El anuncio, realizado durante un acto educativo retransmitido por el Canal 12 israelí, marca un giro en la estrategia militar. Netanyahu justificó la medida como parte de una presión simultánea contra Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, dos frentes que han mantenido a Israel en alerta máxima desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 240, según datos oficiales israelíes.

El 70%: ¿una meta simbólica o un punto de no retorno?

Actualmente, Israel controla el 60% de Gaza, una cifra que ya supera lo establecido en los acuerdos previos. La “línea amarilla”, que abarca más del 50% del territorio, fue el límite autoimpuesto durante la tregua negociada con mediación estadounidense. Sin embargo, Netanyahu ha dejado claro que su objetivo ahora es expandirse.

Durante su intervención, un asistente le interrumpió para exigir la ocupación del “100%” de Gaza. La respuesta del primer ministro —“Primero el 70%, empecemos por ahí”— revela una estrategia gradual, pero también una tensión interna: sectores de la derecha israelí presionan por una victoria total, mientras la comunidad internacional advierte de un desastre humanitario. La ONU estima que 1,7 millones de gazatíes (el 85% de la población) han sido desplazados desde octubre.

El avance israelí ha dejado al descubierto otra crisis: la recuperación de 781 cadáveres en zonas previamente ocupadas por las tropas. Estas cifras, difundidas por el Ministerio de Sanidad de Gaza —controlado por Hamás—, no han sido verificadas de forma independiente, pero coinciden con los patrones de violencia documentados en conflictos urbanos prolongados, como la batalla de Mosul (2016-2017), donde el 90% de las víctimas fueron civiles, según Amnistía Internacional.

¿Qué implica el 70% en términos estratégicos?

El control del 70% de Gaza no es arbitrario. Este porcentaje incluye:

• Ciudad de Gaza y su periferia: centro neurálgico de Hamás y zona densamente poblada (más de 500.000 habitantes antes de la guerra).
• El corredor de Netzarim: divide la Franja en dos y corta las rutas de suministro de Hamás.
• Rafah y la frontera con Egipto: clave para el contrabando de armas, según informes de inteligencia israelíes.
• Zonas agrícolas del norte: históricamente usadas para túneles y lanzamientos de cohetes.

Netanyahu escaló en: Sin embargo, el 30% restante —donde se concentran campos de refugiados como Jabalia— podría convertirse en un foco de resistencia . Expertos militares, como el general israelí (retirado) Giora Eiland , han señalado que Hamás podría reorganizarse en áreas reducidas, como ocurrió en la Segunda Intifada (2000-2005), cuando células armadas operaban en espacios de menos de 10 km² .

Sin embargo, el 30% restante —donde se concentran campos de refugiados como Jabalia— podría convertirse en un foco de resistencia. Expertos militares, como el general israelí (retirado) Giora Eiland, han señalado que Hamás podría reorganizarse en áreas reducidas, como ocurrió en la Segunda Intifada (2000-2005), cuando células armadas operaban en espacios de menos de 10 km².

Reacciones internacionales: entre el silencio y la condena

La decisión de Netanyahu ha generado respuestas divididas:

• Estados Unidos: El Departamento de Estado evitó criticar directamente a Israel, pero recordó que “cualquier operación debe alinearse con el derecho internacional“.
• Unión Europea: La alta representante Josep Borrell advirtió de un “riesgo de catástrofe humanitaria irreversible“.
• Países árabes: Egipto y Jordania convocaron reuniones de emergencia, mientras Arabia Saudí congeló las negociaciones de normalización con Israel.
• ONGs: ACNUR y Médicos Sin Fronteras denunciaron que el 70% de los hospitales en Gaza están fuera de servicio.

El portavoz de Hamás, Abdel-Latif al-Qanoua, calificó la orden de Netanyahu como “un intento desesperado por salvar su gobierno“, en referencia a las protestas masivas en Israel contra su gestión de la guerra. Más de 100.000 israelíes se manifestaron en Tel Aviv el pasado sábado exigiendo su renuncia, según la policía local.

Mientras, en las calles de Gaza, testigos citados por Al Jazeera describieron escenas de pánico: “Las tropas avanzan con tanques y drones. No hay adónde huir“, declaró un residente de Khan Younis. La Media Luna Roja Palestina informó de que solo 14 de los 36 hospitales del enclave siguen operativos, y muchos funcionan sin electricidad.

¿Logrará Israel pacificar el 70% de Gaza, o este movimiento profundizará el ciclo de violencia? La historia reciente sugiere que las ocupaciones territoriales rara vez traen estabilidad. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza después de 38 años de ocupación, solo para enfrentar dos décadas después el ataque más letal desde su fundación. El riesgo ahora es que, al expandir su control, Israel siembre las semillas de la próxima confrontación.

La «línea amarilla» de 2023: el acuerdo roto que explica la escalada actual

La decisión de Netanyahu de superar el 70% de ocupación en Gaza no es un capricho estratégico, sino la violación explícita de un marco negociado en octubre de 2023 bajo mediación de Donald Trump y Qatar. Este acuerdo, conocido internamente como el *«protocolo de la línea amarilla»*, estableció que Israel limitaría su avance al 50% del territorio gazatí a cambio de la liberación escalonada de 50 rehenes (de los 240 secuestrados el 7 de octubre) y una tregua humanitaria de 4 días prorrogables. El documento, filtrado por el diario israelí Haaretz, incluía un mapa detallado donde el 50% abarcaba desde el norte (Beit Hanoun) hasta el centro (Deir al-Balah), excluyendo deliberadamente Rafah y la frontera egipcia, zonas críticas para el contrabando de armas.

Sin embargo, dos datos clave revelan por qué este acuerdo estaba condenado al fracaso: 1) Hamás incumplió la liberación de rehenes en la segunda fase (solo entregó 24 de los 50 prometidos), según informes del Mossad; y 2) Israel, por su parte, nunca detuvo las incursiones en el corredor de Netzarim, una franja de 6 km de ancho que divide Gaza en dos y que ya había sido ocupada al 60% para abril de 2024, según imágenes satelitales de BBC Verify. La «línea amarilla» se convirtió así en un limbo legal: ni tregua real ni guerra declarada, pero con 1.200 civiles palestinos muertos en ese período, según la OCHA (Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU).

El precedente más cercano a esta dinámica es la ofensiva israelí en Líbano en 2006, donde una tregua negociada con Hezbolá (Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU) colapsó cuando Israel continuó bombardeando «zonas grises» bajo el argumento de «autodefensa preventiva». El resultado: 1.191 libaneses y 165 israelíes muertos en 34 días, y un Hezbolá más fuerte militarmente, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). Hoy, el 70% de Gaza que Netanyahu reclama incluye precisamente esas «zonas grises» —como el este de Khan Younis—, donde Hamás ha reconstruido 12 km de túneles desde enero de 2024, según inteligencia israelí.

¿Un guión repetido? La trampa del «control territorial gradual»

La historia demuestra que las ocupaciones parciales en conflictos asimétricos suelen ser contraproducentes. En 2002, durante la Operación Escudo Defensivo, Israel reocupó el 25% de Cisjordania (ciudades como Yenín y Nablus) para desmantelar células de Hamás. Dos años después, el grupo respondió con 137 ataques suicidas (el récord anual desde su fundación), según datos del Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo de Israel (ITIC). Ahora, con el 70% de Gaza bajo control, Netanyahu enfrenta el mismo dilema: ¿cómo evitar que el 30% restante —donde se apiñan 800.000 desplazados, según la UNRWA— se convierta en el nuevo caldo de cultivo de la resistencia? La respuesta puede estar en lo que no se dice: ninguna ocupación israelí desde 1967 ha logrado pacificar un territorio sin un plan político posterior. Y hoy, ese plan brilla por su ausencia.

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La detención, ejecutada por agentes federales en Minnesota bajo el mandato de la Administración Trump, desató una ola de indignación por la edad del menor. La decisión judicial, recogida por el San Antonio Express-News, establece su liberación para el próximo martes, mientras se resuelve el procedimiento migratorio.

Asilo vs. deportación: un conflicto legal y humano

Los abogados de los dos ecuatorianos alegan haber solicitado asilo formalmente, pero las agencias federales insisten en que su estancia en el país es ilegal, con un plazo de salida vencido en abril. Este caso expone la tensión entre las políticas migratorias y los derechos fundamentales, donde la vulnerabilidad de un niño se convierte en el centro del debate.

Desde una perspectiva analítica, el dictamen de Biery no solo cuestiona la legalidad de la detención, sino que desvela las contradicciones de un sistema donde las cuotas de deportación priman sobre el debido proceso. Lo que esto revela es un patrón de aplicación arbitraria de la ley, donde el fin —cumplir objetivos numéricos— justifica medios que, como en este caso, traumatizan a menores.

Críticas a un sistema bajo sospecha

El juez ha sido contundente: la Administración federal ignoró los principios de la Declaración de Independencia al perseguir a Conejo Arias y su hijo, en un intento de aplicar cuotas de deportación “mal concebidas y ejecutadas de forma incompetente”. Más allá de los hechos, lo que emerge es una crítica institucional: las órdenes administrativas del Ejecutivo, según Biery, no superan el escrutinio de la causa probable.

“Es lo que se llaman poner al zorro a custodiar el gallinero”, argumentó el magistrado, subrayando que la Constitución exige un agente judicial independiente. Esta metáfora no solo ilustra la desconfianza hacia el proceso, sino que invita a reflexionar sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

El pasado lunes, Biery ya había bloqueado la deportación de ambos mientras examinaba el caso, detenidos el 20 de enero en Columbia Heights, cerca de Minneapolis. La imagen del niño junto a un vehículo de los agentes, que circuló globalmente, simbolizó el rostro humano de una política migratoria cada vez más cuestionada.

Vecinos y responsables de la escuela del menor denuncian que los agentes habrían utilizado a Liam como “cebo” para que su madre abriera la puerta. Este detalle, de confirmarse, añadiría una capa de gravedad ética a un caso ya de por sí polémico. La pregunta clave ahora es: ¿hasta qué punto el cumplimiento de las normas migratorias puede justificar tácticas que vulneran la dignidad humana?

¿Estamos ante un punto de inflexión en la forma en que Estados Unidos gestiona la migración, o este fallo será una excepción en un sistema que prioriza el control sobre la compasión?

El costo humano de las políticas migratorias

El caso de Liam y su padre desvela una paradoja central: la obsesión por las cuotas de deportación puede erosionar los principios mismos que el sistema jurídico busca proteger. Lo que esto revela es un conflicto entre la eficiencia administrativa y la justicia, donde la vulnerabilidad de un menor se convierte en el termómetro de la ética institucional.

Desde una perspectiva analítica, la metáfora del juez Biery —”poner al zorro a custodiar el gallinero”— no solo cuestiona la independencia de los agentes federales, sino que expone una dinámica peligrosa: cuando el poder ejecutivo asume roles judiciales, el riesgo de arbitrariedad crece. La decisión de bloquear la deportación sugiere que, en este caso, el sistema falló en su propio test de legitimidad.

Más allá de los hechos, lo que emerge es una tensión estructural: ¿puede un sistema migratorio basado en cuotas garantizar el debido proceso cuando su prioridad es el cumplimiento numérico? La imagen del niño como posible “cebo” refuerza la idea de que, en la práctica, los fines justifican medios que desafían no solo la ley, sino la decencia.

La pregunta clave

¿Estamos ante un fallo puntual o el inicio de un escrutinio más amplio sobre cómo el Estado equilibra el control migratorio con los derechos humanos? La respuesta definirá si este caso es una excepción o el síntoma de un sistema que necesita reformarse desde sus cimientos.

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