Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un mensaje contundente a los gobiernos: los sistemas fiscales actuales permiten que productos dañinos mantengan precios accesibles, disparando riesgos para la salud pública. Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “en la mayoría de los países, los impuestos son demasiado bajos para ser eficaces, están mal diseñados, no se ajustan con regularidad y rara vez se alinean con los objetivos de salud pública”.

Lo que esto revela es un fallo estructural: la fiscalidad no solo no protege, sino que perpetúa un modelo donde la prevención queda relegada. La pregunta clave ahora es si los Estados actuarán con la urgencia que exige una crisis que, según la OMS, se intensifica entre niños y adultos jóvenes, grupos especialmente vulnerables a enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes o patologías cardiovasculares.

Impuestos que no siguen el ritmo de la inflación: un error de diseño

Uno de los problemas centrales señalados por la OMS es la ausencia de mecanismos automáticos para actualizar los impuestos según la inflación. Esto hace que, con el tiempo, el alcohol y las bebidas azucaradas se vuelvan progresivamente más baratos, incentivando su consumo. La organización propone, a través de su iniciativa “3 por 35”, aumentar en al menos un 50% los precios reales de estos productos para 2035, mediante subidas impositivas adaptadas a cada contexto.

Desde una perspectiva analítica, esta falta de ajuste no es casual: refleja una priorización de intereses económicos a corto plazo sobre la salud pública. Más allá de los hechos, lo que emerge es un sistema donde la prevención se subordina a la comodidad fiscal.

Alcohol: el mito del “consumo moderado” y sus consecuencias

A julio de 2024, 167 países aplicaban impuestos al alcohol, y 12 mantenían prohibiciones totales. Sin embargo, la OMS señala que, desde 2022, el alcohol se ha vuelto más asequible en la mayoría de los países. El hepatólogo Juan Turnes, jefe de servicio de aparato digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, advierte: “El alcohol produce daños mucho más allá del hígado. Provoca daño neurológico, cardiovascular, y tiene un impacto relevante en los accidentes de tráfico y en la violencia”.

El discurso público, impulsado por la industria, suele promover el “consumo responsable” como opción segura. Pero la evidencia científica es clara: no existe un umbral de ingesta libre de riesgos. Turnes es taxativo: “El alcohol es un tóxico y la única cantidad segura es cero”. Según la OMS, el uso nocivo del alcohol provoca alrededor de 2,6 millones de muertes anuales en el mundo, además de generar elevados costes sociales y económicos.

Analizando el contexto, la incoherencia salta a la vista: mientras el vino está exento de impuestos especiales en al menos 25 países (la mayoría en Europa), la OMS recomienda gravar todas las bebidas alcohólicas para evitar sustituciones no deseadas. Esta excepción no solo contradice las directrices sanitarias, sino que envía mensajes equívocos sobre los riesgos reales.

Turnes destaca que la patología relacionada con el alcohol es la más visible en las consultas de hepatología, y su reducción tendría un impacto medible tanto a nivel individual como poblacional. El caso de Escocia, donde en 2018 se introdujo un precio mínimo unitario por unidad de alcohol, demuestra que las políticas fiscales pueden ser efectivas: “Lo que buscaban era atajar el consumo de bebidas baratas y de alta graduación, las que tenían mayor impacto sobre la salud”.

¿Funcionan los impuestos? Depende de su destino

Turnes no duda de la eficacia de los impuestos como herramienta preventiva: “Numerosos estudios demuestran que reducen el consumo, sobre todo a corto plazo”. El problema, subraya, es el uso que se da a esos ingresos. “En la mayor parte de los países, ese dinero se integra en los presupuestos generales del Estado, sin dedicarse a salud pública, deshabituación o tratamiento”.

Desde una perspectiva crítica, esto expone una paradoja: se recauda por dañar la salud, pero no se reinvierte en repararla. La pregunta que surge es inevitable: ¿de qué sirve gravar productos nocivos si los fondos no se destinan a mitigar sus efectos?

El alcoholismo: un problema más allá del precio

Para Ana Polache, catedrática de Farmacia en la Universitat de València, vincular directamente subidas de impuestos con la reducción del consumo “es simplificar mucho el problema”. “El trastorno por consumo de alcohol es extremadamente complejo”, apunta. Además, el alcohol no afecta por igual a todos los grupos sociales: en personas de clase alta, el precio puede no ser un disuasorio, y en casos de dependencia severa, el consumo persiste “hagas lo que hagas”.

Polache relata su experiencia en institutos, donde muestra imágenes de neuroimagen para concienciar sobre el daño cerebral del alcoholismo crónico. “No vale decir “esto es malo”. Hay que enseñar qué le pasa al cerebro. Las personas debemos ser conscientes del daño potencial”.

Lo que esto revela es que, aunque los impuestos son una herramienta útil, la solución requiere un enfoque multidimensional: educación, apoyo social y recursos sanitarios estables.

Bebidas azucaradas: gravámenes insuficientes y mal enfocados

En 2024, al menos 116 países aplicaban impuestos (con una mediana del 2%) a las bebidas azucaradas. Sin embargo, la cobertura es incompleta: productos como los zumos 100% naturales, las bebidas lácteas azucaradas o los cafés y tés preparados rara vez se gravan. Anne-Marie Perucic, de la OMS, advierte que el 2% “es muy bajo” si se compara con el 50-60% de los productos del tabaco.

El informe vincula el aumento del consumo de estos productos con mayores riesgos de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y caries. Solo ocho países aplican impuestos basados en la cantidad de azúcar: Botsuana, Islas Cook, Francia, Mauricio, Mozambique, Sierra Leona, Sudáfrica y Zimbabue.

La desigualdad regional es evidente: mientras el 89,4% de los países africanos aplican estos gravámenes, solo el 42% de los europeos lo hacen. Turnes critica este “consumo absurdo” cuando existen alternativas sin azúcares añadidos y reclama: “Que tengamos que recurrir a impuestos para cambiar estos hábitos es, en el fondo, un fracaso como sociedad”.

Aunque estos impuestos generan ingresos, solo 10 de los 116 países analizados los destinan a programas de salud, principalmente a cobertura sanitaria universal. Turnes advierte de un crecimiento “casi exponencial” de la enfermedad hepática metabólica, asociada a diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. “El exceso de azúcar es un factor de riesgo, pero el problema es más amplio: está ligado a hábitos alimentarios globales, ultraprocesados y estilos de vida poco saludables”.

El caso de México, donde en 2014 se introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas, muestra que el consumo puede desplazarse hacia opciones más saludables, como el agua. Sin embargo, Turnes matiza: “Eliminar solo las bebidas azucaradas puede no tener el impacto directo que algunos predicen, por los efectos de sustitución”.

¿Estamos condenados a depender de medidas fiscales para corregir hábitos que, en el fondo, son un reflejo de fallos estructurales en educación, acceso a alimentos saludables y políticas públicas?

El conflicto entre fiscalidad y salud pública: una batalla de prioridades

La advertencia de la OMS no solo expone un fallo técnico en los sistemas fiscales, sino una tensión estructural entre intereses económicos y el bienestar colectivo. Lo que esto revela es que la inacción no es neutral: perpetúa un modelo donde la salud pública se subordina a la comodidad política y a la presión de industrias poderosas.

Desde una perspectiva analítica, la falta de ajuste automático de los impuestos —mencionada explícitamente— no es un descuido, sino una elección. Priorizar la estabilidad fiscal a corto plazo sobre la prevención de enfermedades crónicas refleja una visión miope: los costes sanitarios futuros superarán con creces los ingresos actuales. Más allá de los hechos, lo que emerge es un sistema donde la fiscalidad, en lugar de ser una herramienta de protección, se convierte en cómplice de la crisis.

La incoherencia en el tratamiento del alcohol —con exenciones para el vino en 25 países— y la baja cobertura de los gravámenes a bebidas azucaradas demuestran que el problema no es la falta de instrumentos, sino la voluntad de aplicarlos con rigor. La pregunta clave ahora es si los gobiernos están dispuestos a asumir el coste político de alinear sus políticas fiscales con las evidencias sanitarias.

La paradoja de recaudar sin reparar

Gravar productos nocivos sin destinar los ingresos a salud pública es como apagar un incendio con gasolina: se recauda por el daño, pero no se invierte en mitigarlo. Este desajuste expone una contradicción profunda: los Estados reconocen el problema, pero no actúan con la coherencia que exige. La solución no está solo en subir impuestos, sino en cerrar el círculo entre recaudación, prevención y tratamiento.

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