El eco de las balas y los gritos de las protestas de 2014 y 2017 en Venezuela siempre tuvieron un responsable oculto. Hoy, gracias a la filtración de su declaración, ese secreto a voces se ha convertido en una confesión formal desde las entrañas del poder. El exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) no solo ha confirmado la existencia de una maquinaria represiva de Estado, sino que ha señalado directamente a Nicolás Maduro como el cerebro que movía los hilos para aplastar cualquier atisbo de disidencia.

La ingeniería del terror: control formal e informal

En los audios revelados por el periodista David Placer y difundidos masivamente, Carvajal describe con lujo de detalles lo que él denomina la “doble estructura” de control social implementada por el chavismo. Lejos de ser simples excesos de cuerpos de seguridad aislados, la represión respondía a un plan meticulosamente orquestado desde el Palacio de Miraflores.

Por un lado, existía el “control formal”: el rostro visible de la represión, con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desplegadas para “garantizar el orden público”. Sin embargo, Carvajal es tajante al afirmar que “quien decide todo es Nicolás Maduro”. El entonces presidente mantenía comunicación directa con los mandos policiales y militares para redireccionar las acciones, asegurándose de que la fuerza bruta fuera la única respuesta posible ante las demandas ciudadanas.

Pero el testimonio se vuelve aún más sombrío al describir el segundo engranaje: el “control informal”. Según el exgeneral, este operaba “al margen de la ley” y era ejecutado por “organizaciones criminales paraestatales o paramilitares”, conocidas como “colectivos”. Estos grupos armados, financiados y protegidos desde el poder, tenían la misión de sembrar el terror, infiltrar las manifestaciones y ejecutar la violencia más sucia, aquella que permitía al Estado mantener las manos aparentemente limpias mientras la sangre corría por las calles.

Desde una perspectiva analítica, lo que esto revela es un patrón de gobernanza donde el Estado delega la violencia extrema a actores no estatales para preservar una fachada de legalidad. La pregunta clave ahora es cómo responderá la justicia internacional ante esta sistematización del terror.

La frase que activaba la violencia: “Candelita que se prende, candelita que se apaga”

Uno de los momentos más escalofriantes de la declaración de Carvajal es cuando recuerda la orden verbal que se convirtió en sentencia de muerte para decenas de venezolanos: “Habría que recordar la frase “candelita que se prende, candelita que se apaga”. Eso representa una orden directa para, sin mediar palabras, arremeter violentamente contra cualquier protesta”.

Esta directriz, pronunciada por Maduro en sus alocuciones públicas, era interpretada por la cúpula militar y policial como una autorización explícita para usar toda la fuerza del Estado, sin importar las consecuencias. Carvajal lo contextualiza dentro de la estrategia del régimen: “Necesita demostrar que su poder y fuerza están por encima de cualquier intento político o civil para resolver reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias”.

La sistematicidad de estos ataques, requisito fundamental para que la CPI los califique como crímenes de lesa humanidad, queda evidenciada en las palabras de Carvajal. Él mismo justifica su ruptura con el gobierno de Maduro precisamente por haber sido testigo de estas “atrocidades y violaciones de derechos humanos”, un deber moral que, según alega, lo obliga a hablar ahora ante la justicia internacional.

Más allá de los hechos, lo que emerge es un sistema donde la impunidad se construye sobre la base de órdenes verbales, imposibles de rastrear en papel pero devastadoras en su ejecución. La metódica planificación de la represión, confirmada por un actor clave, desmonta la narrativa de la “violencia espontánea”.

Los arquitectos de la represión: nombres y responsabilidades

La CPI no solo recibió una descripción de los hechos, sino una lista de los responsables. Cuando el tribunal le solicitó identificar a los máximos implicados en la represión, Carvajal no dudó en enumerar a la cúpula del chavismo.

Además de Nicolás Maduro, el testimonio señala a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, como parte fundamental del engranaje. Lo incluye dentro del “comando antigolpe”, una estructura paralela de poder que coordinaba las acciones contra la oposición junto a figuras como Pedro Carreño y Freddy Bernal.

Otro de los señalados es Néstor Reverol, a quien Carvajal acusa de haber ordenado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) manipular las experticias para “inculpar a los manifestantes” y exonerar de toda responsabilidad a los cuerpos de seguridad del Estado. La lista se completa con nombres de alto perfil como Tareck El Aissami, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres y los comandantes de la PNB durante los años más cruentos de las protestas.

Carvajal explicó a la fiscalía de la CPI una realidad crucial para entender la impunidad en Venezuela: “Toda orden ilegal dada dentro del régimen nunca se daría por escrito. Son órdenes verbales directas”. Por ello, su testimonio adquiere un valor incalculable, ya que, como él mismo afirmó, la única manera de demostrar la premeditación y el conocimiento de estos ataques como política de Estado es a través de testimonios de primera mano como el suyo.

Analizando el contexto, este mecanismo de órdenes orales no es casual: es una estrategia deliberada para eludir la rendición de cuentas. La ausencia de pruebas documentales, sin embargo, choca ahora con el peso de un testigo que conociendo el sistema desde dentro, decide romper el silencio.

• Nicolás Maduro fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero y permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en un centro federal, a la espera de una audiencia clave el próximo 26 de marzo ante el juez Alvin Hellerstein por cargos de narcoterrorismo.

• Hugo “El Pollo” Carvajal enfrenta su propio juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos similares. Su estrategia de cooperación con la justicia, que incluye esta declaración ante la CPI y una carta enviada al presidente Donald Trump donde describe al chavismo como una “organización criminal”, busca una reducción significativa de su condena.

El Pollo Carvajal: Expertos citados por medios internacionales comparan la situación con la del mafioso Sammy “The Bull” Gravano, cuya colaboración fue clave para derribar a la familia Gambino. En este caso, “El Pollo” no es un testigo presencial menor; es el hombre que, desde la inteligencia militar, conoció y ejecutó las órdenes, convirtiendo su testimonio en una pieza jurídica potencialmente devastadora para la defensa de Maduro y su círculo más íntimo.

Expertos citados por medios internacionales comparan la situación con la del mafioso Sammy “The Bull” Gravano, cuya colaboración fue clave para derribar a la familia Gambino. En este caso, “El Pollo” no es un testigo presencial menor; es el hombre que, desde la inteligencia militar, conoció y ejecutó las órdenes, convirtiendo su testimonio en una pieza jurídica potencialmente devastadora para la defensa de Maduro y su círculo más íntimo.

Mientras las organizaciones de derechos humanos exigen a la CPI que acelere su investigación, el “canto del Pollo” resuena como un acto de justicia póstuma para las víctimas de 2014 y 2017. La historia, que durante años fue contada por los familiares de los caídos, hoy es confirmada por quien ayudó a construir el andamiaje represivo.

¿Logrará la justicia internacional romper el ciclo de impunidad que ha protegido a los responsables de estas atrocidades, o quedará este testimonio como un grito en el vacío?

El mecanismo de la impunidad: órdenes verbales y estructura paralela

El testimonio de Carvajal ante la CPI desvela no solo la existencia de una represión sistemática, sino el diseño de un sistema de impunidad basado en la ambigüedad deliberada. La ausencia de órdenes escritas no es un descuido, sino una estrategia para blindar a los responsables.

Desde una perspectiva analítica, lo que esto revela es que la doble estructura —formal e informal— no solo servía para ejecutar la represión, sino para diluir la responsabilidad. El “control informal” delegado a colectivos armados permitía al Estado mantener una fachada de legalidad, mientras las órdenes verbales, imposibles de rastrear, garantizaban que la cadena de mando quedara en la sombra. La frase “candelita que se prende, candelita que se apaga” no era un simple eslogan: era el código que activaba la violencia sin dejar huella.

Más allá de los hechos, lo que emerge es un patrón de gobernanza donde la impunidad se construye sobre dos pilares: la despersonalización de la violencia (atribuyéndola a actores no estatales) y la opacidad de las órdenes (evitando cualquier registro). La pregunta clave ahora es si la CPI podrá desmontar este andamiaje jurídico, diseñado precisamente para resistir escrutinios externos.

La paradoja de la justicia: el testigo como verdugo y víctima

Carvajal encarna la paradoja de un sistema donde los ejecutores de la represión son también sus posibles desmontadores. Su cooperación con la justicia, motivada por intereses personales, expone las grietas de un régimen que confió en la lealtad absoluta de sus colaboradores. La ironía es que, para romper el ciclo de impunidad, la justicia internacional depende ahora de quien fue parte activa de su construcción.

La entrada El Pollo Carvajal destapa la represion de Estado en Venezuela ante la CPI se publicó primero en .