El anuncio, realizado durante un acto educativo retransmitido por el Canal 12 israelí, marca un giro en la estrategia militar. Netanyahu justificó la medida como parte de una presión simultánea contra Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, dos frentes que han mantenido a Israel en alerta máxima desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 240, según datos oficiales israelíes.

El 70%: ¿una meta simbólica o un punto de no retorno?

Actualmente, Israel controla el 60% de Gaza, una cifra que ya supera lo establecido en los acuerdos previos. La “línea amarilla”, que abarca más del 50% del territorio, fue el límite autoimpuesto durante la tregua negociada con mediación estadounidense. Sin embargo, Netanyahu ha dejado claro que su objetivo ahora es expandirse.

Durante su intervención, un asistente le interrumpió para exigir la ocupación del “100%” de Gaza. La respuesta del primer ministro —“Primero el 70%, empecemos por ahí”— revela una estrategia gradual, pero también una tensión interna: sectores de la derecha israelí presionan por una victoria total, mientras la comunidad internacional advierte de un desastre humanitario. La ONU estima que 1,7 millones de gazatíes (el 85% de la población) han sido desplazados desde octubre.

El avance israelí ha dejado al descubierto otra crisis: la recuperación de 781 cadáveres en zonas previamente ocupadas por las tropas. Estas cifras, difundidas por el Ministerio de Sanidad de Gaza —controlado por Hamás—, no han sido verificadas de forma independiente, pero coinciden con los patrones de violencia documentados en conflictos urbanos prolongados, como la batalla de Mosul (2016-2017), donde el 90% de las víctimas fueron civiles, según Amnistía Internacional.

¿Qué implica el 70% en términos estratégicos?

El control del 70% de Gaza no es arbitrario. Este porcentaje incluye:

• Ciudad de Gaza y su periferia: centro neurálgico de Hamás y zona densamente poblada (más de 500.000 habitantes antes de la guerra).
• El corredor de Netzarim: divide la Franja en dos y corta las rutas de suministro de Hamás.
• Rafah y la frontera con Egipto: clave para el contrabando de armas, según informes de inteligencia israelíes.
• Zonas agrícolas del norte: históricamente usadas para túneles y lanzamientos de cohetes.

Netanyahu escaló en: Sin embargo, el 30% restante —donde se concentran campos de refugiados como Jabalia— podría convertirse en un foco de resistencia . Expertos militares, como el general israelí (retirado) Giora Eiland , han señalado que Hamás podría reorganizarse en áreas reducidas, como ocurrió en la Segunda Intifada (2000-2005), cuando células armadas operaban en espacios de menos de 10 km² .

Sin embargo, el 30% restante —donde se concentran campos de refugiados como Jabalia— podría convertirse en un foco de resistencia. Expertos militares, como el general israelí (retirado) Giora Eiland, han señalado que Hamás podría reorganizarse en áreas reducidas, como ocurrió en la Segunda Intifada (2000-2005), cuando células armadas operaban en espacios de menos de 10 km².

Reacciones internacionales: entre el silencio y la condena

La decisión de Netanyahu ha generado respuestas divididas:

• Estados Unidos: El Departamento de Estado evitó criticar directamente a Israel, pero recordó que “cualquier operación debe alinearse con el derecho internacional“.
• Unión Europea: La alta representante Josep Borrell advirtió de un “riesgo de catástrofe humanitaria irreversible“.
• Países árabes: Egipto y Jordania convocaron reuniones de emergencia, mientras Arabia Saudí congeló las negociaciones de normalización con Israel.
• ONGs: ACNUR y Médicos Sin Fronteras denunciaron que el 70% de los hospitales en Gaza están fuera de servicio.

El portavoz de Hamás, Abdel-Latif al-Qanoua, calificó la orden de Netanyahu como “un intento desesperado por salvar su gobierno“, en referencia a las protestas masivas en Israel contra su gestión de la guerra. Más de 100.000 israelíes se manifestaron en Tel Aviv el pasado sábado exigiendo su renuncia, según la policía local.

Mientras, en las calles de Gaza, testigos citados por Al Jazeera describieron escenas de pánico: “Las tropas avanzan con tanques y drones. No hay adónde huir“, declaró un residente de Khan Younis. La Media Luna Roja Palestina informó de que solo 14 de los 36 hospitales del enclave siguen operativos, y muchos funcionan sin electricidad.

¿Logrará Israel pacificar el 70% de Gaza, o este movimiento profundizará el ciclo de violencia? La historia reciente sugiere que las ocupaciones territoriales rara vez traen estabilidad. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza después de 38 años de ocupación, solo para enfrentar dos décadas después el ataque más letal desde su fundación. El riesgo ahora es que, al expandir su control, Israel siembre las semillas de la próxima confrontación.

La «línea amarilla» de 2023: el acuerdo roto que explica la escalada actual

La decisión de Netanyahu de superar el 70% de ocupación en Gaza no es un capricho estratégico, sino la violación explícita de un marco negociado en octubre de 2023 bajo mediación de Donald Trump y Qatar. Este acuerdo, conocido internamente como el *«protocolo de la línea amarilla»*, estableció que Israel limitaría su avance al 50% del territorio gazatí a cambio de la liberación escalonada de 50 rehenes (de los 240 secuestrados el 7 de octubre) y una tregua humanitaria de 4 días prorrogables. El documento, filtrado por el diario israelí Haaretz, incluía un mapa detallado donde el 50% abarcaba desde el norte (Beit Hanoun) hasta el centro (Deir al-Balah), excluyendo deliberadamente Rafah y la frontera egipcia, zonas críticas para el contrabando de armas.

Sin embargo, dos datos clave revelan por qué este acuerdo estaba condenado al fracaso: 1) Hamás incumplió la liberación de rehenes en la segunda fase (solo entregó 24 de los 50 prometidos), según informes del Mossad; y 2) Israel, por su parte, nunca detuvo las incursiones en el corredor de Netzarim, una franja de 6 km de ancho que divide Gaza en dos y que ya había sido ocupada al 60% para abril de 2024, según imágenes satelitales de BBC Verify. La «línea amarilla» se convirtió así en un limbo legal: ni tregua real ni guerra declarada, pero con 1.200 civiles palestinos muertos en ese período, según la OCHA (Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU).

El precedente más cercano a esta dinámica es la ofensiva israelí en Líbano en 2006, donde una tregua negociada con Hezbolá (Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU) colapsó cuando Israel continuó bombardeando «zonas grises» bajo el argumento de «autodefensa preventiva». El resultado: 1.191 libaneses y 165 israelíes muertos en 34 días, y un Hezbolá más fuerte militarmente, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). Hoy, el 70% de Gaza que Netanyahu reclama incluye precisamente esas «zonas grises» —como el este de Khan Younis—, donde Hamás ha reconstruido 12 km de túneles desde enero de 2024, según inteligencia israelí.

¿Un guión repetido? La trampa del «control territorial gradual»

La historia demuestra que las ocupaciones parciales en conflictos asimétricos suelen ser contraproducentes. En 2002, durante la Operación Escudo Defensivo, Israel reocupó el 25% de Cisjordania (ciudades como Yenín y Nablus) para desmantelar células de Hamás. Dos años después, el grupo respondió con 137 ataques suicidas (el récord anual desde su fundación), según datos del Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo de Israel (ITIC). Ahora, con el 70% de Gaza bajo control, Netanyahu enfrenta el mismo dilema: ¿cómo evitar que el 30% restante —donde se apiñan 800.000 desplazados, según la UNRWA— se convierta en el nuevo caldo de cultivo de la resistencia? La respuesta puede estar en lo que no se dice: ninguna ocupación israelí desde 1967 ha logrado pacificar un territorio sin un plan político posterior. Y hoy, ese plan brilla por su ausencia.

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La llamada Junta de Paz, inaugurada la semana pasada por el presidente estadounidense, se presenta como instrumento para reconstruir la Franja. Sin embargo, su arquitectura institucional revela otra realidad: Donald Trump asume una presidencia indefinida, con capacidad para crear o disolver entidades, vetar decisiones y dirigir fondos sin límites temporales ni contrapesos efectivos.

Funciona como un señorío personal apenas disfrazado de siglas internacionales. Aunque el Consejo de Seguridad avaló el plan inicial de 20 puntos y reconoció un posible papel a dicha Junta, la ampliación posterior de competencias y objetivos carece de aval en Naciones Unidas.

El riesgo de erosionar el orden jurídico internacional

Desbordar ese marco erosiona el orden jurídico que regula la gestión de conflictos y territorios devastados. Josep Borrell ha calificado con acierto la Junta de “invento decimonónico”, típico del colonialismo, que ignora a los palestinos y actúa sobre ellos. Desde una perspectiva analítica, lo que esto revela es un retroceso en los mecanismos de gobernanza global, donde la legalidad internacional queda relegada frente a intereses unilaterales.

Cualquier esquema para Gaza debe someterse a la legalidad internacional y a mecanismos verificables. Sin supervisión independiente ni rendición de cuentas efectiva, la Junta se convertirá en una administración ilegal sustentada en la autoridad de Trump como autócrata indiscutido. La pregunta clave ahora es si la comunidad internacional permitirá que este modelo se normalice.

Gaza como negocio: la “Riviera del Medio Oriente”

El enriquecimiento económico es el verdadero propósito. Los planes contemplan transformar Gaza en una “Riviera del Medio Oriente”: rascacielos frente al mar, complejos hoteleros de lujo, zonas residenciales, centros de datos, parques industriales e incluso islas artificiales. Todo ello sobre un territorio arrasado, tras desplazamientos masivos de gazatíes que facilitan el expolio.

Trump ha descrito la Franja como “una pieza de propiedad increíble”. La movilización de miles de millones anticipa conflictos de interés y adjudicaciones opacas. Más allá de los hechos, lo que emerge es una confusión deliberada entre diplomacia y oportunidad comercial, donde la reconstrucción parece ser una excusa para el lucro. Reconstruir Gaza exigirá infraestructuras básicas, energía, vivienda y puertos, pero un liderazgo sin caducidad ni controles externos crea un terreno fértil para la corrupción.

Una alianza de afinidades, no de neutralidad

El elenco de participantes confirma el sesgo político: Israel, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Hungría, Argentina o Uzbekistán, entre otros gobiernos alineados con el trumpismo. Más que un esfuerzo neutral bajo normas globales, la Junta aparece como un bloque de afinidades estratégicas e ideológicas. Lo que esto sugiere es que el proyecto no busca la paz, sino consolidar una esfera de influencia bajo criterios selectivos.

La decisión de Ursula von der Leyen de enviar como observadora a la comisaria para el Mediterráneo Dubravka Šuica añade un elemento de legitimación europea imposible de conciliar con los principios que la Unión proclama, como han denunciado Borrell y diversos gobiernos. Analizando el contexto, esta participación parece más un gesto de conveniencia política que un respaldo a los valores democráticos.

Si Gaza termina convertida en un feudo inmobiliario, no estaremos ante una operación de paz, sino ante la conversión de la devastación en negocio privado a gran escala. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la solidaridad internacional se subordine a los intereses de unos pocos?

El colonialismo del siglo XXI: poder sin legitimidad

Más allá de los hechos, lo que emerge es un modelo de gobernanza que revive prácticas coloniales bajo el disfraz de la modernidad. La Junta de Paz no solo centraliza el poder en una figura sin contrapesos, sino que lo ejerce sobre un territorio y una población que no han participado en su diseño.

Desde una perspectiva analítica, este esquema revela una paradoja: mientras el mundo avanza hacia marcos de cooperación multilateral, el proyecto para Gaza impone una lógica unilateral. La ausencia de representación palestina y la concentración de decisiones en Trump convierten la reconstrucción en un acto de sumisión, no de colaboración. Lo que esto desvela es que la legalidad internacional se subordina a intereses geopolíticos concretos.

La arquitectura de la Junta, con su capacidad para vetar, disolver y dirigir fondos, no es un error de diseño, sino una característica intencional. Un sistema así no busca reconstruir, sino controlar. La pregunta clave ahora es si este modelo se limitará a Gaza o si sentará un precedente para otros conflictos, donde la ayuda humanitaria se convierta en herramienta de dominación.

¿Reconstrucción o nueva forma de ocupación?

La transformación de Gaza en un polo económico de lujo, mientras su población es desplazada, sugiere que el verdadero objetivo no es la paz, sino la explotación. Si la comunidad internacional no actúa, este proyecto podría normalizar la idea de que la devastación es una oportunidad de negocio, y la solidaridad, un lujo prescindible.

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La lista de asistentes refleja un mapa geopolítico fragmentado. Entre los presentes destacan los principales aliados occidentales de Trump: el presidente argentino, Javier Milei; el paraguayo, Santiago Peña; y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. También acuden el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, el primer ministro camboyano, Hun Manet, y el líder vietnamita, To Lam, lo que subraya el intento de diversificar el respaldo más allá de Occidente.

A ellos se suman los jefes de Estado y de Gobierno de Baréin, Kosovo, Albania, Qatar, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán o Egipto, junto a embajadores y diplomáticos de Arabia Saudí, Turquía, Marruecos, Kuwait, Bielorrusia, El Salvador, Armenia o Pakistán. La presencia de estos países, muchos de ellos con intereses estratégicos en Oriente Medio, sugiere un cálculo pragmático: la reconstrucción de Gaza como oportunidad para ganar influencia.

Europa: entre el escepticismo y la observación

El respaldo europeo a la iniciativa es, sin embargo, limitado. Hungría y Bulgaria participan como miembros de pleno derecho, mientras que Italia, Grecia y Chipre acuden como observadores, sin voto ni financiación. La Comisión Europea, representada por la comisaria de Mediterráneo, Dubravka Suica, opta por una postura cautelosa. Desde una perspectiva analítica, esta división revela las tensiones entre la lealtad transatlántica y la defensa del multilateralismo tradicional.

La Junta de Paz de Gaza pacta que diez países aportarán 17.000 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja.

Los ausentes que hablan

El listado de países que han rechazado la invitación es tan elocuente como el de los asistentes. Francia, Alemania y Polonia han expresado reservas o rechazos formales, argumentando que el formato podría debilitar el papel de la ONU. España y el Vaticano también han decidido no participar, mientras que México, aunque envía representación diplomática, se niega a integrarse como miembro. Canadá, por su parte, quedó fuera tras las tensiones bilaterales con Trump, que retiró la invitación a su primer ministro, Mark Carney.

En el mundo árabe, la ausencia de Siria y Líbano es notable, al igual que la de Argelia, Túnez y Omán, que han preferido mantenerse al margen. Lo que esto revela es un escepticismo profundo hacia un proyecto percibido como impuesto desde Washington, sin el consenso regional necesario.

El mapa de la Junta de Paz

Países miembros que han asistido

Argentina, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kosovo, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

Países observadores

Italia, Rumanía, Grecia, Chipre y la Unión Europea.

Más allá de los nombres, lo que emerge es una pregunta clave: ¿puede un foro creado bajo el paraguas de una sola potencia —y con una agenda tan específica como la reconstrucción de Gaza— aspirar a ser un actor global legítimo? La respuesta dependerá no solo de su capacidad para movilizar recursos, sino de su habilidad para convencer a los escépticos de que este no es solo un instrumento de política exterior, sino un espacio de diálogo genuino.

¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo orden diplomático o ante otro intento fallido de redefinir las reglas del juego internacional?

El cálculo geopolítico detrás de la fragmentación

La composición de la Junta de Paz no es casual: refleja una estrategia de realpolitik donde los intereses nacionales priman sobre los principios multilateralistas. Lo que esto revela es que los países asistentes, más allá de su alineamiento con Trump, buscan posicionarse en un escenario donde la reconstrucción de Gaza puede ser moneda de cambio para influencia regional o beneficios económicos.

Desde una perspectiva analítica, la presencia de naciones como Vietnam, Indonesia o Kazajistán —con poco peso histórico en el conflicto— sugiere un intento de legitimar el foro mediante diversificación geográfica. Sin embargo, la ausencia de actores clave como Alemania, Francia o Argelia expone una brecha: el proyecto carece del respaldo de potencias con capacidad para equilibrar su percepción como herramienta unilateral.

La división europea, con países como Hungría como miembros activos y otros como Italia en calidad de observadores, subraya otra capa del conflicto: la tensión entre la lealtad a EE.UU. y la defensa de instituciones tradicionales como la ONU. Este equilibrio precario podría definir el futuro del foro.

La pregunta clave

¿Logrará la Junta de Paz trascender su origen controvertido y convertirse en un espacio de consenso, o quedará como un símbolo de la polarización actual, donde la diplomacia se subordina a los intereses estratégicos de unos pocos?

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La primera reunión de la Junta de Paz para Gaza, impulsada por Donald Trump y Estados Unidos, ha desgranado los ejes de su plan para el futuro del enclave palestino. “Reconstruiremos Gaza no como era, sino como debería ser”, sentenció Tony Blair, miembro del comité ejecutivo, en una declaración que resume el espíritu transformador del proyecto. Este, liderado por Trump y dirigido por el búlgaro Nikolai Mladenov, busca redefinir Gaza desde sus cimientos, con una segunda fase centrada en su reconstrucción integral.

El compromiso económico asciende a 17.000 millones de dólares: 7.000 millones aportados por nueve países —Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait— y 10.000 millones prometidos por Estados Unidos, aunque sin detalles concretos sobre plazos o mecanismos de entrega. Sin embargo, los líderes de la Junta han dejado claro que la reconstrucción no avanzará sin garantías de desmilitarización y seguridad, junto a una transformación profunda del tejido económico, social, tecnológico e industrial de Gaza.

Seguridad primero: policía gazatí y tropas internacionales

La estructura de seguridad será la piedra angular del plan. Mladenov anunció la creación de un cuerpo de “agentes de policía palestinos”, ya en proceso de contratación, que operará como un cuerpo “nuevo, de transición, respaldado por la administración gazatí y la Junta de Paz”. Estos agentes, formados en Egipto y Jordania, serán clave para la desmilitarización, presentada como condición sine qua non para iniciar la reconstrucción y mejorar la vida de la población.

La coordinación recaerá en un Alto Representante que trabajará con la nueva Administración gazatí —un gobierno “palestino, tecnócrata y apolítico” liderado por el ingeniero Ali Shaaz, exministro de la Autoridad Nacional Palestina—. Este Ejecutivo actuará “con transparencia y en coordinación con las instituciones israelíes y palestinas”, según Mladenov. Desde una perspectiva analítica, este enfoque refleja una apuesta por la gobernanza técnica sobre la política, aunque su viabilidad dependerá de la capacidad para navegar las complejas dinámicas locales e internacionales.

20.000 soldados para estabilizar la Franja

Gaza quedará dividida en cinco sectores —Rafah, Jan Yunis, Deir-al-Balah, Gaza y la zona norte—, tal como ocurrió durante la ofensiva israelí. Para garantizar la desmilitarización, se desplegarán 20.000 soldados de estabilización, procedentes de Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania, según el general retirado Jasper Jeffers, comandante de estas fuerzas. Estos se sumarán a 12.000 policías formados en Egipto y Jordania, creando un marco de seguridad que, según Jeffers, proporcionará “la estabilidad que Gaza necesita para su prosperidad”.

Lo que esto revela es una militarización temporal de la zona bajo banderas extranjeras, un modelo que plantea preguntas sobre soberanía y sostenibilidad a largo plazo. La pregunta clave ahora es cómo se gestionará la transición hacia una seguridad autónoma palestina sin repetir errores del pasado.

Instituciones, economía y educación: los pilares de la nueva Gaza

Tony Blair, figura central en el comité ejecutivo, detalló los objetivos del plan: “un cuerpo de policía y un gobierno autónomo, con instituciones públicas eficaces”. Pero el ambicioso proyecto va más allá. Se impulsará un “entorno empresarial” que fomente la inversión local y extranjera, mejorando el nivel de vida de los palestinos. Paralelamente, se implementará “un sistema educativo que eduque a los jóvenes en la tolerancia y en los logros”, dentro de una “sociedad tecnológica”.

“Es un compromiso genuino con una región donde, independientemente de que seas judío, musulmán o cristiano, tengas religión o no, puedas crecer gracias a tu esfuerzo y sentir que hay un gobierno a tu lado”, explicó Blair. “Esta es la única esperanza para Gaza”, concluyó. Desde una perspectiva analítica, este enfoque subraya la apuesta por un desarrollo económico como motor de estabilidad social, aunque su éxito dependerá de la capacidad para atraer inversiones en un contexto de alta incertidumbre política.

La arquitectura del poder: quién decide el futuro de Gaza

La Junta de Paz se organiza en una estructura jerárquica compleja. En la cúspide, el Comité Ejecutivo de la Junta de Paz, integrado por figuras como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Tony Blair, el enviado especial para Gaza Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el director de Apollo Global Management Marc Rowan y el presidente del Banco Mundial Ajay Banga. Este comité supervisará el proceso, pero la ejecución recaerá en un Comité Ejecutivo para Gaza, que incluye a asesores regionales como el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, el jefe de la inteligencia egipcia Hasán Rashad, y el colaborador del primer ministro de Catar, Ali al Zawadi. También forman parte el empresario Yakir Gabay y las dos únicas mujeres: la ministra de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimy, y la diplomática neerlandesa Sigrid Kaag.

En la base operativa, la Junta Nacional para la Administración de Gaza será el gobierno “palestino, tecnócrata y apolítico” responsable de la gestión diaria. Este órgano, liderado por Ali Shaaz —ingeniero originario de Jan Yunis y ex viceministro de Transporte de la Autoridad Palestina en los 90—, gestionará servicios públicos y municipalidades. La presencia de actores internacionales y regionales en los comités superiores sugiere un modelo de gobernanza compartida, aunque con tensiones potenciales entre intereses locales y externos.

Más allá de los hechos, lo que emerge es un experimento geopolítico sin precedentes: la reconstrucción de Gaza como laboratorio de un nuevo orden regional. ¿Logrará este plan equilibrar seguridad, desarrollo económico y legitimidad política, o quedará atrapado en las contradicciones de sus propios actores?

El experimento geopolítico: soberanía y dependencia en equilibrio

El plan para Gaza no es solo una hoja de ruta económica o de seguridad, sino un intento de redefinir el concepto mismo de autonomía en un territorio históricamente marcado por la fragmentación y la intervención externa.

Desde una perspectiva analítica, la creación de un gobierno tecnócrata y apolítico, respaldado por una fuerza policial internacional, refleja una apuesta por la estabilidad a corto plazo, pero plantea interrogantes sobre su sostenibilidad. La dependencia de actores externos para la seguridad y la financiación podría limitar la capacidad de Gaza para tomar decisiones soberanas, incluso en un escenario de reconstrucción exitosa. Lo que esto revela es una tensión inherente entre la necesidad de orden y la aspiración de autogobierno.

La división de Gaza en cinco sectores, cada uno bajo supervisión de tropas internacionales, sugiere un modelo de control territorial que prioriza la desmilitarización sobre la unidad política. Este enfoque, aunque efectivo para evitar conflictos armados, podría perpetuar una fragmentación que dificulte la cohesión social y administrativa a largo plazo. Más allá de los hechos, lo que emerge es un dilema: ¿puede una región reconstruirse bajo un paraguas de seguridad externa sin sacrificar su identidad política?

La pregunta clave

¿Logrará este marco de gobernanza compartida —donde lo local y lo internacional se entrelazan— generar una estabilidad duradera, o terminará reproduciendo las dinámicas de dependencia que ha buscado superar?

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El presidente estadounidense avanzó que el anuncio oficial llegará durante la primera reunión de la organización, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington. Este espacio, recientemente rebautizado en su honor, será el escenario donde se formalizarán los compromisos económicos.

“El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, detalló Trump en su red Truth Social.

El mandatario subrayó además el despliegue de “miles de personas” para integrar la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad en Gaza. Sin embargo, condicionó el éxito de estas medidas a que Hamás cumpla con su “compromiso con la desmilitarización total e inmediata”. Desde una perspectiva analítica, este enfoque refleja una estrategia dual: reconstrucción material y control militar, donde la paz parece depender de la sumisión de un actor clave.

Israel reabre este domingo el cruce de Rafah para el movimiento limitado de personas en ambas direcciones.

Una Junta de Paz con ambiciones globales y divisiones profundas

Trump no escatimó en elogios hacia su creación, describiéndola como “el organismo internacional más importante de la historia”. La Junta, inicialmente concebida para supervisar el plan de paz en Gaza tras el conflicto con Hamás, ha ampliado su alcance para abordar otros focos de tensión mundial. Lo que esto revela es un intento de posicionar a EEUU —y a Trump en particular— como el eje central de una nueva arquitectura diplomática, paralela a las instituciones tradicionales.

La entidad ya celebró una reunión fundacional en Davos, Suiza, el pasado enero, con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto. Sin embargo, la adhesión no ha sido unánime: países como Francia, España y Suecia han rechazado sumarse, argumentando que la Junta podría debilitar el papel de la ONU. Este rechazo expone una fractura en la comunidad internacional, donde la lealtad a Trump y su visión parece dividir más que unir.

El estatuto de la Junta otorga amplios poderes a su presidente —en este caso, Trump—, incluyendo derecho de veto y la capacidad de fijar la agenda. Además, prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros, un detalle que sugiere una estructura jerárquica donde el poder económico se traduce en influencia política. La membresía permanente tiene un coste: 1.000 millones de dólares, una cifra que filtra a los participantes y refuerza el carácter elitista del proyecto.

Gaza: entre la esperanza de reconstrucción y la sombra de la violencia

El alto el fuego en Gaza, alcanzado en octubre como parte del plan impulsado por Trump, no ha logrado detener por completo la violencia. Según el Ministerio de Sanidad de Hamás, más de 600 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor del armisticio el 10 de octubre, incluyendo 10 víctimas esta madrugada. La pregunta clave ahora es cómo conciliar los fondos prometidos con la realidad sobre el terreno, donde la inestabilidad persiste.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza reporta al menos 72.060 muertos, entre ellos más de 20.000 niños. Estas cifras, junto al consenso internacional sobre posibles “actos de genocidio”, añaden una capa de urgencia ética al debate: ¿puede la reconstrucción avanzar sin justicia?

Israel aprueba por primera vez desde 1967 la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad estatal”.

Más allá de los números, lo que emerge es un escenario donde la diplomacia de Trump choca con una crisis humanitaria de proporciones históricas. La Junta de Paz, con su ambición y sus recursos, podría ser un faro de esperanza o un espejismo más en un conflicto que lleva décadas sin resolución.

¿Logrará este modelo de gobernanza global, liderado por una figura tan polarizante como Trump, imponerse donde otros han fracasado?

El poder blando de la economía en la geopolítica

La movilización de 5.000 millones para Gaza no es solo una inyección de capital, sino un instrumento de soft power que redefine el papel de EEUU en el conflicto. Lo que esto revela es cómo el poder económico se convierte en palanca de influencia, condicionando la estabilidad regional a la sumisión de actores como Hamás.

Desde una perspectiva analítica, la Junta de Paz actúa como un mecanismo de gobernanza paralela, donde la capacidad de veto de Trump y la membresía condicionada por aportes financieros crean una jerarquía basada en el poder adquisitivo. Esto no solo centraliza la autoridad en su figura, sino que también expone una fractura: la diplomacia tradicional, representada por la ONU, queda relegada frente a un modelo donde la participación tiene un precio.

La reconstrucción de Gaza, en este contexto, se plantea como una moneda de cambio. La promesa de fondos y seguridad —con el despliegue de fuerzas internacionales— queda supeditada a la desmilitarización de Hamás, lo que sugiere una paz negociada desde la asimetría. Más allá de los hechos, lo que emerge es un escenario donde la ayuda humanitaria y el control militar se entrelazan, priorizando la estabilidad sobre la justicia.

La pregunta clave

¿Puede un modelo de paz basado en el poder económico y la exclusión de actores disidentes —como los países que rechazan la Junta— sostenerse a largo plazo, o terminará reproduciendo las mismas tensiones que pretender resolver?

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El Ministerio de Sanidad de la Franja detalló que el pequeño falleció en la ciudad de Gaza durante la pasada noche, víctima de un contexto marcado por la falta de calefacción, la ausencia de refugios seguros y la escasez crítica de mantas y ropa de abrigo. Estas carencias, agravadas por el descenso brusco de temperaturas, han convertido las precarias tiendas de campaña en trampas mortales para los más vulnerables.

Una crisis humanitaria que se agrava con cada temporal

La oficina de medios del Gobierno gazatí amplió la dimensión de la tragedia: desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, el frío extremo ha causado ya 21 muertes, 18 de ellas menores de edad. Todos los fallecidos eran desplazados, obligados a sobrevivir en campamentos improvisados donde las estructuras no ofrecen protección alguna contra el frío, la lluvia o el viento.

Desde una perspectiva analítica, lo que emerge es un patrón de vulnerabilidad sistemática: la combinación de desplazamiento forzado, destrucción de infraestructuras y bloqueo de ayudas humanitarias ha creado un escenario donde el clima se convierte en un factor letal. La pregunta clave ahora es cómo se puede romper este círculo vicioso cuando las soluciones —como las casas prefabricadas solicitadas por la ONU— chocan con restricciones políticas.

El comunicado oficial gazatí no duda en señalar responsabilidades: “Responsabilizamos total y directamente a la ocupación israelí de estos crímenes y sus consecuencias mortales, ya que son una extensión de las políticas de matanza lenta, hambruna y desplazamiento”. Esta declaración subraya una narrativa donde la crisis climática no es un fenómeno natural aislado, sino el resultado de un conflicto prolongado que ha despojado a la población de cualquier red de seguridad.

El clima como multiplicador de la tragedia

Desde finales de noviembre, Gaza ha sufrido un empeoramiento drástico de las condiciones meteorológicas. Temporales con lluvia intensa y vientos fuertes, como el registrado el pasado jueves, han inundado tiendas de campaña y destruido las pocas pertenencias —ropas, mantas, enseres— que quedaban a los desplazados. En un territorio ya arrasado por los bombardeos, la población se ve abocada a una existencia al límite, donde cada noche puede ser la última para los más frágiles: menores, ancianos y enfermos crónicos.

La ONU ha instado al Gobierno israelí a permitir la entrada de casas prefabricadas, una medida que, de implementarse, podría aliviar parcialmente el sufrimiento. Sin embargo, la lentitud de las negociaciones y las restricciones al acceso de materiales dejan a miles de personas a merced de los elementos. Lo que esto revela es una brecha entre las declaraciones de urgencia humanitaria y la acción concreta sobre el terreno.

¿Hasta cuándo el mundo será testigo mudo de cómo el frío, la lluvia y el viento se suman a las bombas como causas de muerte en Gaza?

El desplazamiento como factor de letalidad climática

Más allá de las bajas temperaturas, lo que define esta crisis es la imposibilidad de protegerse. El desplazamiento forzado ha convertido a los gazatíes en rehenes de un entorno donde el clima actúa como verdugo silencioso.

Desde una perspectiva analítica, la falta de refugios seguros no es un problema logístico, sino estructural. La destrucción de infraestructuras y el bloqueo de ayudas han eliminado cualquier barrera entre la población y los elementos. Las tiendas de campaña, diseñadas para ser temporales, se han convertido en hogares permanentes en un contexto donde la lluvia, el viento y el frío no perdonan. Lo que esto revela es que, en Gaza, la supervivencia no depende solo de evitar los bombardeos, sino de resistir a un invierno que el conflicto ha vuelto letal.

La narrativa gazatí subraya que estas muertes no son accidentes climáticos, sino el resultado de un sistema que ha despojado a la población de cualquier capacidad de resiliencia. La hipotermia no es aquí un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de un desplazamiento masivo sin alternativas.

La pregunta clave

¿Cómo se puede hablar de protección humanitaria cuando las soluciones propuestas —como las casas prefabricadas— chocan con restricciones que prolongan la exposición de los más vulnerables a condiciones inhumanas?

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