El presidente estadounidense avanzó que el anuncio oficial llegará durante la primera reunión de la organización, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington. Este espacio, recientemente rebautizado en su honor, será el escenario donde se formalizarán los compromisos económicos.

“El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, detalló Trump en su red Truth Social.

El mandatario subrayó además el despliegue de “miles de personas” para integrar la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad en Gaza. Sin embargo, condicionó el éxito de estas medidas a que Hamás cumpla con su “compromiso con la desmilitarización total e inmediata”. Desde una perspectiva analítica, este enfoque refleja una estrategia dual: reconstrucción material y control militar, donde la paz parece depender de la sumisión de un actor clave.

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Una Junta de Paz con ambiciones globales y divisiones profundas

Trump no escatimó en elogios hacia su creación, describiéndola como “el organismo internacional más importante de la historia”. La Junta, inicialmente concebida para supervisar el plan de paz en Gaza tras el conflicto con Hamás, ha ampliado su alcance para abordar otros focos de tensión mundial. Lo que esto revela es un intento de posicionar a EEUU —y a Trump en particular— como el eje central de una nueva arquitectura diplomática, paralela a las instituciones tradicionales.

La entidad ya celebró una reunión fundacional en Davos, Suiza, el pasado enero, con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto. Sin embargo, la adhesión no ha sido unánime: países como Francia, España y Suecia han rechazado sumarse, argumentando que la Junta podría debilitar el papel de la ONU. Este rechazo expone una fractura en la comunidad internacional, donde la lealtad a Trump y su visión parece dividir más que unir.

El estatuto de la Junta otorga amplios poderes a su presidente —en este caso, Trump—, incluyendo derecho de veto y la capacidad de fijar la agenda. Además, prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros, un detalle que sugiere una estructura jerárquica donde el poder económico se traduce en influencia política. La membresía permanente tiene un coste: 1.000 millones de dólares, una cifra que filtra a los participantes y refuerza el carácter elitista del proyecto.

Gaza: entre la esperanza de reconstrucción y la sombra de la violencia

El alto el fuego en Gaza, alcanzado en octubre como parte del plan impulsado por Trump, no ha logrado detener por completo la violencia. Según el Ministerio de Sanidad de Hamás, más de 600 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor del armisticio el 10 de octubre, incluyendo 10 víctimas esta madrugada. La pregunta clave ahora es cómo conciliar los fondos prometidos con la realidad sobre el terreno, donde la inestabilidad persiste.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza reporta al menos 72.060 muertos, entre ellos más de 20.000 niños. Estas cifras, junto al consenso internacional sobre posibles “actos de genocidio”, añaden una capa de urgencia ética al debate: ¿puede la reconstrucción avanzar sin justicia?

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Más allá de los números, lo que emerge es un escenario donde la diplomacia de Trump choca con una crisis humanitaria de proporciones históricas. La Junta de Paz, con su ambición y sus recursos, podría ser un faro de esperanza o un espejismo más en un conflicto que lleva décadas sin resolución.

¿Logrará este modelo de gobernanza global, liderado por una figura tan polarizante como Trump, imponerse donde otros han fracasado?

El poder blando de la economía en la geopolítica

La movilización de 5.000 millones para Gaza no es solo una inyección de capital, sino un instrumento de soft power que redefine el papel de EEUU en el conflicto. Lo que esto revela es cómo el poder económico se convierte en palanca de influencia, condicionando la estabilidad regional a la sumisión de actores como Hamás.

Desde una perspectiva analítica, la Junta de Paz actúa como un mecanismo de gobernanza paralela, donde la capacidad de veto de Trump y la membresía condicionada por aportes financieros crean una jerarquía basada en el poder adquisitivo. Esto no solo centraliza la autoridad en su figura, sino que también expone una fractura: la diplomacia tradicional, representada por la ONU, queda relegada frente a un modelo donde la participación tiene un precio.

La reconstrucción de Gaza, en este contexto, se plantea como una moneda de cambio. La promesa de fondos y seguridad —con el despliegue de fuerzas internacionales— queda supeditada a la desmilitarización de Hamás, lo que sugiere una paz negociada desde la asimetría. Más allá de los hechos, lo que emerge es un escenario donde la ayuda humanitaria y el control militar se entrelazan, priorizando la estabilidad sobre la justicia.

La pregunta clave

¿Puede un modelo de paz basado en el poder económico y la exclusión de actores disidentes —como los países que rechazan la Junta— sostenerse a largo plazo, o terminará reproduciendo las mismas tensiones que pretender resolver?

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