En casi todos los botiquines de España hay tiritas, paracetamol y algún antiinflamatorio. Si en casa vive un alérgico al polen, además, en estas fechas no suelen faltar los antihistamínicos. Y muchas veces, sepultadas bajo cajas y cajas de otros medicamentos, reposan las pastillas sobrantes del antibiótico que el médico recetó al último miembro de la familia víctima de una infección. La escena tiene algo de hogareña, pero también de aterradora si se tiene en cuenta que el mal uso de los antibióticos genera superbacterias, esos seres microscópicos inmunes a la mayoría de los fármacos disponibles que causan 24.000 muertes al año solo en España. “Los antibióticos sobrantes en los hogares facilitan la automedicación y esta favorece las resistencias bacterianas porque los medicamentos se usan sin indicación médica, en dosis incorrectas y por tiempo inadecuado”, defiende un documento de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

Este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, ultima ahora una medida drástica para hacer frente al problema: eliminar de las farmacias las cajas más grandes de muchos de los antibióticos más vendidos, aquellas que contienen más pastillas o sobres de los necesarios para completar los tratamientos recetados por los médicos. “Este desajuste entre formatos comerciales y pautas terapéuticas constituye un factor determinante en la generación de antibióticos sobrantes, lo que alimenta directamente el ciclo de resistencias antimicrobianas”, puede leerse en el documento que expone la necesidad de adoptar la decisión y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La medida es fruto de meses de deliberaciones entre la AEMPS, sociedades científicas, colegios profesionales y patronales del sector —entre otros actores— en el grupo de trabajo para la adecuación de formatos de antibióticos. La nueva estrategia será comunicada ahora a los profesionales sanitarios y empresas farmacéuticas, que tendrán un año de transición para completar su desarrollo.

Un caso destacado es el de la amoxicilina, el antibiótico más utilizado en España y que está indicado para infecciones respiratorias y dentales, entre otras. Serán retiradas del mercado todas las presentaciones de 30 dosis, de las que actualmente se venden 5,01 millones al año con la molécula sola y otras 3,5 millones en combinación con el ácido clavulánico, según los datos ofrecidos por la consultora especializada en el sector farmacéutico IQVIA (ver gráfico). En su lugar, se promoverá el uso de las cajas de 20 dosis.

“Esta adaptación de formatos tiene un impacto directo y medible en la reducción de antibióticos sobrantes. El ejemplo más claro es la amoxicilina y amoxicilina/clavulánico: para una pauta de 21 comprimidos (cada ocho horas durante siete días), actualmente se dispensan 30 comprimidos, sobrando nueve unidades por paciente. Con la supresión del formato de 30 y el mantenimiento del de 20, el sobrante se reduce a 0 comprimidos, con impacto clínico mínimo [se elimina una toma el séptimo día de tratamiento], pero beneficios en resistencia potencialmente muy significativos”, expone el documento del grupo de trabajo liderado por la AEMPS.

En total, serán eliminados del mercado una quincena de formatos, pero si se tiene en cuenta la existencia de presentaciones en comprimidos, cápsulas, sobres y en suspensión oral, además de todas las marcas y fabricantes, en la práctica la medida provocará la desaparición de cientos de medicamentos de las estanterías de las farmacias, lo que equivale a unas ventas globales de casi 10 millones de cajas anuales que pasarán a ofrecerse en formatos más reducidos.

Además de las amoxicilinas de 30 pastillas o sobres, también serán retiradas las cajas de 40 dosis de fenoximetilpenicilina y cloxacilina, usados principalmente para hacer frente a algunas infecciones respiratorias. Igualmente, dejarán de venderse las presentaciones de 20 unidades de cefuroxima (infecciones respiratorias, de la piel y urinarias), de 21 de cefixima (otitis, cistitis, bronquitis…). Por último, también serán retiradas dos presentaciones de fosfomicina, un antibiótico muy utilizado en las infecciones urinarias: la caja de dos dosis de 3 gramos (solo hace falta una dosis) y la de 12 de 500 miligramos.

José Miguel Cisneros, miembro del grupo de trabajo en representación de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), destaca la importancia de las investigaciones que han llevado a esta medida: “Los ensayos clínicos hechos en su día primaban demostrar que los antibióticos eran eficaces y esto llevó a unos tratamientos que tendían a ser largos. No ha sido hasta los últimos años, con el problema de la resistencia cada vez más acuciante, que el foco se ha trasladado a la duración óptima de los tratamientos. Esto ha permitido generar mucha evidencia que demuestra que a menudo los más cortos son igual de seguros y eficaces”.

Un ejemplo que pone este experto es el de la neumonía adquirida en comunidad (no en pacientes hospitalizados con respiración asistida): “Cuando yo estudiaba, el tratamiento indicado era de 14 días. Los ensayos ahora han demostrado que, con siete días, es suficiente y, en algunos casos, incluso pueden ser aún más reducidos”.

El documento de la AEMPS destaca que “en los últimos 10 años se ha generado nueva evidencia científica sobre la duración óptima de los tratamientos”, lo que ha hecho que algunos formatos “hayan quedado obsoletos”. La nueva evidencia, sigue el texto, “respalda el acortamiento de los tratamientos con antibióticos, lo que ha sido incorporado a la Guía terapéutica del Sistema Nacional de Salud”, que deben seguir los profesionales de la sanidad pública.

La retirada de todos estos medicamentos ha dejado en evidencia, en algunos casos, que faltan otros —una decena en total— que puedan sustituirlos. “Se han detectado algunos tamaños de envase de algunos antibióticos que no están actualmente autorizados y/o comercializados, y que son de gran interés para la salud pública”, destaca la AEMPS, que ha requerido a las empresas del sector “que soliciten la autorización para los nuevos formatos”.

Una de las cuestiones que más se ha debatido en el seno del grupo de trabajo ha sido la posibilidad de adoptar un cambio aún más radical en la dispensación de los antibióticos. Sería, como se hace desde hace décadas en otros países europeos, la adopción de un formato “unidosis” por el que los médicos recetarían las pastillas justas que necesita cada paciente y las farmacias las darían de forma individualizada y no con cajas cerradas provenientes de fábrica.

Aunque en el grupo de trabajo liderado por la AEMPS “los expertos resaltaron que permitir la dispensación en unidosis en las farmacias podría suponer una mejora significativa, ya que facilitaría la adecuación exacta de la cantidad de medicamento a las necesidades de cada paciente”, la propuesta ha sido finalmente considerada “inviable” por las autoridades sanitarias.

Una primera razón es que, “aunque esta opción puede aportar ventajas clínicas, también implica un aumento del uso de papel y plástico para el envasado, lo que podría repercutir negativamente en el medio ambiente y debería considerarse cuidadosamente su huella ecológica”.

Lo más importante, sin embargo, es que el sistema de unidosis necesitaría “reformas de gran calado en la regulación y el modelo de prestación farmacéutica financiada” por la sanidad pública. Una de las cosas que deberían hacerse, por ejemplo, sería “rediseñar los sistemas de prescripción y receta oficial del Sistema Nacional de Salud”. El cambio, entre muchas otras medidas, “también implicaría reconfigurar el modelo de financiación y aportación del usuario” al comprar los medicamentos en las farmacias, “actualmente regulado sobre la base del precio por envase completo y porcentajes de copago vinculados a la renta y situación del paciente”.

“Por último, y no por ello menos importante”, concluye el documento de la AEMPS para descartar por ahora la medida, “el tránsito a un sistema de unidosis requeriría cambios culturales y organizativos en todos los agentes implicados, desde los profesionales prescriptores, farmacéuticos, pacientes y las propias administraciones sanitarias”.

El colesterol, dicho así, alto o bajo, es uno de los parámetros de salud más extendidos en el imaginario popular. Como toda simplificación, está sujeta a muchos matices: lo hay de varios tipos, su presencia en el organismo es necesaria, hasta un punto, y se puede medir de formas diversas. Una de ellas, a través de la lipoproteína A, es un valioso marcador de riesgo cardiovascular. En marzo, las sociedades médicas de Estados Unidos se sumaron al consenso que había entre las europeas: todo el mundo debería medírsela al menos una vez en la vida. Pero en el sistema sanitario español esto está muy lejos de ser así.

La presencia de esta grasa concreta —conocida también como Lp(a)— depende casi por completo de un factor genético y los estudios muestran que en Europa un 20% de la población la tiene por encima de los niveles recomendables. Hay personas que pueden tenerla alta aunque el resto de marcadores de colesterol estén en orden y, aun así, arrastrar un riesgo considerablemente mayor de infarto, ictus o calcificación de la válvula aórtica.

¿Por qué entonces sigue siendo una prueba casi exótica en el sistema público? Su disponibilidad depende del hospital, del laboratorio, de la comunidad autónoma e incluso, a veces, de los conocimientos del médico de turno, que no siempre sabe interpretar la presencia de la Lp(a) en la sangre. Este desconocimiento seguramente se debe, en parte, a que no existe hoy por hoy un tratamiento específico dirigido a rebajarla.

Daniel Escribano, especialista en dislipemias de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), lamenta que hay mucha heterogeneidad. “Depende de las gerencias, del acuerdo con el hospital de referencia, de la implicación y del interés que tengan determinados servicios”, explica. Cardiología, endocrinología, las unidades de lípidos o algunos médicos referentes de Atención Primaria pueden empujar para que la prueba se pida; en otros sitios ni siquiera está incorporada al sistema. Esto, en la práctica, significa que el acceso del paciente a una prueba recomendada por guías internacionales depende demasiado del código postal y del circuito local.

Escribano, sin embargo, introduce un matiz relevante sobre la idea de pedirla “a todo el mundo”. No cuestiona que “la evidencia va por ahí” ni que la solicitud “al menos una vez en la vida” tenga respaldo creciente. Lo que pone sobre la mesa es el criterio de eficiencia. “En medicina hemos aprendido que una pregunta no se responde con ‘siempre’ o ‘nunca”, dice. Su cuestionamiento se centra en la costo-efectividad: es una prueba sustancialmente más cara que la del colesterol convencional (se puede realizar en análisis de sangre privados) y, si no existen alternativas terapéuticas específicas disponibles en la consulta cotidiana, quizá tiene sentido focalizarla en aquellos pacientes cuyo riesgo es más dudoso.

Pone un ejemplo: “En una persona joven, deportista, que come bien, con LDL de 140, a lo mejor no te aporta nada, porque incluso si tiene la Lp(a) alta, no puedes hacer mucho más”. En cambio, en un paciente con riesgo moderado, en quien no está claro si conviene intensificar el tratamiento, la Lp(a) puede inclinar la balanza, porque aunque no haya un tratamiento específico, sí puede tener sentido reforzar los demás, mantener otros niveles a raya, o insistir (más si cabe) en mejorar el estilo de vida.

Rodrigo Alonso, médico nutricionista especializado en metabolismo lipídico, obesidad y riesgo cardiovascular, incide en esa idea: “Hay algún estudio que ha demostrado que con Lp(a) alta, si manejas la diabetes, la presión, el peso, el LDL, le bajas prácticamente un 60% el riesgo”, explica. Ese es el mensaje clínico de fondo: si aparece elevada, no se trata de alarmar al paciente, sino de actuar con más precisión y más intensidad sobre todo lo que sí se puede modificar.

En su opinión, lo ideal sería hacer caso a las recomendaciones y que en el primer análisis de sangre de la vida adulta se midiera la lipoproteína A. “Lo que han tratado de hacer [las guías estadounidenses y europeas] es simplificar el mensaje y decir: mire, ¿sabe qué? Que toda persona adulta conozca su nivel de Lp(a) al menos una vez”. Antes, recuerda, la indicación quedaba más restringida: pacientes con eventos cardiovasculares prematuros, recurrencias, ictus en gente joven, hipercolesterolemia familiar o antecedentes familiares marcados.

Ana Moyá, experta en dislipemias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), cree que es importante conocerla en pacientes de riesgo, ya que si se le suma una Lp(a), puede que sea todavía mayor. “Es muy compleja y más dañina que LDL, seis veces más aterogénica. Si el paciente tiene tratamiento y muestra niveles altos, se reclasifica en nivel superior y establece estrategia para que no avance”, explica.

La recomendación de medirla “al menos una vez” tiene precisamente que ver con esa base genética y con su relativa estabilidad en toda la vida, ya que su valor se mantiene estable. Moyá introduce aquí un matiz: “Existe un pequeño margen de variación, del 5% al 10%, y que en las mujeres pueden producirse cambios a lo largo de las distintas etapas hormonales —menarquia, embarazos, menopausia—, con ascensos de hasta un 22% dentro de esa variabilidad”.

Pero, de nuevo, el problema no está tanto en la recomendación como en su aterrizaje. “No todos los hospitales tienen la técnica y muchos médicos de familia no sabemos qué hacer con el valor que nos dé la prueba”, reconoce Moyá. Escribano, que va dando formaciones a colegas por toda España, también ha notado que esta falta de conocimiento está bastante generalizada. “Para los médicos de familia es difícil estar a la última de todo”, justifica, aunque añade que las recomendaciones de medir la Lp(a) ya llevan años en vigor en Europa. Y ese desconocimiento crea una escena cada vez más frecuente: pacientes que acceden a la prueba por su cuenta, descubren una cifra alta y vuelven a la consulta con una pregunta lógica y desarmante. “¿Y ahora qué hago?”

Los especialistas esperan que en pocos años, incluso en 2027, pueda haber medicamentos efectivos en el mercado. Hay resultados clínicos que muestran una reducción de entre el 80% y el 90%. Pero esa promesa todavía tiene que cumplirse, pasar por las agencias reguladoras y que los sistemas sanitarios analicen los costes de implementarlo.

Mientras tanto, los inhibidores de PCSK9, que se usan para la hipercolesterolemia familiar o la enfermedad cardiovascular establecida con objetivos de LDL no alcanzados, pueden reducir algo la Lp(a), en torno a un 20% o un 25%, pero no están indicados expresamente para ella. En algunos pacientes suponen un beneficio adicional, pero no una respuesta específica.

La discusión de fondo, por tanto, no es si existe ya una bala terapéutica: hoy no. La cuestión es si merece la pena conocer un factor de riesgo hereditario, relativamente frecuente y causal, aunque todavía no pueda atacarse de frente. Y ahí el consenso parece cada vez más amplio.

Una mañana, mientras caminaba por la plaza Vella de Terrassa (Barcelona), el mundo empezó a tambalearse alrededor de Josep María Martínez. “Me desperté en el hospital y no reconocía a nadie, ni siquiera a mi marido o a mi hijo”, recuerda. Tenía 49 años y sobrepeso —mide 1,70 metros y pesaba 115 kilos—, aunque tampoco le daba demasiada importancia ni creía tener mala salud. “Pero me diagnosticaron cirrosis. Había tantas cicatrices en mi hígado que ya no podía filtrar bien las toxinas. Algunas de ellas se acumularon en el cerebro y pasó lo que pasó”, recuerda.

Un trasplante de hígado le salvó la vida. Hoy tiene 60 años y cada semana hace senderismo y sale a correr. “Ahora me encuentro en plena forma. Pero lo más chocante de entonces es que nunca me había encontrado mal ni dolido nada hasta el día que ocurrió todo eso”, explica el paciente, que hoy preside la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cataluña y es vicepresidente de la federación nacional que agrupa a estas entidades autonómicas.

El caso describe bien una realidad poco conocida sobre la prevalencia de la fibrosis hepática, cuya magnitud empieza a aflorar. El Proyecto LiverScreen, el mayor estudio europeo realizado sobre la dolencia —30.000 participantes en nueve países—, revela ahora que el 1,6% de la población mayor de 40 años (una de cada 60 personas) la sufre sin saberlo.

La fibrosis se produce cuando el hígado ya no es capaz de reparar las lesiones producidas por el mal estilo de vida (dieta, alcohol, sedentarismo…), y estas se convierten en cicatrices que le impiden funcionar adecuadamente. La posibilidad de padecerla es mayor si el paciente sufre factores de riesgo bien conocidos como obesidad, diabetes e hipertensión, entre otros. Y la fibrosis es un paso clave hacia complicaciones muy graves como la cirrosis y el cáncer de hígado, asociados a una elevada mortalidad. Cada año fallecen en España unas 12.000 personas por enfermedades hepáticas.

“El estudio es importante por dos razones. Primero, porque revela la elevada prevalencia, hasta ahora desconocida, de una dolencia en la que la arquitectura del hígado ya está alterada. Y segundo, porque el objetivo del proyecto es detectar a los pacientes antes de que desarrollen síntomas, en atención primaria. Esto nos permite intervenir para evitar que la enfermedad hepática avance [como en el caso de Josep Maria Martínez] y requiera hospitalizaciones con pronósticos delicados y tratamientos muy complejos”, destaca Rafael Bañares, catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).

Los resultados del estudio, que serán publicados en breve en una revista científica de alto impacto, han sido avanzados en el reciente congreso de la AEEH, celebrado recientemente en Madrid. Pere Ginés, investigador principal y consultor senior en Hepatología del Hospital Clínic (Barcelona), resalta el gran adelanto que supone el diagnóstico precoz.

“La enfermedad hepática se desarrolla muy lentamente, incluso durante 25 o 30 años. El paciente no irá al médico porque no tiene síntomas y los análisis habituales muchas veces tampoco la detectan. La gran novedad del nuevo enfoque es que ahora la podemos detectar en fases iniciales. Esto nos permite identificar la causa, tratarla y prevenir el avance hacia cirrosis o cáncer de hígado. El origen puede ser la mala dieta, el consumo de alcohol, el sedentarismo…, pero en ese punto aún estamos a tiempo de prevenirlo”, expone Ginés.

Rosario Hernández participa en el proyecto como médico de familia en el centro de salud La Marina (Barcelona). Si el objetivo final de LiverScreen es diagnosticar a los pacientes asintomáticos muchos años antes de que los daños en el hígado sean irreversibles, el papel de la atención primaria es primordial. “Proponemos a los pacientes mayores de 40 años a los que su médico ha solicitado un análisis de sangre si quieren participar en el estudio. Con ellos, utilizamos una ecuación que tiene en cuenta la edad, sexo y los resultados del análisis en glucosa, plaquetas y tres enzimas hepáticas (AST, ALT y GGT)”, explica.

Los resultados de esta fórmula, simple de utilizar y efectiva, son unos indicadores mucho más fiables sobre la fibrosis que las transaminasas solas (la ALT y la AST), el modo más utilizado para vigilar la salud del hígado. Las transaminasas, explican los expertos, “no son un buen biomarcador en relación a la fibrosis, ya que tenerlas un poco elevadas no indica necesariamente que exista la dolencia, ni tenerlas normales permite descartarla”.

Unos resultados de la ecuación (llamada Risk Score) alterados sí muestran que existe riesgo de fibrosis. Para confirmarlo o descartarlo, los pacientes son sometidos a una prueba no invasiva llamada “elastografía de transición” —más conocida por la marca comercial FibroScan—, similar a una ecografía y que mide la rigidez causada por las cicatrices.

“Hay pacientes a los que diagnosticamos fibrosis en el estudio y lo podías sospechar por lo que conoces de ellos. Pero en otros no, y te llevas una sorpresa. Por esto es importante este trabajo desde primaria, porque permite un diagnóstico precoz”, afirma Rosario Hernández, también miembro del grupo de estudio de hígado graso metabólico de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia y Comunitaria (CAMFiC).

La presencia de fibrosis en el hígado se mide en una escala que va de F0 —ausencia de cicatrices— a F4, que es cuando la cirrosis ya se ha desarrollado. Los grados que van de 1 a 3 se consideran leve, moderada y avanzada, respectivamente, y son el objetivo del programa LiverScreen para prevenir que el paciente llegue a desarrollar cirrosis.

La historia del proyecto se remonta a un congreso europeo de hepatología celebrado en Barcelona hace una década. “Nos reunimos un grupo de investigadores europeos y decidimos formar un equipo que trabajara en la posibilidad de desarrollar el diagnóstico precoz de la enfermedad hepática crónica en fase silente asintomática”, recuerda Pere Ginés.

Una pandemia y varios impulsos y parones más tarde, LiverScreen es hoy una realidad. “Su fortaleza es el gran número de pacientes participantes, más de 30.000 de nueve países [Alemania, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido], que representan las distintas realidades existentes en Europa”, indica este especialista.

El presidente de la AEEH, por su parte, incide en la importancia de involucrar a la atención primaria en la detección precoz de las enfermedades hepáticas, lo que permitiría su atención temprana y la prevención de muchos casos de cirrosis y cáncer de hígado. “Todo el mundo tiene asumido que vas al médico de familia y te puede encargar pruebas y hacer el control del corazón y la circulación, entre muchas otras dolencias. Pero no ocurre lo mismo con el hígado. Y este es un objetivo que debe ser prioritario si tenemos en cuenta la enorme carga de la enfermedad y su impacto social”, concluye Rafael Bañares, que ejerce de especialista en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid).

Cuando el escándalo de los cribados estalló en octubre de 2025 y se descubrió que la sanidad pública andaluza había dejado desatendidas a 2.317 mujeres que necesitaban una prueba para aclarar si sufrían cáncer de mama, solo un restringido grupo de personas sabía que todo pudo haberse evitado gracias a un documento. Se trataba de un plan, desvelado por EL PAÍS el pasado viernes y propuesto en 2023 por los radiólogos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla —de referencia para más del 90% de las afectadas—, que alertaba de los retrasos que acumulaban las pruebas diagnósticas y proponía medidas concretas para reducirlos. “Todo fue rechazado. La respuesta fue que no había recursos ni se podían hacer contratos”, lamentan ahora fuentes del centro.

No fue el único ni el último aviso de alerta desatendido por los responsables sanitarios de la Junta, confirman a este diario fuentes del centro sanitario. Hace casi un año, en abril de 2025, los responsables del servicio de Radiodiagnóstico volvieron a advertir a sus superiores de las demoras y reclamaron —otra vez sin éxito— una solución a la escasez crónica de personal. El problema seguía siendo el mismo: las bajas laborales no se cubrían por los recortes, pero con el paso del tiempo aumentaba el impacto global sobre la asistencia.

Entre enero y octubre de 2025, detallan estas fuentes, el hospital Virgen del Rocío dejó de hacer 20.400 ecografías, 12.100 TAC, 10.100 resonancias magnéticas y 6.400 mamografías por los vacíos que dejaban en su plantilla los radiólogos inactivos. En la mayoría de los casos la razón eran permisos de maternidad o paternidad y reducciones de jornada relacionadas por motivos familiares o profesionales.

Estos datos fueron recopilados en una hoja de Excel abierta en enero de 2025 por el jefe del servicio, Javier Castell, con el objetivo de monitorizar la disponibilidad de personal y estimar el impacto que las bajas tenían sobre la actividad asistencial. Los datos llegan hasta el 21 de octubre, fecha de su cese.

“En el mes de abril, Castell envió a la gerencia del hospital los datos acumulados a esas alturas del año porque la tendencia era preocupante. Pero no hubo ningún cambio y las pruebas sin hacer siguieron creciendo”, explican fuentes del centro sanitario. El mensaje repetido en las reuniones en las que se trató este tema fue similar al de 2023: “Los servicios centrales no autorizan. Los servicios centrales no lo han admitido… Las frases eran siempre muy parecidas”, añaden estas fuentes en referencia a la negativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de flexibilizar los recortes en gastos de personal impuestos al centro. El hospital ha declinado ofrecer su versión de los hechos.

La Junta de Andalucía aplicó el año pasado un duro recorte en los gastos de personal en los grandes hospitales de la región que ascendió a 91 millones de euros. El Virgen del Rocío fue de los más castigados, con un tijeretazo que superó los 25 millones de euros (el 7,15% menos que en 2024). Según datos internos del hospital, la partida destinada a contratar “personal sustituto” fue precisamente la que sufrió con más rigor los recortes. Solo en los cinco primeros meses de 2025, en los que se estaba gestando la crisis y cuando Castell envió el Excel a la gerencia, el centro ahorró más de cuatro millones de euros por este concepto, un descenso de casi el 30% respecto a lo gastado en 2024.

En el caso de los cribados, la menor actividad en Radiodiagnóstico se traducía en retrasos para que las mujeres con un resultado no concluyente en la primera mamografía fueran citadas para una prueba de control —ecografía o segunda mamografía, según el caso— que lo aclarara. Las demoras llegaron a tal punto que desbordaron a los programas de cribado: en lugar de los tres meses habituales, las citas se llegaron a retrasar más de un año. Como los protocolos no preveían avisos por estas demoras, algunas pacientes descubrieron finalmente con estupor —la cifra exacta no ha sido hecha pública— que tenían un tumor. Hasta ese momento, sin embargo, estas mujeres pensaban que la falta de noticias era una buena noticia. “Todas pensábamos que, si no te decían nada, podías estar tranquila porque eso significaba que los resultados habían salido bien”, explica una trabajadora del Virgen del Rocío.

Dentro del servicio de Radiodiagnóstico, la unidad de mama es una de las que más problemas de personal han sufrido en los últimos tres años. En 2023, cuando sus responsables remitieron el plan de choque que fue ignorado, tenía seis radiólogos en plantilla, aunque uno de ellos estaba a punto de jubilarse. A principios de 2025, la unidad estaba dotada solo con cinco especialistas (en realidad eran seis, pero dos de ellos trabajaban media jornada).

“Durante 2024 y 2025 hay hasta cuatro bajas de varios meses de duración por cuestiones familiares que se dejan sin cubrir. Con una plantilla tan ajustada, el impacto sobre la capacidad de realizar las pruebas necesarias es enorme”, explican fuentes del centro.

Tras el estallido de la crisis y los esfuerzos de la Junta para hacer frente al escándalo, la unidad de mama sí ha sido reforzada. Inicialmente fue contratada una radióloga a media jornada y posteriormente dos especialistas más, uno a finales de 2025 y otro a principios de este año. En total, estos incrementos aumentaron la plantilla de radiólogos disponibles hasta 7,5.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha reconocido que los fallos en los cribados fueron un “error imperdonable”, pero insiste en dar por concluida la crisis después de que las medidas de urgencia adoptadas permitieran tener todas las pruebas de control pendientes hechas el pasado 30 de noviembre. La Junta ha eludido en los últimos días comentar el plan de choque propuesto en 2023 por el servicio de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío y ha seguido apuntando a Castell como uno de los grandes responsables de lo ocurrido. Paradójicamente, la forma de salir de la crisis ha pasado por la contratación de más radiólogos, lo mismo que el exjefe del servicio había pedido sin éxito desde al menos 2023.

En el Ejecutivo autónomo son conscientes de que los avisos sobre las graves demoras no llegaron hasta los estratos políticos más altos y por eso ponen el foco en las medidas que se han adoptado para paliar las consecuencias, sin ser claros con las causas. “Claramente hubo un problema de falta de información y se resolvió”, sostuvo el pasado viernes el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. El dirigente popular insistió en “hablar del futuro”, que pasa por el refuerzo de todos los programas de cribados de la Junta, en el que se han invertido 110 millones de euros para incorporar a 705 profesionales (586 para los colon y cérvix y 119 para el de cáncer de mama) de los que el 70% ya ha sido contratado, aseguró Sanz.

El año 2025 ha sido muy problemático para la gestión del Virgen del Rocío, que además de la crisis de los cribados ha incurrido en otro fallo de calado: los retrasos sufridos por una veintena de enfermos de cáncer para recibir una innovadora terapia CAR-T. En este caso, fue el jefe de servicio de Hematología del cetro, José Antonio Pérez Simón, el que alertó en tres informes de que “la demora de la disponibilidad del tratamiento está teniendo ya un impacto negativo en sus expectativas de respuesta a la terapia [de los pacientes] y, por lo tanto, en su supervivencia”. Una investigación de EL PAÍS desveló posteriormente que el Virgen del Rocío tardó el doble que el resto de grandes hospitales españoles en administrar a sus pacientes la terapia después de que esta fuera incorporada a la sanidad pública.

Todo el mundo entiende que el alcohol tiene efectos nocivos y asume que debe estar prohibido para menores de 18 años. Sin embargo, no son tan conocidos los problemas que pueden causar las bebidas energéticas —insomnio, ansiedad, taquicardia—, a pesar de que su uso está extendido entre los jóvenes: según la Encuesta Estudes 2025 del Ministerio de Sanidad, un 38,4% de los estudiantes de 14 a 18 años reconocieron haber consumido este tipo de bebidas en el último mes. En ese contexto, el Ministerio de Consumo ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años. Una prohibición que se ampliará a los menores de 18 en el caso de las bebidas que tienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Así lo ha explicado el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, antes de reunirse en Barcelona con representantes de la Gasol Foundation, que combate la obesidad infantil. “Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes”, ha señalado.

El ministro no ha adelantado qué forma tendrá la futura prohibición, aunque sí ha recalcado que la medida cuenta con un amplio apoyo social, como lo demostró el reciente barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), según el cual nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con restringir su consumo a menores. Y ha destacado que en este dato se incluye un apoyo también muy alto de los jóvenes, un 88,3% de los encuestados entre 18 y 35 años apoyan prohibir las bebidas energéticas. Por eso, cree que “es una medida a la que dificilmente nadie podrá oponerse”.

Las cifras de la Aesan muestran que un 25% de la población española consume bebidas energéticas, con una media de 2,1 veces a la semana. Casi la mitad (49%) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47% las mezclan regularmente con alcohol, una práctica muy peligrosa.

Para ver datos en menores hay que ir a la Encuesta Estudes, publicada el pasado noviembre: casi cuatro de cada diez estudiantes de 14 a 18 años han consumido este tipo de bebidas en el último mes, siendo mayor la prevalencia de consumo entre los chicos (45,7%) que entre las chicas (31,0%). El grupo que más las toma son los varones de 16 años (48,3%), 17 (49,1%) y 18 (51,6%). En cuanto a la peligrosa práctica de mezclar bebidas energéticas con alcohol, el 15,2% de los estudiantes de 14 a 18 años ha consumido esta combinación de bebidas en los últimos 30 días, con más hombres (17,5%) que mujeres (12,8%).

Mientras, la consultora Circana señaló hace unos días que en 2025 los españoles compraron 105 millones de litros de estas bebidas, un 13,7% más que hace un año, un aumento que en los últimos cuatro años asciende al 38,7%. Las ventas del año pasado rozaron los 300 millones de euros.

El ministerio señala que la futura prohibición va en línea con las medidas que están adoptando países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania; y con normativa que han elaborado algunos gobiernos autonómicos como los de la Xunta de Galicia (PP), que ya prohíbe su venta y consumo para menores, y el del Principado de Asturias (PSOE), que planea hacerlo. Para el titular de Consumo, estas primeras restricciones refuerzan la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal y favorecer la unidad de mercado.

Efectos fisiológicos no deseados

El departamento de Bustinduy ya prohibió el año pasado la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España con el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Además, la Aesan elaboró un informe en 2021 en el que señalaba que un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados que van desde la alteración del sueño (tanto en el tiempo necesario para conciliar como en su duración) hasta efectos psicológicos y alteración del comportamiento, así como trastornos cardiovasculares.

De hecho, la literatura científica ha constatado que el alto contenido en cafeína y azúcar de este tipo de bebidas pueden generar problemas como taquicardias, arritmias, ansiedad, hipertensión, deshidratación, insomnio y, en casos extremos, convulsiones o infartos. Además, su consumo habitual se asocia a obesidad y diabetes tipo 2, y su mezcla con alcohol potencia riesgos de intoxicación etílica. Por eso, la propia Aesan recomienda desde 2024 que los menores no consuman este tipo de bebidas.

Jesús Francisco García-Gavilán, investigador en alimentación de la Universitat Rovira i Virgili, ha explicado al portal Science Media Centre (SCM España): “Durante la adolescencia, el cerebro atraviesa una fase crítica de desarrollo en el que la ingesta de altas dosis de cafeína no solo altera de forma significativa la calidad y duración del sueño y el sistema de recompensa dopaminérgico, sino que además incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes a presentar alteraciones en la consolidación de la memoria, problemas de ansiedad, síntomas depresivos e incluso un mayor riesgo de desarrollar conductas adictivas en el futuro”. Además, “otra consecuencia es el aumento de las consultas pediátricas por taquicardias, arritmias, síncopes y picos hipertensivos, eventos que antes eran excepcionales”.

Mientras, Javier Sánchez Perona, del Instituto de la Grasa-CSIC, ha señalado a SMC España: “La denominación de ‘bebida energética’ puede dar lugar a confusión, ya que se puede pensar que proporcionan energía. El peligro es que se sustituyan comidas importantes del día, como es el desayuno, por este tipo de bebidas, provocando un riesgo de déficit de energía y nutrientes”.

Publicidad de alimentos no saludables

En paralelo a esta medida, Bustinduy ha recordado que desde Consumo se pretende restringir la publicidad de alimentos no saludables destinada a menores, una regulación del sector que la industria alimentaria —con el apoyo del Ministerio de Agricultura— consiguió parar en la anterior legislatura. “Son anuncios nocivos para su salud”, ha dicho el ministro.

El barómetro de la Aesan refleja también un amplio respaldo social a la necesidad de proteger la salud infantil ante prácticas publicitarias que fomentan el consumo de alimentos y bebidas con un perfil nutricional no saludable. Por ejemplo, casi el 80% de la población cree que habría que prohibir la publicidad de alimentos no saludables a menores. Y esto se suma o otros datos, preocupantes en palabras del ministro, como el de que en España cada niño reciba más de 4.000 anuncios publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión, lo que significa que recibe casi 11 anuncios de este tipo al día, 30 si se agregan otros canales de comunicación.

Bustinduy ha remarcado la importancia de proteger a la población infantil y adolescente de este tipo de anuncios y de que, de esta manera, nuestro país de un paso más para sumarse a las recomendaciones de organismos sanitarios como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Aesan, que recalcan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional como una de las claves para atajar la obesidad infantil. Países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia ya han adoptado medidas similares.