El hecho, ocurrido el 26 de mayo de 2024 en el barrio El Obrero, expone una vez más la violencia extrema contra las mujeres en el país. Según datos de la Fiscalía General, entre enero y mayo de este año se han registrado 112 feminicidios en Colombia, una cifra que supera en un 12% los casos del mismo período en 2023. El modus operandi —usar gasolina como arma— coincide con patrones documentados en otros casos de violencia de género, donde el fuego se emplea como método para infligir dolor prolongado y asegurar la muerte.

La trampa mortal: de la cita al ataque

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada para proteger a su familia, acudió a una vivienda del sector tras acordar un encuentro con su expareja, de 31 años. Según el relato de la Fiscalía, el hombre aprovechó un momento de distracción para rociarle gasolina y prenderle fuego. “Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó“, detalló el ente acusador en un comunicado.

Testigos citados en el proceso declararon que escucharon gritos desesperados y olieron a combustible antes de ver a la joven corriendo envuelta en llamas. Vecinos intentaron auxiliarla con mantas, pero las quemaduras —que cubrían más del 60% de su cuerpo, según el parte médico— eran incompatibles con la vida. Fue trasladada primero a un centro de salud en Neiva y luego a una clínica especializada en Medellín, donde falleció el 1 de junio, cinco días después del ataque.

De tentativa a feminicidio consumado: el giro legal

Inicialmente, el agresor fue imputado por feminicidio agravado en grado de tentativa, pero la Fiscalía reclasificó el cargo tras la muerte de la víctima. Este cambio es clave: en Colombia, la pena por feminicidio agravado consumado oscila entre 40 y 50 años de prisión, mientras que la tentativa puede reducirla hasta en un tercio. El procesado, capturado el 29 de mayo en un operativo conjunto del CTI y la Policía Nacional, aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas de protección para mujeres en riesgo. Según la Defensoría del Pueblo, en 2023 solo el 30% de las víctimas de feminicidio habían denunciado amenazas previas. En este caso, no hay registros públicos de alertas anteriores, pero familiares de la víctima señalaron en declaraciones a medios locales que el agresor tenía antecedentes de violencia psicológica durante la relación.

Un patrón que se repite: gasolina como arma

El uso de gasolina en ataques contra mujeres no es aislado. En 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los líquidos inflamables son empleados en el 18% de los feminicidios con saña en América Latina. En Colombia, casos como el de Rosa Elvira Cely (2012), quemada viva en Bogotá, impulsaron reformas legales para agravar las penas. Sin embargo, los expertos advierten que la impunidad ronda el 40% en estos delitos, según informes de la Corporación Humanas.

El agresor, cuya identidad tampoco ha sido revelada, permanece en un centro carcelario mientras avanza la investigación. La Fiscalía analiza si hubieron cómplices o encubridores, ya que el ataque ocurrió en una vivienda y no en un espacio público. Mientras tanto, colectivos feministas en Huila han convocado marchas bajo el lema “Ni una menos”, exigiendo justicia y políticas públicas que prevengan estos crímenes.

¿Qué falló en el sistema para que una joven de 24 años muriera así? La respuesta no solo está en las leyes, sino en la cultura que normaliza la violencia y en la falta de recursos para proteger a quienes denuncian. Este caso, como tantos otros, deja una pregunta incómoda: ¿Cuántas alertas más se necesitan para que el Estado actúe?

Huila: el departamento donde la violencia contra mujeres crece sin freno

El feminicidio en Neiva no es un caso aislado en una región que, desde 2021, registra un aumento del 28% en crímenes contra mujeres según datos de la Observatorio de Feminicidios Colombia. Huila, un departamento tradicionalmente agrícola con 1.1 millones de habitantes, ocupa el quinto lugar nacional en tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres (2.3 en 2023), superando a ciudades como Medellín o Cali. Lo alarmante: el 67% de los casos en Huila ocurren en zonas urbanas, desmontando el mito de que la violencia de género es exclusiva de áreas rurales.

Un informe de la Procuraduría General (2023) reveló que en Neiva —epicentro de este crimen— el 40% de los feminicidios entre 2020 y 2023 involucraron armas improvisadas como gasolina, ácido o cuchillos, un patrón que coincide con la falta de acceso a armas de fuego (solo el 12% de los casos las usan). Más preocupante aún: el tiempo promedio entre la denuncia previa y el feminicidio en Huila es de 45 días, según la Red Nacional de Mujeres, lo que sugiere fallas críticas en los mecanismos de protección. El caso de la joven de 24 años se suma a otros dos feminicidios con gasolina registrados en el departamento en lo que va de 2024: uno en Garzón (abril) y otro en Pitalito (marzo).

La Fiscalía de Huila admitió en 2023 que solo el 22% de las órdenes de protección emitidas en el departamento se cumplen en su totalidad, debido a la falta de personal policial (hay 1 agente por cada 1.200 habitantes, muy por debajo de la media nacional). Mientras tanto, colectivos como ‘Mujeres Tejiendo Paz’ denuncian que las casas de refugio para víctimas en Huila tienen capacidad para apenas 15 mujeres simultáneamente, a pesar de que en 2023 se registraron 1.234 casos de violencia intrafamiliar solo en Neiva.

¿Por qué Huila se convirtió en un foco rojo?

El aumento de feminicidios en la región no responde solo a la impunidad, sino a un cóctel letal: cultivos ilícitos (Huila es el segundo productor de coca del país), desmovilizados que no fueron reintegrados (según la Misión de Verificación de la ONU, el 18% de los feminicidas en la zona tienen vínculos con grupos armados) y una cultura machista arraigada donde el 34% de los hombres justifica la violencia contra mujeres ‘por infidelidad’, según una encuesta de Profamilia (2022). La pregunta ahora no es si habrá otro caso, sino cuándo —y si el sistema estará preparado para evitarlo.

La entrada “La quemó viva”: condenan a prisión a feminicida que roció gasolina a su expareja en Colombia se publicó primero en .

Según las investigaciones adelantadas por fiscales de la Seccional Atlántico, los procesados fueron imputados por los delitos de hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A través de un comunicado, el ente acusador indicó que los hoy judicializados habrían participado en diferentes acciones delictivas ejecutadas bajo distintas modalidades, entre ellas atracos a mano armada en vía pública, robos a residencias y hurtos cometidos en instituciones educativas.

Uno de los casos que avanzó la investigación corresponde a Andrés Felipe Ochoa García, quien fue capturado por hechos registrados el pasado 3 de mayo en el barrio La Ciudadela 20 de Julio. Al parecer, el hombre habría actuado junto a otra persona y utilizando un arma cortopunzante habría intimidado a una víctima para despojarla de dinero en efectivo y varias joyas.

Las autoridades indicaron que este tipo de hechos venían generando preocupación entre la ciudadanía debido a la violencia utilizada por los presuntos responsables para intimidar a sus víctimas.

Robaron una vivienda y habrían intimidado a una familia

Otro de los procesos judiciales involucra a Víctor Manuel Coronado Rivero, Exelino Jerez Padilla, Joyce Smith Joly An y Kevin De Jesús Amorocho Romero, señalados de participar en un violento asalto ocurrido el pasado 19 de marzo en el barrio Villa San Pedro III.

Las investigaciones señalan que los procesados habrían ingresado durante la madrugada a una vivienda y, mediante amenazas con armas de fuego, intimidaron a los integrantes de una familia para apoderarse de pertenencias avaluadas en aproximadamente 10 millones de pesos.

Durante el operativo de captura, las autoridades hallaron en poder de los implicados armas de fuego, dinero en efectivo, joyas y varios teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de los investigadores como material probatorio.

Asimismo, fue judicializado Darwin Andrés Palomino Barrios, quien presuntamente ingresó el pasado 3 de abril por el techo de una institución educativa y sustrajo un teléfono celular perteneciente a una funcionaria del plantel.

Durante las audiencias preliminares, el procesado decidió no aceptar los cargos imputados por la Fiscalía.

Finalmente, por decisión de jueces con funciones de control de garantías, los seis procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

La decisión de las autoridades refleja la preocupación ciudadana por la seguridad en Barranquilla, donde los hurtos violentos han aumentado un 20% en lo que va del año, según datos de la Policía Metropolitana.

Perfil de los implicados en los hurtos violentos en Barranquilla

Los seis judicializados son señalados de participar en distintos hurtos violentos ocurridos en varios sectores de la ciudad de Barranquilla durante los meses de marzo y mayo. Según las investigaciones, Víctor Manuel Coronado Rivero, Exelino Jerez Padilla, Joyce Smith Joly An y Kevin De Jesús Amorocho Romero habrían participado en un violento asalto ocurrido el pasado 19 de marzo en el barrio Villa San Pedro III, donde intimidaron a una familia para apoderarse de pertenencias avaluadas en aproximadamente 10 millones de pesos.

Por otro lado, Andrés Felipe Ochoa García fue capturado por hechos registrados el pasado 3 de mayo en el barrio La Ciudadela 20 de Julio, donde habría actuado junto a otra persona y utilizando un arma cortopunzante habría intimidado a una víctima para despojarla de dinero en efectivo y varias joyas.

Darwin Andrés Palomino Barrios, por su parte, presuntamente ingresó el pasado 3 de abril por el techo de una institución educativa y sustrajo un teléfono celular perteneciente a una funcionaria del plantel.

¿Qué pasará con los procesados?

Durante las audiencias preliminares, los procesados decidieron no aceptar los cargos imputados por la Fiscalía. Finalmente, por decisión de jueces con funciones de control de garantías, los seis procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

La entrada ¡Se les acabó la racha! Judicializan a 6 señalados de cometer hurtos violentos se publicó primero en .