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El equipo empleó edición genética para explorar el cerebro de los roedores. Utilizaron CRISPR, unas tijeras moleculares, para separar circuitos neuronales específicos. Así observaron cómo la cocaína afectaba a regiones concretas e identificaron al ΔFosB como protagonista. Esta proteína actúa como interruptor genético, encendiendo y apagando genes en el circuito que une el centro de recompensa con el hipocampo, sede de la memoria. “El ΔFosB no solo se relaciona con estos cambios, sino que es imprescindible para que ocurran”, aclara por mensaje Andrew Eagle, neurocientífico conductual y coautor. “Sin ella, la cocaína no provoca los mismos efectos cerebrales ni el mismo deseo de consumo”.

El hallazgo fue relevante, aunque no inesperado. Se sabe que ΔFosB se acumula tras exposiciones repetidas a estímulos adictivos (drogas, alcohol, nicotina y conductas gratificantes). “A diferencia de otras proteínas de su familia, ΔFosB permanece mucho tiempo en las neuronas”, comenta por teléfono Rosario Moratalla, investigadora del CSIC que lleva más de tres décadas estudiando adicciones. “Además, es acumulativa. Su vida media es larga y, si continúas consumiendo, se incrementa y se prolonga aún más. Esto podría participar en los mecanismos de recaída”.

Por eso cuesta tanto dejar de fumar, consumir drogas o abusar de la comida ultraprocesada. La adicción no desaparece tras unos días de esfuerzo. Permanece latente, oculta en el cerebro. Una vez que alguien se vuelve adicto, no puede borrar esa condición; como mucho, puede anteponerle el prefijo “ex”.

En España, más de 100.000 personas presentan un consumo problemático de cocaína, según datos del Ministerio de Sanidad. Actualmente, no existe medicamento aprobado para tratarla. Quienes logran abandonarla no sufren la abstinencia física propia de los opioides, pero eso no implica que sea sencillo. La droga secuestra el cerebro, inundando los centros de recompensa con dopamina. Este refuerzo positivo engaña al cerebro haciéndole creer que realiza algo beneficioso en vez de destructivo. Incluso quienes consiguen dejarla enfrentan probabilidades adversas: cerca del 24 % recae en el consumo semanal y otro 18 % regresa a tratamiento al año.

En la búsqueda de una cura contra la adicción

El estudio posee muchas fortalezas y también limitaciones. Se realizó en ratones. “Además, todos eran machos”, señala Moratalla, lo que dificulta extrapolar conclusiones a humanos, al excluir a la mitad de la población. Muchos ensayos usan machos para evitar la variabilidad hormonal del ciclo menstrual, pero esto omite diferencias de género relevantes. Por último, la investigación analiza qué sucede al eliminar ΔFosB, pero no al incrementar su dosis.

Este último punto, opina la experta, habría reforzado las conclusiones. A pesar de ello, Moratalla considera el trabajo “robusto”, “importante” e incluso “bonito” por cómo emplea CRISPR para aislar circuitos y estudiarlos individualmente.

Nathan Marchant, neurólogo especializado en adicciones en la Universidad de Ámsterdam, coincide. Subraya el mérito de identificar una vía molecular específica de la cocaína, aunque lamenta la ausencia de hembras en el diseño. Comparte con los autores la certeza de que, tarde o temprano, aparecerá un fármaco eficaz. “Es un objetivo alcanzable; solo necesitamos descubrir el mecanismo”, afirma.

Esta misma semana, Marchant ha presentado su propio estudio sobre adicciones. Su objetivo era entender por qué quienes dependen del alcohol prefieren esta sustancia sobre cualquier otra recompensa. Cómo las adicciones secuestran el cerebro, reduciendo intereses, doblegando la voluntad y erosionando relaciones sociales. Su trabajo en ratones apunta a la ínsula anterior como responsable de sesgar la toma de decisiones hacia el alcohol. “Esto es potencialmente crucial para explicar cómo y por qué quienes padecen alcoholismo eligen persistentemente el alcohol en lugar de alternativas saludables”, señala.

La idea subyacente es que la adicción no es un defecto moral ni de voluntad. Es un problema de base neuronal, un factor externo que altera el cerebro y secuestra la conducta.

Algunos expertos sostienen que la adicción es una enfermedad y, como tal, curable. Pero incluye componentes biológicos, psicológicos y sociales. Además, no todas las adicciones son equivalentes. Marchant distingue entre drogas (incluido el alcohol) y recompensas naturales, como la comida ultraprocesada. “Los sistemas sobre los que actúan las drogas existen para registrar recompensas naturales, por lo que hay gran superposición. Sin embargo, las drogas suelen activar estos sistemas a niveles muy superiores a los del azúcar o alimentos hiperapetecibles”, explica. Esta diferencia es crucial.

La única adicción que ha encontrado algo parecido a una cura médica es la a la comida ultraprocesada, y con matices. Los agonistas del GLP-1, como Ozempic o Wegovy, han revolucionado el tratamiento de ciertos trastornos alimentarios. En un principio, al interferir con el circuito de recompensa, se barajó su posible efecto sobre el consumo de alcohol (algunos estudios lo sugieren débilmente). Pero su utilidad en otras adicciones es discutible. “En la cocaína no han demostrado eficacia”, aclara Rosario Moratalla. De momento, ese hipotético fármaco universal contra adicciones no existe. Pero expertos de todo el mundo siguen indagando qué hacen las sustancias adictivas en nuestro cerebro y qué podemos hacer para impedirlo.

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La conexión entre espiritualidad y reducción del uso de alcohol o drogas no es casual. El estudio, que revisó decenas de investigaciones previas, confirma que las personas con prácticas espirituales regulares —ya sea a través de la oración, la meditación o la participación en comunidades religiosas— presentan una probabilidad significativamente menor de caer en estos consumos.

El poder de la comunidad: cuando la frecuencia marca la diferencia

El efecto protector se intensifica entre aquellos que participan activamente en una comunidad espiritual o religiosa con una frecuencia superior a una vez por semana. Esto sugiere que no solo la práctica individual, sino también el sentido de pertenencia y el apoyo social, juegan un papel clave en la prevención.

Desde una perspectiva analítica, este hallazgo subraya la importancia de los lazos comunitarios como barrera contra conductas de riesgo. La pregunta clave ahora es cómo aprovechar este conocimiento en estrategias de salud pública, especialmente en contextos donde las intervenciones tradicionales no llegan a todos los grupos vulnerables.

Un problema de salud pública con cifras alarmantes

En EE. UU., cerca de 48,5 millones de personas —el 16,7 % de la población— padecen un trastorno por uso de alcohol o drogas, pero solo una de cada cuatro recibió atención en el último año. Este dato expone una brecha crítica en el acceso a tratamientos y refuerza la necesidad de explorar enfoques complementarios.

Lo que esto revela es que la espiritualidad podría ofrecer una vía adicional para llegar a quienes hoy quedan fuera del radar de los sistemas de salud tradicionales. Más allá de los números, emerge una oportunidad: integrar dimensiones no médicas, pero igualmente poderosas, en la lucha contra las adicciones.

Datos clave del estudio

El metanálisis publicado en JAMA Psychiatry incluyó 55 estudios con 540.712 participantes. Las investigaciones evaluaron, de forma longitudinal, la relación entre prácticas espirituales y el consumo de alcohol, tabaco, cannabis u otras drogas ilegales.

Principales conclusiones:

• Quienes practicaban alguna actividad espiritual mostraron un 13 % menos de probabilidad de consumir alcohol o drogas.
• Los asistentes habituales a servicios religiosos (más de una vez por semana) presentaron un 18 % menos de riesgo.
• El compromiso espiritual se asoció con mayores tasas de recuperación en personas con trastornos por consumo de sustancias.
• No se observaron diferencias significativas entre los tipos de sustancias analizadas.

Espiritualidad como escudo:: Los autores advierten que los estudios revisados emplearon definiciones distintas de espiritualidad. Algunos midieron asistencia a ceremonias religiosas; otros, prácticas individuales como la oración o la meditación. Esta diversidad metodológica dificulta establecer una relación causal directa.

Entre la correlación y la causalidad: los límites del estudio

Los autores advierten que los estudios revisados emplearon definiciones distintas de espiritualidad. Algunos midieron asistencia a ceremonias religiosas; otros, prácticas individuales como la oración o la meditación. Esta diversidad metodológica dificulta establecer una relación causal directa.

Analizando el contexto, lo que emerge es una asociación estadística robusta, pero no una prueba de que la espiritualidad, por sí sola, prevenga el consumo. También es posible que prácticas significativas para algunas personas —como la conexión con la naturaleza— no hayan sido suficientemente consideradas en las investigaciones.

Los investigadores proponen que futuros trabajos profundicen en los mecanismos subyacentes a esta relación, explorando cómo la espiritualidad impacta en distintos grupos y contextos sociales. La pregunta clave ahora es si estos hallazgos pueden traducirse en intervenciones prácticas y accesibles.

Espiritualidad en la consulta: un enfoque integral

El mensaje central del estudio es claro: la espiritualidad podría integrarse como un componente más en los programas de prevención y tratamiento de adicciones. No se trata de reemplazar los enfoques médicos o psicológicos, sino de enriquecerlos con una dimensión que, para muchos, es fundamental.

Los expertos sugieren que los profesionales de la salud incluyan preguntas breves durante la consulta, como: “¿Son importantes para usted la religión o la espiritualidad cuando piensa en su salud?” o “¿Tiene o le gustaría tener a alguien con quien hablar sobre temas espirituales o religiosos?”. Estas preguntas, aparentemente simples, podrían abrir puertas a conversaciones que hoy no se están teniendo.

¿Podría la espiritualidad, en un futuro cercano, convertirse en un pilar más de los tratamientos contra las adicciones, junto a la terapia y la medicación?

El capital social como mecanismo de protección

Más allá de la práctica individual, lo que este estudio sugiere es que el verdadero escudo contra las adicciones podría residir en el tejido comunitario que generan las prácticas espirituales. La frecuencia semanal no solo refuerza el compromiso personal, sino que activa redes de apoyo mutuo, donde la responsabilidad colectiva y el sentido de propósito actúan como barreras naturales.

Desde una perspectiva analítica, este hallazgo invita a repensar el enfoque tradicional de la prevención, centrado en mensajes de riesgo individual. Lo que emerge es la necesidad de diseñar intervenciones que fomenten la conexión humana, no solo la abstinencia. La espiritualidad, en este contexto, funciona como un catalizador de capital social: un recurso intangible pero medible en su impacto.

La pregunta clave ahora es cómo escalar este modelo. Si el efecto protector se intensifica con la participación comunitaria, ¿podrían las políticas públicas incentivar espacios —no necesariamente religiosos— que repliquen estas dinámicas de pertenencia y apoyo?

La paradoja de la accesibilidad

El estudio revela una ironía: mientras los sistemas de salud luchan por llegar a grupos vulnerables, las comunidades espirituales ya lo hacen de forma orgánica. La oportunidad está en puentear ambos mundos, integrando en los programas de prevención el poder de lo colectivo, sin reducirlo a una dimensión estrictamente religiosa. El desafío, entonces, no es solo médico, sino cultural: normalizar la espiritualidad como herramienta de salud pública, sin imponer creencias.

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Según la Encuesta Estudes 2025 del Ministerio de Sanidad, un 38,4% de los estudiantes de 14 a 18 años consumió estas bebidas en el último mes. Ante este escenario, el Ministerio de Consumo anunció este miércoles una normativa para prohibir su venta a menores de 16 años, y hasta los 18 para aquellas con más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lo justificó antes de reunirse en Barcelona con representantes de la Gasol Foundation: “Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes”. El ministro no detalló el formato de la prohibición, pero subrayó su amplio respaldo social, avalado por un barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan): nueve de cada diez personas en España apoyan restringir su consumo a menores, incluyendo un 88,3% de los jóvenes entre 18 y 35 años.

Un consumo extendido y arriesgado

Los datos de la Aesan revelan que un 25% de la población española consume bebidas energéticas, con una frecuencia media de 2,1 veces por semana. Casi la mitad (49%) de los consumidores ingieren al menos una al día, y el 47% las mezcla regularmente con alcohol, una práctica de alto riesgo. La Encuesta Estudes profundiza en el perfil de los menores: casi cuatro de cada diez estudiantes de 14 a 18 años las han consumido en el último mes, con mayor prevalencia en chicos (45,7%) que en chicas (31,0%). Los varones de 16 (48,3%), 17 (49,1%) y 18 años (51,6%) son los que más las ingieren. Además, el 15,2% de los estudiantes de esa franja de edad ha mezclado estas bebidas con alcohol en los últimos 30 días, con un consumo mayor en hombres (17,5%) que en mujeres (12,8%).

El mercado, por su parte, no para de crecer: según Circana, en 2025 los españoles compraron 105 millones de litros de bebidas energéticas, un 13,7% más que el año anterior y un 38,7% más en cuatro años. Las ventas del año pasado rozaron los 300 millones de euros.

Desde una perspectiva analítica, estos números dibujan un fenómeno social normalizado, donde el riesgo se disfraza de hábito cotidiano. La pregunta clave ahora es si la prohibición llegará a tiempo para revertir una tendencia que ya ha calado en generaciones enteras.

Alineación con Europa y las autonomías

El Ministerio destaca que la medida se alinea con las adoptadas por países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, así como con normativas autonómicas como las de Galicia (PP), que ya prohíbe su venta y consumo a menores, o Asturias (PSOE), que planea hacerlo. Para Bustinduy, estas restricciones refuerzan la necesidad de armonizar la legislación a nivel estatal, favoreciendo la unidad de mercado.

Lo que esto revela es un cambio de paradigma: de la autorregulación a la intervención pública. La decisión de actuar a nivel nacional sugiere que el Estado asume su responsabilidad en un ámbito donde la salud pública choca con intereses comerciales.

Efectos fisiológicos: más allá de la cafeína

El departamento de Bustinduy ya prohibió el año pasado la venta de estas bebidas en los centros escolares mediante el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Además, la Aesan elaboró un informe en 2021 donde advertía que el consumo excesivo de cafeína puede provocar alteraciones del sueño, efectos psicológicos, cambios de comportamiento y trastornos cardiovasculares.

La literatura científica respalda estos riesgos: taquicardias, arritmias, ansiedad, hipertensión, deshidratación, insomnio e, en casos extremos, convulsiones o infartos. Su consumo habitual también se asocia a obesidad, diabetes tipo 2 y, al mezclarse con alcohol, potencia el riesgo de intoxicación etílica. De hecho, la Aesan recomienda desde 2024 que los menores no consuman este tipo de bebidas.

Jesús Francisco García-Gavilán, investigador en alimentación de la Universitat Rovira i Virgili, explicó al portal Science Media Centre (SMC España) que, durante la adolescencia, el cerebro está en una fase crítica de desarrollo. La ingesta de altas dosis de cafeína altera la calidad del sueño, el sistema de recompensa dopaminérgico y aumenta la vulnerabilidad a problemas de memoria, ansiedad, depresión y conductas adictivas. Además, ha señalado un incremento en consultas pediátricas por taquicardias, arritmias, síncopes y picos hipertensivos, eventos antes excepcionales.

Javier Sánchez Perona, del Instituto de la Grasa-CSIC, advirtió a SMC España sobre el engaño semántico: “La denominación de “bebida energética” puede dar lugar a confusión, ya que se puede pensar que proporcionan energía. El peligro es que se sustituyan comidas importantes, como el desayuno, por este tipo de bebidas, provocando un riesgo de déficit de energía y nutrientes”.

Más allá de los hechos, lo que emerge es una paradoja: un producto que promete energía está generando una generación con más fatiga, más ansiedad y más problemas de salud. ¿No es irónico que lo que se vende como un impulsor vital esté mermando el bienestar de quienes más lo consumen?

Publicidad de alimentos no saludables: el siguiente frente

En paralelo, Bustinduy recordó la intención de restringir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores, una regulación que la industria alimentaria —con el apoyo del Ministerio de Agricultura— logró frenar en la anterior legislatura. “Son anuncios nocivos para su salud”, afirmó el ministro.

El barómetro de la Aesan refleja un amplio respaldo social a esta medida: casi el 80% de la población cree que debería prohibirse la publicidad de alimentos no saludables a menores. Además, el ministro destacó datos preocupantes: en España, cada niño recibe más de 4.000 anuncios publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión, es decir, casi 11 al día, o 30 si se incluyen otros canales de comunicación.

Bustinduy remarcó la importancia de proteger a la población infantil y adolescente de estos anuncios, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Aesan. Países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia ya han adoptado medidas similares.

Analizando el contexto, la prohibición de las bebidas energéticas parece ser solo el primer paso en una batalla más amplia contra la mercadotecnia de productos perjudiciales. La pregunta que surge es: ¿estamos dispuestos, como sociedad, a priorizar la salud de las generaciones futuras sobre los intereses económicos de la industria?

El desafío cultural: desnormalizar un hábito arraigado

La prohibición de venta a menores no es solo una medida sanitaria, sino un intento de revertir una normalización social. Lo que esto revela es que el consumo de bebidas energéticas se ha integrado en rituales juveniles —desde el estudio hasta el ocio nocturno— como un elemento más de identidad grupal.

Desde una perspectiva analítica, el reto va más allá de la regulación: requiere desmontar la percepción de inocuidad que rodea a estos productos. La mezcla con alcohol, mencionada en el artículo, no es casual: refleja cómo el riesgo se camufla tras prácticas socialmente aceptadas. La pregunta clave ahora es si la ley logrará romper el círculo vicioso entre publicidad, consumo y normalización.

Más allá de los hechos, lo que emerge es una paradoja reguladora: mientras el Estado actúa sobre las bebidas energéticas, persisten vacíos legales en otros frentes, como la publicidad de alimentos no saludables. Esto sugiere que la batalla por la salud pública avanza en capas, pero aún queda por ver si la sociedad está preparada para asumir el costo de priorizar el bienestar sobre el consumo.

La pregunta clave

¿Podrá una normativa cambiar hábitos cuando el mercado, la publicidad y hasta la cultura juvenil han convertido el riesgo en un gesto cotidiano? La efectividad de la medida dependerá de su capacidad para transformar no solo el acceso, sino también la percepción.

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Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un mensaje contundente a los gobiernos: los sistemas fiscales actuales permiten que productos dañinos mantengan precios accesibles, disparando riesgos para la salud pública. Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “en la mayoría de los países, los impuestos son demasiado bajos para ser eficaces, están mal diseñados, no se ajustan con regularidad y rara vez se alinean con los objetivos de salud pública”.

Lo que esto revela es un fallo estructural: la fiscalidad no solo no protege, sino que perpetúa un modelo donde la prevención queda relegada. La pregunta clave ahora es si los Estados actuarán con la urgencia que exige una crisis que, según la OMS, se intensifica entre niños y adultos jóvenes, grupos especialmente vulnerables a enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes o patologías cardiovasculares.

Impuestos que no siguen el ritmo de la inflación: un error de diseño

Uno de los problemas centrales señalados por la OMS es la ausencia de mecanismos automáticos para actualizar los impuestos según la inflación. Esto hace que, con el tiempo, el alcohol y las bebidas azucaradas se vuelvan progresivamente más baratos, incentivando su consumo. La organización propone, a través de su iniciativa “3 por 35”, aumentar en al menos un 50% los precios reales de estos productos para 2035, mediante subidas impositivas adaptadas a cada contexto.

Desde una perspectiva analítica, esta falta de ajuste no es casual: refleja una priorización de intereses económicos a corto plazo sobre la salud pública. Más allá de los hechos, lo que emerge es un sistema donde la prevención se subordina a la comodidad fiscal.

Alcohol: el mito del “consumo moderado” y sus consecuencias

A julio de 2024, 167 países aplicaban impuestos al alcohol, y 12 mantenían prohibiciones totales. Sin embargo, la OMS señala que, desde 2022, el alcohol se ha vuelto más asequible en la mayoría de los países. El hepatólogo Juan Turnes, jefe de servicio de aparato digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, advierte: “El alcohol produce daños mucho más allá del hígado. Provoca daño neurológico, cardiovascular, y tiene un impacto relevante en los accidentes de tráfico y en la violencia”.

El discurso público, impulsado por la industria, suele promover el “consumo responsable” como opción segura. Pero la evidencia científica es clara: no existe un umbral de ingesta libre de riesgos. Turnes es taxativo: “El alcohol es un tóxico y la única cantidad segura es cero”. Según la OMS, el uso nocivo del alcohol provoca alrededor de 2,6 millones de muertes anuales en el mundo, además de generar elevados costes sociales y económicos.

Analizando el contexto, la incoherencia salta a la vista: mientras el vino está exento de impuestos especiales en al menos 25 países (la mayoría en Europa), la OMS recomienda gravar todas las bebidas alcohólicas para evitar sustituciones no deseadas. Esta excepción no solo contradice las directrices sanitarias, sino que envía mensajes equívocos sobre los riesgos reales.

Turnes destaca que la patología relacionada con el alcohol es la más visible en las consultas de hepatología, y su reducción tendría un impacto medible tanto a nivel individual como poblacional. El caso de Escocia, donde en 2018 se introdujo un precio mínimo unitario por unidad de alcohol, demuestra que las políticas fiscales pueden ser efectivas: “Lo que buscaban era atajar el consumo de bebidas baratas y de alta graduación, las que tenían mayor impacto sobre la salud”.

¿Funcionan los impuestos? Depende de su destino

Turnes no duda de la eficacia de los impuestos como herramienta preventiva: “Numerosos estudios demuestran que reducen el consumo, sobre todo a corto plazo”. El problema, subraya, es el uso que se da a esos ingresos. “En la mayor parte de los países, ese dinero se integra en los presupuestos generales del Estado, sin dedicarse a salud pública, deshabituación o tratamiento”.

Desde una perspectiva crítica, esto expone una paradoja: se recauda por dañar la salud, pero no se reinvierte en repararla. La pregunta que surge es inevitable: ¿de qué sirve gravar productos nocivos si los fondos no se destinan a mitigar sus efectos?

El alcoholismo: un problema más allá del precio

Para Ana Polache, catedrática de Farmacia en la Universitat de València, vincular directamente subidas de impuestos con la reducción del consumo “es simplificar mucho el problema”. “El trastorno por consumo de alcohol es extremadamente complejo”, apunta. Además, el alcohol no afecta por igual a todos los grupos sociales: en personas de clase alta, el precio puede no ser un disuasorio, y en casos de dependencia severa, el consumo persiste “hagas lo que hagas”.

Polache relata su experiencia en institutos, donde muestra imágenes de neuroimagen para concienciar sobre el daño cerebral del alcoholismo crónico. “No vale decir “esto es malo”. Hay que enseñar qué le pasa al cerebro. Las personas debemos ser conscientes del daño potencial”.

Lo que esto revela es que, aunque los impuestos son una herramienta útil, la solución requiere un enfoque multidimensional: educación, apoyo social y recursos sanitarios estables.

Bebidas azucaradas: gravámenes insuficientes y mal enfocados

En 2024, al menos 116 países aplicaban impuestos (con una mediana del 2%) a las bebidas azucaradas. Sin embargo, la cobertura es incompleta: productos como los zumos 100% naturales, las bebidas lácteas azucaradas o los cafés y tés preparados rara vez se gravan. Anne-Marie Perucic, de la OMS, advierte que el 2% “es muy bajo” si se compara con el 50-60% de los productos del tabaco.

El informe vincula el aumento del consumo de estos productos con mayores riesgos de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y caries. Solo ocho países aplican impuestos basados en la cantidad de azúcar: Botsuana, Islas Cook, Francia, Mauricio, Mozambique, Sierra Leona, Sudáfrica y Zimbabue.

La desigualdad regional es evidente: mientras el 89,4% de los países africanos aplican estos gravámenes, solo el 42% de los europeos lo hacen. Turnes critica este “consumo absurdo” cuando existen alternativas sin azúcares añadidos y reclama: “Que tengamos que recurrir a impuestos para cambiar estos hábitos es, en el fondo, un fracaso como sociedad”.

Aunque estos impuestos generan ingresos, solo 10 de los 116 países analizados los destinan a programas de salud, principalmente a cobertura sanitaria universal. Turnes advierte de un crecimiento “casi exponencial” de la enfermedad hepática metabólica, asociada a diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. “El exceso de azúcar es un factor de riesgo, pero el problema es más amplio: está ligado a hábitos alimentarios globales, ultraprocesados y estilos de vida poco saludables”.

El caso de México, donde en 2014 se introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas, muestra que el consumo puede desplazarse hacia opciones más saludables, como el agua. Sin embargo, Turnes matiza: “Eliminar solo las bebidas azucaradas puede no tener el impacto directo que algunos predicen, por los efectos de sustitución”.

¿Estamos condenados a depender de medidas fiscales para corregir hábitos que, en el fondo, son un reflejo de fallos estructurales en educación, acceso a alimentos saludables y políticas públicas?

El conflicto entre fiscalidad y salud pública: una batalla de prioridades

La advertencia de la OMS no solo expone un fallo técnico en los sistemas fiscales, sino una tensión estructural entre intereses económicos y el bienestar colectivo. Lo que esto revela es que la inacción no es neutral: perpetúa un modelo donde la salud pública se subordina a la comodidad política y a la presión de industrias poderosas.

Desde una perspectiva analítica, la falta de ajuste automático de los impuestos —mencionada explícitamente— no es un descuido, sino una elección. Priorizar la estabilidad fiscal a corto plazo sobre la prevención de enfermedades crónicas refleja una visión miope: los costes sanitarios futuros superarán con creces los ingresos actuales. Más allá de los hechos, lo que emerge es un sistema donde la fiscalidad, en lugar de ser una herramienta de protección, se convierte en cómplice de la crisis.

La incoherencia en el tratamiento del alcohol —con exenciones para el vino en 25 países— y la baja cobertura de los gravámenes a bebidas azucaradas demuestran que el problema no es la falta de instrumentos, sino la voluntad de aplicarlos con rigor. La pregunta clave ahora es si los gobiernos están dispuestos a asumir el coste político de alinear sus políticas fiscales con las evidencias sanitarias.

La paradoja de recaudar sin reparar

Gravar productos nocivos sin destinar los ingresos a salud pública es como apagar un incendio con gasolina: se recauda por el daño, pero no se invierte en mitigarlo. Este desajuste expone una contradicción profunda: los Estados reconocen el problema, pero no actúan con la coherencia que exige. La solución no está solo en subir impuestos, sino en cerrar el círculo entre recaudación, prevención y tratamiento.

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