El recorte llega en un momento crítico. Gaza, con más de 72.770 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí y 800.000 personas viviendo en tiendas de campaña, depende de la ayuda externa para sobrevivir. WCK, una de las pocas ONG que aún operan en el territorio tras el éxodo de 35 organizaciones que rechazaron compartir datos de sus trabajadores palestinos con Israel, se ha convertido en el segundo mayor proveedor de alimentos, solo por detrás del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Pero incluso su capacidad tiene límites.

Entre la burocracia israelí y la escasez de fondos

WCK logró mantener su operación en Gaza tras cumplir con el nuevo proceso de registro impuesto por Israel, que exige a las ONG entregar información detallada de su personal local. Una condición que muchas organizaciones rechazaron por considerarla un riesgo para sus empleados. Sin embargo, cumplir con las normas israelíes no ha sido suficiente para garantizar la continuidad del programa.

“Seguimos las directrices de las autoridades israelíes para garantizar la seguridad de nuestro personal y de las comunidades a las que servimos”, explica Wadhah Hubaishi, responsable de WCK en África y Oriente Medio. Pero el verdadero obstáculo, admite, es económico: “La realidad financiera de mantener una operación de esta magnitud durante un período tan prolongado es insostenible”. Desde octubre de 2023, la ONG ha dependido exclusivamente de donaciones privadas, en su mayoría de pequeños contribuyentes, lo que limita su capacidad para escalar la ayuda indefinidamente.

Los números reflejan la crisis: entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2024, WCK introdujo en Gaza 6.128 toneladas de alimentos. Un mes después, esa cifra cayó a 4.152 toneladas —un 32% menos—, según datos de la UNOPS. A pesar del recorte, la organización sigue siendo clave: en el mismo período, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) logró llevar 25.514 toneladas, pero la demanda supera con creces la oferta.

Gaza clama: “La comida es un derecho, no un lujo”

El impacto del recorte se siente en las calles. Este martes, decenas de gazatíes se manifestaron en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja. Entre escombros y tiendas de campaña, niños alzaban carteles con mensajes dirigidos a WCK: “Con nuestro agradecimiento, les hacemos un llamamiento: el hambre se está descontrolando”. Otros, junto a ollas y platos vacíos, gritaban consignas como “Estamos al borde de una catástrofe humanitaria” o “Tengo hambre”.

Nour Abunukbe, una de las manifestantes, golpeaba una cacerola mientras pedía a la ONG que restableciera los comedores solidarios. “No hay ninguna otra institución que nos apoye”, denunciaba. Su testimonio se suma al de Fauzi Awad, presidente del comité popular del campamento, quien advierte que WCK está llevando a cabo “una reducción progresiva hasta llegar a cero”, afectando no solo la cantidad, sino también la calidad de los alimentos y el número de trabajadores.

Entre los desplazados, Mahmud al Magarbi describe una situación límite: “Hay gente que no encuentra ni un trozo de pan. Tenemos alrededor de mil niños con sus familias en el campamento, y algunos llevan dos días sin comer“. Las imágenes de las protestas —con niños sosteniendo carteles entre ruinas— contrastan con los datos fríos: Gaza necesita 600.000 raciones diarias solo para cubrir las necesidades más básicas, según la ONU.

¿Puede una ONG sostener a Gaza?

Desde WCK, Hubaishi insiste en que la organización “continuará operando uno de los programas de comidas calientes más grandes de Gaza”, entregando cientos de miles de raciones al día. Pero lanza una advertencia clara: “La seguridad alimentaria a largo plazo para Gaza no puede depender de una sola ONG”. El llamado es directo a gobiernos, instituciones y socios internacionales, cuya respuesta hasta ahora ha sido lenta e insuficiente.

El dilema es complejo. Por un lado, WCK enfrenta críticas por su reunión con autoridades israelíes en mayo de 2024, apenas un mes después de que un ataque israelí matara a siete de sus trabajadores en Gaza. Por otro, su presencia en el territorio —aunque reducida— sigue siendo vital. La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿Qué pasará cuando ni siquiera medio millón de raciones puedan ser sostenidas?

Mientras la comunidad internacional debate soluciones, en Gaza el reloj corre en contra. Los 800.000 desplazados que sobreviven bajo lonas, los mil niños del campamento de Bureij y las familias que dependen de una olla comunitaria no tienen tiempo. La reducción de WCK no es solo un ajuste presupuestario; es un símbolo de un sistema humanitario al borde del colapso.

World Central Kitchen: de los huracanes a Gaza, la ONG que redefine la ayuda en crisis

El recorte de raciones en Gaza expone no solo la gravedad de la crisis humanitaria, sino también los límites de un modelo de ayuda basado en donaciones privadas y voluntariado. World Central Kitchen (WCK), fundada en 2010 por José Andrés, ha sido pionera en responder a emergencias con un enfoque ágil y descentralizado, pero su capacidad choca ahora contra una realidad sin precedentes: una guerra prolongada, un bloqueo logístico y una dependencia financiera insostenible.

WCK nació como respuesta al terremoto de Haití en 2010, donde Andrés y su equipo sirvieron 4 millones de comidas en tres meses usando cocinas móviles. Su método —contratar chefs locales, comprar ingredientes en la zona y evitar burocracias— les permitió actuar donde otras ONG tardaban semanas. En 2017, tras el huracán María en Puerto Rico, montaron 25 cocinas comunitarias y repartieron 3.7 millones de platos en seis meses, ganando reconocimiento por su eficiencia. Sin embargo, Gaza plantea un desafío distinto: no es un desastre natural, sino un conflicto activo con restricciones militares, ataques a convoyes humanitarios (como el que mató a 7 de sus trabajadores en abril de 2024) y una población totalmente dependiente de ayuda externa.

La diferencia clave está en los números: en Puerto Rico, WCK operó con un presupuesto de $3.5 millones (fondos públicos y privados); en Gaza, ha gastado $500 millones en 8 meses, casi 143 veces más, sin un final a la vista. Mientras que en emergencias previas la ONG podía escalar su respuesta gracias a donaciones puntuales (como los $25 millones recaudados tras el terremoto de Turquía-Siria en 2023), en Gaza el flujo de fondos se ha estancado: según su informe financiero de junio de 2024, el 60% de las donaciones provienen de contribuyentes que dan menos de $100, un modelo insostenible para una crisis crónica.

Otro factor crítico es la logística bajo fuego. En Ucrania, WCK estableció restaurantes solidarios en ciudades como Leópolis, sirviendo 200.000 comidas diarias con relativas garantías de seguridad. En Gaza, en cambio, el 70% de sus convoyes han sufrido retrasos de más de 48 horas por inspecciones israelíes, según datos de la UNOPS. El costo operativo se dispara: transportar una tonelada de alimentos a Ucrania cuesta $150, mientras que en Gaza supera los $1,200 por los seguros, escoltas y rutas alternativas.

¿Hacia un colapso anunciado?

El caso de WCK en Gaza revela una paradoja: una ONG diseñada para emergencias cortas e intensas se ha convertido en el último bastión de un sistema humanitario en quiebra. Su recorte no es un fracaso operativo, sino la evidencia de que ni siquiera el modelo más innovador puede sustituir a los Estados. La pregunta ahora no es si otras ONG podrán llenar el vacío —35 ya se retiraron—, sino cuánto tardará la comunidad internacional en asumir que Gaza no necesita caridad, sino un corredor humanitario con garantías legales y fondos públicos estables. Mientras, los 500.000 gazatíes que aún reciben raciones de WCK dependen de un sistema que, por primera vez en su historia, ha admitido su propio límite.

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“Es repugnante tratar a personas que huyen de la pobreza y la persecución como un peligro para el Estado. Es cobarde devolver a personas a países que los persiguen. Esto no es seguridad, es inhumanidad. Seguiremos trabajando para salvar a quienes arriesgan su vida en el mar”, escribió Sea Watch Italia.

Francesca Bocchini, de Emergency, también expresó su preocupación por una mayor restricción de las organizaciones no gubernamentales que operan en el mar.

El proyecto de ley incluye la prohibición temporal de cruzar las aguas territoriales en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, por un período de 30 días, prorrogable por un máximo de seis meses.

Prevé el traslado de inmigrantes a terceros países

Los inmigrantes a bordo de embarcaciones podrán ser trasladados a terceros países, con los que Italia haya firmado acuerdos o entendimientos específicos.

El incumplimiento de esta prohibición conlleva una multa de entre 10.000 y 50.000 euros y, en caso de reincidencia, la embarcación podrá ser confiscada.

La medida introduce una reforma integral para reforzar los instrumentos para combatir la inmigración ilegal y garantizar una gestión más rigurosa de los flujos migratorios.

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