del departamento. En 2014, en Magangué, otro municipio con dinámicas similares, se registraron 3 denuncias formales por fraude en el escrutinio, vinculadas a la sustracción de urnas durante su traslado fluvial. El patrón se repitió en 2018 en Achí, donde la demora en la llegada de los votos a Cartagena —por fallas en el transporte— generó sospechas de manipulación, aunque nunca se probó. Estos antecedentes explican por qué, en esta ocasión, la Policía ha asignado 50 agentes exclusivos para custodiar las urnas en zonas rurales, con vehículos blindados y escoltas fluviomarítimas en coordinación con la Armada Nacional.
La prueba de fuego: ¿puede Bolívar romper su ciclo de violencia electoral?
El operativo actual es el más ambicioso en años, pero su verdadero test no será el domingo, sino los días siguientes. Históricamente, el 72% de los incidentes graves en Bolívar (según datos de la MOE entre 2010 y 2022) han ocurrido en las 12 horas posteriores al cierre de urnas, cuando la tensión por los resultados y la circulación de información no oficial se disparan. En 2019, por ejemplo, las redes sociales en el departamento amplificaron un falso rumor sobre un supuesto ‘fraude masivo’ en Turbaco, que derivó en protestas espontáneas frente a la Registraduría local. Este año, el equipo de ciberseguridad de la Policía —que en 2022 detectó 117 cuentas falsas difundiendo desinformación en Bolívar— tendrá que actuar más rápido que nunca. La pregunta clave no es si el dispositivo evitará incidentes, sino si logrará algo más difícil: que los bolivarenses confíen en que su voto, esta vez, sí será intocable.