“Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear“, aseguró Trump en una entrevista para un pódcast, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto. La declaración contrasta con la postura histórica de Irán, que siempre ha negado buscar capacidad nuclear bélica, aunque su programa de enriquecimiento de uranio —limitado por el acuerdo JCPOA de 2015 (del que EEUU se retiró en 2018)— sigue siendo un punto de fricción. Horas antes, el mandatario había desmentido en redes sociales que las negociaciones estuvieran suspendidas, como habían informado medios iraníes cercanos al régimen.

Escalada militar: ataques cruzados en el Golfo Pérsico

Las palabras de Trump coincidieron con una nueva ola de violencia. El Ejército de EEUU confirmó “ataques de autodefensa” contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, utilizando “fuerzas aliadas” para neutralizar “varios misiles balísticos y drones” lanzados desde Irán hacia Kuwait y Bahréin. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) también admitió haber disparado un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna sin carga y con bandera de Botsuana, que navegaba hacia la isla de Kharg —principal puerto petrolero iraní— tras ignorar “repetidas advertencias” en el marco del bloqueo marítimo impuesto por Washington.

La respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado un buque estadounidense, el Panaya, como represalia por un supuesto ataque previo de EEUU contra un petrolero iraní cerca de Ormuz. Según un comunicado recogido por la agencia Tasnim, el buque enemigo fue alcanzado con “misiles navales” tras dañarse la sala de máquinas de la embarcación iraní. Teherán también acusó a Kuwait y Bahréin de ser “cómplices directos” de los bombardeos estadounidenses, al permitir —según alega— que su territorio se usara para lanzar ofensivas. El Ministerio de Exteriores iraní subrayó su “derecho a defenderse” en un contexto donde la soberanía marítima y el tráfico de petróleo se han convertido en monedas de cambio.

Contexto: ¿un acuerdo nuclear encubierto o una estrategia de presión?

La afirmación de Trump sobre un acuerdo nuclear implícito con Irán genera escepticismo. Desde 2018, cuando EEUU abandonó el JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto), las relaciones se han deteriorado: sanciones económicas asfixiantes, el asesinato del general Qasem Soleimani en 2020 y una carrera armamentística encubierta. Irán ha incrementado su enriquecimiento de uranio hasta el 60% —cerca del nivel necesario para armas— aunque insiste en que su programa es “pacífico”.

El posible diálogo directo con Jamenei, máximo líder iraní desde 1989, sería un cambio radical. Hasta ahora, las negociaciones indirectas (a través de intermediarios como Omán o Qatar) habían sido la norma. Sin embargo, fuentes cercanas al régimen iraní han negado cualquier contacto con Trump, tachando sus declaraciones de “propaganda electoral” en plena campaña por las elecciones de noviembre. ¿Busca el mandatario presionar a Teherán o mostrar un logro diplomático en un año clave?

Lo cierto es que la región vive su momento más tenso desde la Guerra del Golfo (1990-1991). El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, se ha convertido en un polvorín. Mientras Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos refuerzan sus defensas aéreas, el riesgo de un conflicto abierto —con consecuencias globales para los mercados energéticos— es mayor que nunca.

El JCPOA de 2015: claves del acuerdo que EEUU abandonó y que ahora podría resucitar en secreto

La mención de Trump al acuerdo JCPOA de 2015 —del que EEUU se retiró en 2018— no es casual. Este pacto, firmado por Irán, el grupo P5+1 (EEUU, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania) y la UE, limitaba el enriquecimiento de uranio iraní al 3,67% (muy por debajo del 90% necesario para armas nucleares) a cambio del levantamiento de sanciones. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Irán cumplió estrictamente el acuerdo hasta la salida de Washington, momento en que Teherán comenzó a incrementar gradualmente su capacidad: en 2019 superó el límite de 300 kg de uranio enriquecido, y en 2021 alcanzó el 60%, un récord histórico para su programa civil.

Lo que pocos recuerdan es que el JCPOA incluía un mecanismo de ‘sunset clauses’ (cláusulas de caducidad): entre 2025 y 2030, las restricciones a Irán irían desapareciendo, incluyendo las inspecciones intrusivas. Este detalle —criticado por Israel y Arabia Saudí— explica por qué Trump lo calificó de *«el peor acuerdo de la historia»* en 2018. Sin embargo, datos de la AIEA muestran que, bajo el JCPOA, Irán redujo su stock de uranio enriquecido en un 98% (de 12.000 kg a 200 kg) y desmanteló dos tercios de sus centrifugadoras. La pregunta ahora es: ¿está Trump negociando un JCPOA 2.0 con cláusulas más duras, o solo busca una tregua temporal para evitar un conflicto antes de las elecciones?

Un dato clave: en febrero de 2024, Irán y EEUU mantuvieron negociaciones indirectas en Omán para liberar rehenes estadounidenses a cambio de fondos iraníes congelados. Aunque no se logró un acuerdo nuclear, fue la primera vez en años que ambos países sentaron bases para un diálogo. Fuentes de la ONU revelaron entonces que Teherán había ofrecido congelar el enriquecimiento al 60% si Washington levantaba sanciones al sector petrolero. ¿Es esto lo que Trump ahora presenta como una *«renuncia a armas nucleares»*?

¿Un farol electoral o el preludio de un pacto histórico?

El timing de las declaraciones de Trump —en plena convención republicana y con las encuestas ajustadas— sugiere que el componente electoral pesa tanto como el diplomático. Pero hay un precedente inquietante: en 2020, tras el asesinato de Soleimani, Irán respondió con un ataque con 22 misiles balísticos a bases estadounidenses en Irak, sin víctimas, en lo que analistas calificaron de *«respuesta calculada para evitar una guerra total»*. Hoy, con el estrecho de Ormuz como escenario y el 20% del petróleo mundial en juego, cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto que ni siquiera un acuerdo nuclear improvisado podría frenar. La próxima semana, la AIEA publicará su informe trimestral sobre Irán: si confirma un freno en el enriquecimiento, la narrativa de Trump ganará peso; si no, la crisis entrará en una fase aún más peligrosa.

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Con 19,6 millones de votos emitidos —la abstención más baja en décadas (45,2%)—, los resultados sorprendieron a las encuestas, que daban como favorito a Cepeda. De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, capitalizó el apoyo de Valencia (1.6 millones de votos) y se posicionó como el favorito matemático para la segunda vuelta: sus votos más los de Valencia ya suman el 50,6%, aunque su discurso radical podría alienar a moderados.

El mapa electoral refleja la división: De la Espriella arrasó en zonas rurales y conservadoras (como el Eje Cafetero y la Costa Atlántica), mientras Cepeda dominó en Bogotá, Medellín y regiones con tradición de izquierda. La polarización supera incluso la de 2022, cuando Gustavo Petro ganó con 11,2 millones de votos frente a una derecha fragmentada.

El fantasma de la deslegitimación y las críticas internacionales

El presidente Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda (del partido Pacto Histórico), cuestionaron el preconteo y exigieron un escrutinio “transparente”. La reacción generó críticas de figuras como Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch:

“Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable”, declaró Goebertus, recordando que la Misión de Observación Electoral de la OEA ya había avalado el proceso.

El escepticismo de Petro —quien en 2018 también impugnó resultados— contrasta con los datos: la Registraduría Nacional reportó que el 99,8% de las mesas fueron transmitidas sin incidencias. Sin embargo, el clima de desconfianza persiste, alimentado por la historia reciente: en 2018, el entonces candidato Petro denunció un supuesto “fraude” que nunca se probó.

La batalla por los votos decisivos: centro, abstención y voto en blanco

Con 17 millones de colombianos que no votaron en la primera vuelta (a pesar del récord de participación), ambos candidatos deberán movilizar a sectores clave:

• El centro de Sergio Fajardo (1 millón de votos, 4,26%): Fajardo, excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, evitó apoyar abiertamente a Cepeda, a quien acusó durante la campaña de ser “un títere de Petro”. Su voto podría inclinarse por Cepeda si este modera su discurso, pero Fajardo ya advirtió: “Nuestro millón de votos definirá el futuro del país”.
• Los 480.000 votos en blanco: Equivalentes al 2,1% del total, superan a nueve candidaturas combinadas. Cepeda intentará atraerlos con un mensaje de “unidad nacional”, mientras De la Espriella los descalificó como “votos perdidos”.
• La derecha moderada de Claudia López (225.000 votos): La exalcadesa de Bogotá, del partido Alianza Verde, representa un electorado urbano y progresista que podría decantarse por Cepeda para frenar a la ultraderecha.
• Los 206.000 votos de Santiago Botero: Su candidatura Romper el Sistema, de corte antipolítico, podría migrar hacia De la Espriella, quien ha prometido “acabar con la clase política tradicional”.

El desafío de Cepeda es claro: necesita al menos 3,5 millones de votos adicionales para remontar, mientras De la Espriella podría ganar con solo retener su base y sumar el 60% de los votos de Valencia. La estrategia de la ultraderecha pasa por explotar el miedo al “petrismo” (asociando a Cepeda con las políticas de Petro) y prometer “mano dura” contra la inseguridad, un tema que el 78% de los colombianos considera prioritario, según Invamer.

El contexto histórico: de Uribe a la ultraderecha

La irrupción de De la Espriella marca un punto de inflexión en la política colombiana, dominada durante décadas por dos fuerzas:

1. El bipartidismo Liberal-Conservador (1848–2002): Durante 150 años, estos partidos se alternaron en el poder, con episodios violentos como La Violencia (1948–1958), que dejó 200.000 muertos. Su declive comenzó con la Constitución de 1991, que abrió el sistema a nuevas fuerzas.
2. La era Uribe (2002–2010): Álvaro Uribe, con su discurso de “seguridad democrática”, rompió el bipartidismo al ganar en primera vuelta en 2002 (53%) y 2006 (62%). Su legado incluye la desmovilización de las AUC (paramilitares) y una ofensiva militar contra las FARC, pero también acusaciones de vínculos con grupos armados ilegales.
3. El resurgir de la izquierda (2018–2024): Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, llevó a la izquierda a una segunda vuelta en 2018 (perdiendo contra Iván Duque) y ganó en 2022. Su gobierno, sin embargo, enfrenta una aprobación del 27% (Datexco), lastrado por reformas fallidas y una percepción de inseguridad.

De la Espriella representa una nueva ultraderecha, más radical que el uribismo clásico. Su partido, Defensores de la Patria, propone:

• Eliminar el Acuerdo de Paz con las FARC (firmado en 2016).
• Restablecer la pena de muerte para violadores y asesinos.
• Reducir impuestos a empresas y eliminar “subsidios a vagos” (en referencia a programas sociales).
• Aliarse con partidos como Vox (España) y Jair Bolsonaro (Brasil) en un “eje conservador latinoamericano”.

Cepeda, en cambio, hereda el proyecto de Petro pero con un perfil menos confrontativo. Su propuesta incluye:

• Ampliar la reforma agraria para redistribuir tierras a campesinos.
• Mantener el Acuerdo de Paz pero con “ajustes” para perseguir a disidencias de las FARC.
• Crear un sistema de salud universal (similar al de Costa Rica).
• Negociar con el ELN, la última guerrilla activa, para un “acuerdo humanitario”.

¿Qué está en juego el 21 de junio?

Más que un cambio de gobierno, esta elección define el modelo de país:

El escenario internacional también pesa: un triunfo de De la Espriella alinearía a Colombia con el Grupo de Lima (contra Venezuela y Nicaragua), mientras Cepeda buscaría reintegrar al país en UNASUR y CELAC, bloques liderados por gobiernos progresistas.

Los mercados ya reaccionaron: el peso colombiano se devaluó un 1,8% el lunes siguiente a la primera vuelta, y el riesgo país subió a 210 puntos básicos (el más alto desde 2020), según Bloomberg. Los analistas atribuyen la volatilidad a la incertidumbre: De la Espriella promete “revisar” contratos con multinacionales, mientras Cepeda planea gravar con impuestos las exportaciones de carbón y petróleo.

El factor Petro: ¿ayuda o lastre para Cepeda?

El presidente Gustavo Petro, cuya popularidad cayó al 27% (Invamer), es un arma de doble filo para Cepeda. Por un lado, su base de apoyo (11,2 millones en 2022) es clave; por otro, el 63% de los colombianos desaprueba su gestión. De la Espriella ya explotó este punto en su discurso:

“Cepeda no es más que el candidato de Petro para perpetuar el caos. ¿Quieren cuatro años más de inflación, inseguridad y divisiones?”, declaró en su mitin post-elecciones.

Cepeda, sin embargo, intentó distanciarse: “Mi gobierno será de unidad nacional, no una continuación del actual”. Pero el desafío es mayúsculo: el 58% de los colombianos cree que el país “va por mal camino” (Gallup), y el 72% exige “cambios profundos”.

La sombra de la violencia electoral

Colombia arrastra un historial de violencia política: desde el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 (que desencadenó El Bogotazo) hasta el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. En lo que va de 2024, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado:

• 12 asesinatos de líderes sociales (7 de ellos en zonas rurales).
• 43 amenazas a candidatos locales (especialmente en Cauca y Nariño).
• 3 atentados contra sedes de partidos (dos del Pacto Histórico y uno de Centro Democrático).

El riesgo de brotes violentos post-elecciones es real. La Defensoría del Pueblo activó un “plan de contingencia” con 1.200 observadores en 30 municipios de alto riesgo, incluyendo Tumaco, Arauca y el Catatumbo, donde operan disidencias de las FARC y el ELN.

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El 21 de junio, Colombia no elige solo un presidente, sino qué versión de su historia prevalecerá: ¿el autoritarismo que promete orden a cualquier costo, o la izquierda que apuesta por reformas sociales en un país cansado de la desigualdad? La respuesta podría redefinir no solo a Colombia, sino el equilibrio geopolítico de Sudamérica. Mientras tanto, una pregunta resuena: ¿Podrá un país tan dividido gobernarse sin fracturarse?

El precedentes de las segundas vueltas más polarizadas en América Latina: lecciones para Colombia

La segunda vuelta del 21 de junio no es solo un duelo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, sino un reflejo de un fenómeno regional: elecciones binarias donde la polarización supera el 90% del electorado, dejando márgenes mínimos y sociedades divididas. En los últimos cinco años, al menos cuatro países latinoamericanos vivieron escenarios similares, con consecuencias que van desde gobiernos paralizados hasta crisis institucionales. Colombia podría repetir —o evitar— esos patrones.

El caso más cercano es Brasil (2022), donde Lula da Silva venció a Jair Bolsonaro por apenas 2,1 millones de votos (50,9% vs. 49,1%), el margen más ajustado desde la redemocratización. La polarización post-electoral derivó en ataques a sedes del Tribunal Superior Electoral, bloqueos de carreteras por camioneros bolsonaristas (que duraron 72 horas) y una investigación por intento de golpe de Estado tras la invasión al Congreso el 8 de enero de 2023. Según la Universidad de São Paulo, el costo económico de esos disturbios superó los $1.200 millones en daños materiales y pérdida de productividad. Más preocupante aún: el 38% de los brasileños seguía creyendo en 2024 que hubo fraude, pese a que ninguna prueba fue presentada, según Datafolha.

Otros ejemplos reveladores:

• Perú (2021): Pedro Castillo (izquierda) derrotó a Keiko Fujimori (derecha) por 44.000 votos (50,13% vs. 49,87%). Fujimori denunció fraude sin pruebas, pero la Misión de Observación de la OEA validó los resultados. El gobierno de Castillo duró 17 meses: fue destituido tras intentar disolver el Congreso, lo que desencadenó protestas con 60 muertos y una crisis que aún persiste.
• Ecuador (2023): Daniel Noboa (centro-derecha) ganó en segunda vuelta con 52,3% frente a Luisa González (correísta), pero el voto nulo y en blanco sumó el 18%, el más alto en 20 años. Noboa gobernó con aprobación inicial del 60%, pero su alianza con la derecha tradicional lo llevó a enfrentar paros indígenas en junio de 2024, con 10 días de bloqueos y pérdidas por $800 millones, según la Cámara de Comercio de Quito.
• Chile (2021): Gabriel Boric (izquierda) venció a José Antonio Kast (ultraderecha) con 55,9%, pero la abstención alcanzó el 53%, la más alta desde 1989. Boric asumió con un Congreso fragmentado (7 partidos con representación) y su reforma tributaria —bandera de campaña— fue rechazada en 2023, obligándolo a negociar con la derecha.

En todos estos casos, hubo un denominador común: la segunda vuelta no resolvió la polarización, sino que la institucionalizó. Según un estudio de Latinobarómetro (2023), el 62% de los latinoamericanos cree que sus países están «más divididos que hace cinco años», y el 41% justifica «medidas autoritarias» si garantizan «estabilidad». Colombia no es ajena a este riesgo: en 2018, cuando Iván Duque venció a Gustavo Petro en segunda vuelta (54% vs. 42%), el voto en blanco fue del 3,5% y las protestas post-electorales dejaron 3 muertos en Bogotá.

¿Puede Colombia romper el ciclo?

El 21 de junio no solo definirá quién gobierna, sino si el país puede evitar el escenario brasileño (violencia post-electoral) o el peruano (inestabilidad crónica). Hay dos variables clave: el discurso de derrota del perdedor y la reacción de las élites económicas. En Brasil, Bolsonaro tardó 48 horas en reconocer su derrota, pero sectores como la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) presionaron por un «transición ordenada». En Perú, en cambio, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep) apoyó los cuestionamientos de Fujimori, profundizando la crisis. En Colombia, gremios como Andi (que agrupa a las 1.200 empresas más grandes) ya advirtieron: «Cualquier intento de deslegitimar los resultados afectará la inversión», según declaró su presidente, Bruce Mac Master, el 12 de junio. La pregunta no es si habrá división, sino si las instituciones —y los actores políticos— podrán contenerla.

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La ofensiva israelí, ejecutada con drones y artillería, se centró en zonas civiles y objetivos estratégicos. La Defensa Civil Libanesa recuperó seis cuerpos entre los escombros de un edificio en Marwaniyeh, donde también rescató a tres heridos. Entre las víctimas, dos eran menores de edad, según el Ministerio de Salud Pública libanés. El ataque destruyó parcialmente el centro de operaciones de emergencia en Kfar Sir, dañando equipos médicos críticos, aunque sin causar víctimas adicionales en esta ubicación.

Víctimas con nombre: el costo humano de la escalada

Entre los fallecidos destaca Theodosia James Karam, una estudiante de la Universidad Libanesa que viajaba con sus padres hacia un examen universitario cuando su vehículo fue alcanzado por un misil cerca del puente Khardali. Los tres murieron al instante. Otra víctima mortal ocurrió en un ataque similar entre Harouf y Toul, donde un coche fue destruido, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Los bombardeos no se limitaron a estas zonas. La ANN reportó ataques en Al Haniyeh, Ghandouriya, Nabatieh Al Fawqa, Kfar Ruman, Shoukin y Kfar Tebnit, donde la artillería israelí impactó áreas residenciales. Mientras, Hezbolá respondió con el lanzamiento de proyectiles contra un tanque israelí cerca de Haddatha, en un pulso que evoca los peores momentos de la guerra de 2006, cuando ambos bandos se enfrentaron durante 34 días dejando más de 1.200 muertos (mayoritariamente civiles libaneses).

Trump vs. Netanyahu: el fracaso de la diplomacia relámpago

El lunes, Trump anunció en su red social Truth Social que Hezbolá y Israel habían acordado reducir los combates. Horas después, Netanyahu desmintió los hechos con un mensaje en X (Twitter): “Si Hezbolá no cesa sus ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel seguirá actuando contra objetivos terroristas en Beirut. Nuestra posición es firme“. La declaración, emitida tras su conversación con Trump, dejó en evidencia la fractura en la alianza Israel-EE.UU., históricamente sólida pero tensada por la guerra en Gaza (con más de 38.000 palestinos muertos desde octubre de 2023, según la ONU).

La llamada entre ambos líderes fue descrita por fuentes cercanas a Trump como “explosiva“. El expresidente, que busca reconstruir su imagen como mediador en Oriente Medio, habría presionado a Netanyahu para evitar una guerra regional que podría desestabilizar aún más la economía global —con el petróleo en máximos de 2024— y su propia campaña electoral. Sin embargo, el premier israelí, enfrentado a protestas internas por su gestión de la guerra y a una crisis de rehenes (aún quedan 120 secuestrados en Gaza), optó por la escalada militar como señal de fuerza.

¿Qué sigue? Diálogos en Washington con el conflicto en marcha

Pese a la violencia, este martes comenzaron en Washington D.C. una nueva ronda de negociaciones entre representantes libaneses e israelíes, mediadas por EE.UU. El objetivo: consolidar un alto el fuego permanente que evite una guerra abierta. Sin embargo, los analistas advierten de que, sin un cesar el fuego en Gaza —epicentro del conflicto—, cualquier acuerdo será frágil. Hezbolá, aliado de Hamás, ha condicionado su retirada a un fin de las hostilidades en la Franja, donde Israel mantiene operaciones terrestres.

El riesgo ahora es una espiral de represalias: Israel podría extender sus ataques a Beirut (como amenazó Netanyahu), mientras Hezbolá cuenta con un arsenal de 150.000 cohetes, según estimaciones de la CIA. Un conflicto abierto tendría consecuencias devastadoras: el Líbano ya sufre una crisis económica (con una inflación del 200% en 2023), y Israel enfrentaría un fuego en dos frentes (Gaza y Líbano), algo que ni siquiera ocurrió en la guerra de los Seis Días (1967).

Mientras, la comunidad internacional observa con alarma. La ONU ha pedido “contención inmediata“, y la UE advierte de un “punto de no retorno“. Pero en el terreno, las armas hablan más alto que la diplomacia. La pregunta ahora no es si habrá más víctimas, sino cuántas y hasta dónde llegará Netanyahu en su apuesta por la fuerza bruta.

Hezbolá y su arsenal: ¿Por qué Israel teme una guerra en dos frentes?

La escalada entre Israel y Hezbolá no es un conflicto aislado, sino el reflejo de una estrategia militar acumulada durante décadas por el grupo chií libanés. Mientras Netanyahu justifica sus ataques como respuesta a “amenazas terroristas”, los analistas señalan que Hezbolá ha transformado su capacidad bélica desde la guerra de 2006, cuando sus cohetes Fajr-3 y Zelzal (con alcances de 40-200 km) ya pusieron en jaque a Israel. Hoy, su arsenal supera los 150.000 proyectiles —según la CIA—, incluyendo misiles de precisión Kornet (capaces de destruir tanques a 5 km) y drones Ababil, usados en Siria e Irak. Lo más preocupante para Tel Aviv: el 10% de estos misiles pueden alcanzar cualquier punto de Israel, incluyendo Tel Aviv y sus infraestructuras críticas como la central eléctrica de Hadera.

La diferencia con 2006 es abismal. Entonces, Hezbolá lanzó unos 4.000 cohetes en 34 días; hoy, podría superar esa cifra en 72 horas, según un informe del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional (INSS) israelí. Además, el grupo ha perfeccionado su táctica de “guerra de desgaste“: en lugar de ataques masivos, emplea salvas limitadas pero constantes para mantener a Israel en alerta máxima. Esto explica por qué, pese a los bombardeos israelíes, Hezbolá ha logrado reducir sus bajas a un 30% respecto a conflictos anteriores, según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Su red de túneles —similar a la de Hamás en Gaza— y su integración con la población civil (con lanzaderas en zonas residenciales) complican los ataques selectivos de Israel.

El verdadero “joker” en este tablero es Irán. Teherán suministra a Hezbolá no solo armamento, sino también tecnología de guiado por GPS para misiles, como demostró el ataque con drones Shahed-136 contra objetivos israelíes en 2023. Si el conflicto escala, Irán podría activar a sus proxies en Siria (Fuerzas Quds), Irak (Kataib Hezbolá) e incluso Yemen (hutíes), abriendo un frente multirregional. Esto explicaría por qué, pese a su retórica belicosa, Netanyahu ha evitado hasta ahora atacar Beirut (bastión de Hezbolá): un error en la capital libanesa podría desencadenar una respuesta coordinada desde cuatro países.

La cuenta atrás: ¿Se repetirá el error de 2006?

En la guerra de 2006, Israel subestimó la capacidad de Hezbolá y pagó un precio alto: 165 soldados muertos, 4.000 cohetes impactando en su territorio y un daño reputacional del que tardó años en recuperarse. Hoy, con Hezbolá más fuerte y Gaza aún en llamas, una guerra en dos frentes sería catastrófica. Pero Netanyahu, acorralado por las protestas internas y la presión de la ultraderecha (que exige “victoria total”), podría calcular que un ataque contundente contra Hezbolá le daría oxígeno político. El problema: el 68% de los israelíes cree que el país no está preparado para un conflicto prolongado, según una encuesta de Channel 12 en mayo. Si la diplomacia falla esta semana en Washington, el Líbano —con su economía colapsada y 1,5 millones de refugiados sirios— se convertirá en el escenario de una guerra que nadie, ni siquiera Netanyahu, podrá controlar.

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El “modelo Meloni” se extiende: ¿qué implica externalizar los centros de detención?

El acuerdo, alcanzado entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, marca un cambio de paradigma jurídico: Bruselas ha creado una excepción legal para permitir estos centros fuera del territorio comunitario, algo que hasta ahora chocaba con el Derecho de la UE. Sin embargo, quedan excluidas las transferencias de menores no acompañados, una concesión a las críticas de las ONG. El objetivo es claro: mantener a los solicitantes de asilo rechazados lejos de Europa durante el proceso de retorno, reduciendo así la presión sobre los sistemas nacionales.

La externalización, no obstante, dependerá de acuerdos bilaterales entre cada Estado miembro y los países terceros. Italia ya ha sentado precedente con su pacto con Albania, donde se construirá un centro para procesar a migrantes rescatados en el Mediterráneo. ¿El riesgo? Que estos acuerdos reproduzcan las condiciones denunciadas en campamentos como los de Libia, donde organizaciones como Amnistía Internacional han documentado abusos sistemáticos. La UE insiste en que se garantizarán “estándares humanos”, pero no hay mecanismos de supervisión independientes confirmados.

Deportaciones express: hasta 730 días de detención y menos incentivos al retorno voluntario

El reglamento establece plazos máximos de detención de hasta dos años para migrantes con “riesgo de fuga” o que no colaboren con las autoridades. Una medida que, según la Eurocámara, busca disuadir las llegadas irregulares. Sin embargo, los datos actuales revelan una paradoja: el 64% de los retornos gestionados por Frontex en 2023 fueron voluntarios, según cifras de la propia agencia. La nueva norma reduce los incentivos económicos para estos retornos, lo que podría incrementar las deportaciones forzosas.

En el caso de los menores no acompañados, la detención dentro de la UE se limita a “último recurso”, pero las ONG advierten de que la ambigüedad del término “situaciones extremas” abre la puerta a interpretaciones arbitrarias. Save the Children ya ha denunciado que países como Grecia o Hungría han detenido a menores en condiciones “incompatibles con la Convención de los Derechos del Niño”.

División política: de la “victoria histórica” de la derecha a las alertas por “redadas al estilo ICE”

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades (LIBE), celebró el acuerdo como un “éxito” que pone fin a una política migratoria “desordenada”. Desde el PP se enfatizó que España “no podrá escapar” a su aplicación, en clara crítica al Gobierno de Sánchez, al que acusan de promover “regularizaciones masivas”. Zarzalejos defendió un modelo basado en la “inmigración ordenada y vinculada al mercado laboral”.

En el extremo opuesto, los socialdemócratas en la Eurocámara calificaron el proceso de “apresurado y dominado por la ultraderecha”. En un mensaje en redes, compararon las nuevas medidas con las “redadas de deportación al estilo ICE” (el servicio de inmigración de EE.UU., conocido por su dureza), y alertaron sobre la “legalización de centros de retorno con estándares dudosos”. La izquierda europea también criticó que se haya priorizado el control fronterizo sobre las vías legales de migración, que siguen siendo insuficientes: en 2023, solo se concedieron 220.000 visados humanitarios en toda la UE, un 0,05% de su población.

La presidencia chipriota del Consejo, actualmente en manos de un gobierno conservador, tachó el acuerdo de “histórico” por “reforzar la credibilidad de la UE”. Sin embargo, el término “credibilidad” choca con las advertencias de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), que en un informe de 2023 señalaba que las deportaciones aceleradas aumentan el riesgo de “errores en la identificación” y “vulneraciones del derecho a asilo”.

¿Qué entra en vigor ya y qué deberá esperar?

Aunque la mayoría de las medidas no serán obligatorias hasta junio de 2026, algunas disposiciones son inmediatas:

• Externalización de centros de detención: Los Estados podrán empezar a negociar acuerdos con terceros países tan pronto como el reglamento se publique en el Diario Oficial de la UE.
• Refuerzo de Frontex: La agencia europea de fronteras recibirá más recursos para gestionar deportaciones, incluyendo equipos especializados en “retornos forzosos”.
• Reducción de plazos procesales: Los trámites para identificar y deportar a migrantes en situación irregular pasarán de meses a semanas en algunos casos.

La UE endurece: El siguiente paso es la ratificación por parte de los 27 y el pleno de la Eurocámara , un trámite que, dado el apoyo mayoritario de la derecha y los liberales, se considera casi seguro. Mientras, las ONG preparan recursos legales. Amnistía Internacional ya ha anunciado que impugnará la normativa ante el Tribunal de Justicia de la UE por “violación del principio de no devolución” (que prohíbe expulsar a personas a países donde corran peligro).

El siguiente paso es la ratificación por parte de los 27 y el pleno de la Eurocámara, un trámite que, dado el apoyo mayoritario de la derecha y los liberales, se considera casi seguro. Mientras, las ONG preparan recursos legales. Amnistía Internacional ya ha anunciado que impugnará la normativa ante el Tribunal de Justicia de la UE por “violación del principio de no devolución” (que prohíbe expulsar a personas a países donde corran peligro).

El reglamento se enmarca en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, presentado en marzo de 2025, que busca armonizar las políticas de los Estados miembros. Sin embargo, la armonización tiene un precio: países como Hungría o Polonia, conocidos por su línea dura, ahora tendrán cobertura legal europea para medidas antes cuestionadas.

¿Logrará la UE equilibrar el control migratorio con los derechos humanos, o este endurecimiento abrirá la puerta a nuevos abusos sistemáticos? La respuesta podría definir no solo el futuro de la política migratoria europea, sino también su credibilidad moral en el escenario internacional.

El precedente de Albania: cómo el acuerdo Italia-Tirana redefine (y arriesga) la externalización migratoria

El modelo que ahora adopta la UE ya tiene un caso piloto controvertido: el acuerdo firmado en noviembre de 2023 entre Italia y Albania para construir dos centros de detención en el puerto de Shëngjin, con capacidad para 3.000 migrantes al mes. El proyecto, impulsado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, fue presentado como una “solución innovadora”, pero su implementación ha expuesto grietas legales y operativas que la UE ahora podría replicar a mayor escala.

En primer lugar, el acuerdo italo-albanés eludió el Parlamento Europeo al clasificarse como un “protocolo de cooperación bilateral”, algo que juristas como Stefano Montaldo (Universidad de Turín) han tachado de “maniobra para evitar el escrutinio comunitario“. Además, Albania —país candidato a la UE— no es miembro del Espacio Schengen, lo que plantea dudas sobre la legalidad de transferir solicitantes de asilo a un territorio donde no se aplica el Reglamento Dublín (que regula qué Estado es responsable de examinar una solicitud). La Comisión Europea, preguntada por este vacío, respondió en febrero de 2024 que “cada Estado miembro debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales“, sin aclarar cómo se supervisará.

Los riesgos se materializaron rápido: en marzo de 2024, Human Rights Watch (HRW) documentó que el 18% de los migrantes transferidos a Shëngjin eran menores no acompañados, a pesar de que el acuerdo los excluía explícitamente. La ONG también denunció que el 42% de los detenidos no tenía acceso a asistencia legal en las primeras 72 horas, incumpliendo la Directiva 2013/33/UE sobre estándares de acogida. Albania, por su parte, recibió 600 millones de euros de Italia en 2023 para infraestructuras, un dato que críticos como el eurodiputado Damian Boeselager (Verdes/ALE) vinculan a una “compra de silencio“.

El modelo albano-italiano también ha revelado un efecto llamada inverso: según datos de la Guardia Costera italiana, las llegadas a las costas de Puglia (la región más cercana a Albania) aumentaron un 37% en el primer trimestre de 2024, ya que los traficantes han redirigido rutas hacia zonas donde saben que los migrantes serán transferidos a centros externos —lejos de los tribunales europeos—.

¿Hacia una “Europa fortaleza” con fracturas internas?

La adopción masiva de este modelo podría agravar las tensiones entre Estados miembros. Países como Alemania y Francia, que ya han anunciado planes para negociar acuerdos con Túnez y Marruecos, chocarán con aquellos que, como Portugal o Irlanda, se han opuesto a la externalización. La clave estará en cómo la UE resuelve una contradicción: mientras el nuevo reglamento exige “estándares humanos equivalentes“, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) advirtió en 2023 que ningún país del norte de África cumple con los protocolos de asilo de la UE. Si Bruselas cierra los ojos a esta realidad, como hizo con Albania, el riesgo no será solo humanitario, sino de fragmentación legal: 27 sistemas judiciales interpretando —o ignorando— las mismas normas.

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El triunfo de De la Espriella —apodado “El Tigre”— con 10.35 millones de votos marca un hito: es el primer candidato de extrema derecha en liderar una elección presidencial colombiana desde el fin del conflicto con las FARC. Pero la sombra de la ilegitimidad planea sobre el proceso. Cepeda, respaldado por Petro, aseguró que los comicios adolecen de “votaciones atípicas en mesas no auditadas”, mientras el mandatario saliente acusó a la empresa privada encargada del preconteo —los hermanos Bautista— de inflar el censo con 800.000 votos fantasmas.

La polarización no es nueva, pero esta vez tiene un ingrediente explosivo: el 59% de los colombianos (17.5 millones) no votó. Ese abstencionismo récord podría ser la llave del balotaje. Cepeda apela a movilizar a los “invisibles” del proceso, mientras De la Espriella ya suma el apoyo de la derecha tradicional —encarnada por Paloma Valencia (6.9% de los votos)— y del uribismo, que ve en él la oportunidad de frenar el “petrismo”.

El balotaje que podría cambiar el mapa latinoamericano

El escenario del 21 de junio es un duelo de trincheras:

• De la Espriella promete “cambiar la historia de Colombia” con un modelo inspirado en Trump y Bukele: reducción drástica del Estado, salida de la ONU, alianza incondicional con Israel y mano dura contra el “adoctrinamiento de género”. Su discurso, cargado de consignas como “por la razón o por la fuerza”, ha seducido a un electorado cansado de la inseguridad y la crisis económica.
• Cepeda, en cambio, encarna la continuidad del primer gobierno de izquierda en la historia colombiana. Defiende el legado de Petro —como el aumento del 23.7% al salario mínimo y los programas sociales—, pero carga con el lastre de una economía que creció solo 2.2% en 2025 y una deuda pública que rozó el 61.5% del PIB.

Colombia en la: El dato clave: la violencia política ya cobró 4 vidas en esta campaña, incluyendo al senador Miguel Uribe Turbay y a la alcaldesa Mileidy Villada. Ambos candidatos han denunciado amenazas, y el clima de tensión recuerda a los años más oscuros del conflicto armado. ¿Podrá Colombia evitar un estallido social si el resultado del balotaje es ajustado?

El dato clave: la violencia política ya cobró 4 vidas en esta campaña, incluyendo al senador Miguel Uribe Turbay y a la alcaldesa Mileidy Villada. Ambos candidatos han denunciado amenazas, y el clima de tensión recuerda a los años más oscuros del conflicto armado. ¿Podrá Colombia evitar un estallido social si el resultado del balotaje es ajustado?

Dos Colombias en pugna: el abismo ideológico

El contraste entre los candidatos refleja la fractura social del país:

El origen de ambos también explica sus visiones. Cepeda es hijo de Manuel Cepeda, senador asesinado por paramilitares en 1994, y creció entre Cuba y Checoslovaquia bajo la influencia marxista. De la Espriella, en cambio, es un abogado penalista que saltó a la fama defendiendo a figuras polémicas, como el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab (extraditado a EE.UU. en 2023). Su ascenso meteórico —de desconocido a favorito— se debe a un discurso que mezcla populismo punitivo con promesas de “acabar con la corrupción”, ironicamente mientras él mismo ha sido vinculado a casos de narcopolítica.

Una economía en jaque y un país al límite

El balotaje llega en el peor momento económico para Colombia:

• Crecimiento anémico: El PIB avanzó solo 2.6% en 2025, muy por debajo del promedio regional (3.8%).
• Deuda récord: El 61.5% del PIB (vs. 54.5% en 2023) limita el margen de maniobra del próximo gobierno.
• Inversión en caída: El sector minero-energético, que representa el 50% de las exportaciones, registró una contracción del 4% en el primer trimestre.
• Violencia en alza: Los grupos armados suman 25.278 miembros (15% más que en 2024), según la Fundación Ideas para la Paz.

Petro heredó un país con desigualdad crónica (coeficiente Gini de 0.54) y aunque logró reducir la pobreza extrema del 15% al 12%, su gestión chocó con la realidad: la inflación cerrará 2025 en 8.3%, erosionando el poder adquisitivo de los aumentos salariales. De la Espriella promete “un shock de confianza” para los mercados, pero su receta —ajuste fiscal brutal y privatizaciones— ya fue probada en los 90, con resultados desastrosos: el PIB cayó 4.2% en 1999 tras las reformas neoliberales de Andrés Pastrana.

El dilema ahora es si los colombianos apostarán por la radicalización (con De la Espriella) o por la corrección de rumbo (con Cepeda). Pero hay un tercer actor: el 43% que no votó. Su movilización —o su indiferencia— podría inclinar la balanza. Mientras, el fantasma de la violencia postelectoral acecha. En 2018, las protestas contra el triunfo de Duque dejaron 13 muertos. Esta vez, con un país más polarizado y armado, el riesgo es mayor.

Los hermanos Bautista: el polémico imperio detrás del preconteo electoral en Colombia

Mientras la disputa por los 885.000 votos en entredicho domina el debate público, el foco se desplaza hacia un actor clave —y poco conocido—: la empresa Bautista & Bautista S.A., encargada del preconteo electoral. Esta firma, fundada en 2005 por los hermanos Luis Fernando y Carlos Bautista, ha sido contratista exclusiva de la Registraduría Nacional en los últimos cinco procesos electorales, pero su trayectoria está marcada por controversias que ahora resurgen con fuerza.

El primer escándalo data de 2014, cuando un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que el software de la empresa había subestimado en un 12% los votos en blanco en las elecciones legislativas de ese año, alterando indirectamente la distribución de curules. Sin embargo, el caso más grave ocurrió en 2019, durante las regionales: un error en el sistema de Bautista & Bautista duplicó 1.2 millones de votos en 17 departamentos, obligando a una auditoría de emergencia que retrasó los resultados 72 horas. Pese a ello, la Registraduría renovó su contrato en 2022 por $4.700 millones de pesos (unos $1.2 millones de dólares), sin licitación pública, bajo el argumento de que eran los únicos con «capacidad técnica» para manejar el sistema.

Lo que hace único a este caso es el vínculo familiar: Carlos Bautista, cofundador de la empresa, es cuñado de Enrique Gil Botero, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y hoy es uno de los principales aliados de Abelardo de la Espriella. Aunque Gil Botero negó cualquier influencia en la adjudicación de contratos, documentos de la Contraloría General revelaron que, entre 2018 y 2021, Bautista & Bautista recibió tres adendas por $2.100 millones adicionales sin justificación técnica clara. El conflicto de interés nunca fue investigado a fondo.

El actual cuestionamiento de Petro no es aislado: en 2023, la Corporación Viva la Ciudadanía presentó un informe donde advertía que el sistema de la empresa tenía «vulnerabilidades críticas» en la trazabilidad de los votos, especialmente en mesas con más de 500 sufragios. El dato clave: en esta elección, el 68% de las mesas impugnadas por Cepeda superaban ese umbral. La pregunta ahora es si la Procuraduría, que ya abrió una investigación preliminar, actuará con celeridad antes del balotaje.

¿Un patrón regional? Cuando los contratos electorales se vuelven un riesgo democrático

El caso de Bautista & Bautista no es excepcional en Latinoamérica. En Ecuador (2023), la empresa Indra —contratada para el conteo rápido— fue acusada de ocultar 300.000 votos en la segunda vuelta que dio el triunfo a Daniel Noboa. En Honduras (2021), el sistema de TSE Transparente colapsó durante 18 horas, generando protestas que dejaron 5 muertos. Colombia podría sumarse a esta lista si no se aclaran las irregularidades antes del 21 de junio. El precedentes es claro: cuando la desconfianza en el árbitro electoral supera el 30% (como hoy, según encuestas de Invamer), el riesgo de violencia postelectoral aumenta en un 60%, según un estudio de Ideas para la Paz basado en datos de 1990 a 2020.

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El anuncio, realizado durante un acto educativo retransmitido por el Canal 12 israelí, marca un giro en la estrategia militar. Netanyahu justificó la medida como parte de una presión simultánea contra Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, dos frentes que han mantenido a Israel en alerta máxima desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 240, según datos oficiales israelíes.

El 70%: ¿una meta simbólica o un punto de no retorno?

Actualmente, Israel controla el 60% de Gaza, una cifra que ya supera lo establecido en los acuerdos previos. La “línea amarilla”, que abarca más del 50% del territorio, fue el límite autoimpuesto durante la tregua negociada con mediación estadounidense. Sin embargo, Netanyahu ha dejado claro que su objetivo ahora es expandirse.

Durante su intervención, un asistente le interrumpió para exigir la ocupación del “100%” de Gaza. La respuesta del primer ministro —“Primero el 70%, empecemos por ahí”— revela una estrategia gradual, pero también una tensión interna: sectores de la derecha israelí presionan por una victoria total, mientras la comunidad internacional advierte de un desastre humanitario. La ONU estima que 1,7 millones de gazatíes (el 85% de la población) han sido desplazados desde octubre.

El avance israelí ha dejado al descubierto otra crisis: la recuperación de 781 cadáveres en zonas previamente ocupadas por las tropas. Estas cifras, difundidas por el Ministerio de Sanidad de Gaza —controlado por Hamás—, no han sido verificadas de forma independiente, pero coinciden con los patrones de violencia documentados en conflictos urbanos prolongados, como la batalla de Mosul (2016-2017), donde el 90% de las víctimas fueron civiles, según Amnistía Internacional.

¿Qué implica el 70% en términos estratégicos?

El control del 70% de Gaza no es arbitrario. Este porcentaje incluye:

• Ciudad de Gaza y su periferia: centro neurálgico de Hamás y zona densamente poblada (más de 500.000 habitantes antes de la guerra).
• El corredor de Netzarim: divide la Franja en dos y corta las rutas de suministro de Hamás.
• Rafah y la frontera con Egipto: clave para el contrabando de armas, según informes de inteligencia israelíes.
• Zonas agrícolas del norte: históricamente usadas para túneles y lanzamientos de cohetes.

Netanyahu escaló en: Sin embargo, el 30% restante —donde se concentran campos de refugiados como Jabalia— podría convertirse en un foco de resistencia . Expertos militares, como el general israelí (retirado) Giora Eiland , han señalado que Hamás podría reorganizarse en áreas reducidas, como ocurrió en la Segunda Intifada (2000-2005), cuando células armadas operaban en espacios de menos de 10 km² .

Sin embargo, el 30% restante —donde se concentran campos de refugiados como Jabalia— podría convertirse en un foco de resistencia. Expertos militares, como el general israelí (retirado) Giora Eiland, han señalado que Hamás podría reorganizarse en áreas reducidas, como ocurrió en la Segunda Intifada (2000-2005), cuando células armadas operaban en espacios de menos de 10 km².

Reacciones internacionales: entre el silencio y la condena

La decisión de Netanyahu ha generado respuestas divididas:

• Estados Unidos: El Departamento de Estado evitó criticar directamente a Israel, pero recordó que “cualquier operación debe alinearse con el derecho internacional“.
• Unión Europea: La alta representante Josep Borrell advirtió de un “riesgo de catástrofe humanitaria irreversible“.
• Países árabes: Egipto y Jordania convocaron reuniones de emergencia, mientras Arabia Saudí congeló las negociaciones de normalización con Israel.
• ONGs: ACNUR y Médicos Sin Fronteras denunciaron que el 70% de los hospitales en Gaza están fuera de servicio.

El portavoz de Hamás, Abdel-Latif al-Qanoua, calificó la orden de Netanyahu como “un intento desesperado por salvar su gobierno“, en referencia a las protestas masivas en Israel contra su gestión de la guerra. Más de 100.000 israelíes se manifestaron en Tel Aviv el pasado sábado exigiendo su renuncia, según la policía local.

Mientras, en las calles de Gaza, testigos citados por Al Jazeera describieron escenas de pánico: “Las tropas avanzan con tanques y drones. No hay adónde huir“, declaró un residente de Khan Younis. La Media Luna Roja Palestina informó de que solo 14 de los 36 hospitales del enclave siguen operativos, y muchos funcionan sin electricidad.

¿Logrará Israel pacificar el 70% de Gaza, o este movimiento profundizará el ciclo de violencia? La historia reciente sugiere que las ocupaciones territoriales rara vez traen estabilidad. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza después de 38 años de ocupación, solo para enfrentar dos décadas después el ataque más letal desde su fundación. El riesgo ahora es que, al expandir su control, Israel siembre las semillas de la próxima confrontación.

La «línea amarilla» de 2023: el acuerdo roto que explica la escalada actual

La decisión de Netanyahu de superar el 70% de ocupación en Gaza no es un capricho estratégico, sino la violación explícita de un marco negociado en octubre de 2023 bajo mediación de Donald Trump y Qatar. Este acuerdo, conocido internamente como el *«protocolo de la línea amarilla»*, estableció que Israel limitaría su avance al 50% del territorio gazatí a cambio de la liberación escalonada de 50 rehenes (de los 240 secuestrados el 7 de octubre) y una tregua humanitaria de 4 días prorrogables. El documento, filtrado por el diario israelí Haaretz, incluía un mapa detallado donde el 50% abarcaba desde el norte (Beit Hanoun) hasta el centro (Deir al-Balah), excluyendo deliberadamente Rafah y la frontera egipcia, zonas críticas para el contrabando de armas.

Sin embargo, dos datos clave revelan por qué este acuerdo estaba condenado al fracaso: 1) Hamás incumplió la liberación de rehenes en la segunda fase (solo entregó 24 de los 50 prometidos), según informes del Mossad; y 2) Israel, por su parte, nunca detuvo las incursiones en el corredor de Netzarim, una franja de 6 km de ancho que divide Gaza en dos y que ya había sido ocupada al 60% para abril de 2024, según imágenes satelitales de BBC Verify. La «línea amarilla» se convirtió así en un limbo legal: ni tregua real ni guerra declarada, pero con 1.200 civiles palestinos muertos en ese período, según la OCHA (Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU).

El precedente más cercano a esta dinámica es la ofensiva israelí en Líbano en 2006, donde una tregua negociada con Hezbolá (Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU) colapsó cuando Israel continuó bombardeando «zonas grises» bajo el argumento de «autodefensa preventiva». El resultado: 1.191 libaneses y 165 israelíes muertos en 34 días, y un Hezbolá más fuerte militarmente, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). Hoy, el 70% de Gaza que Netanyahu reclama incluye precisamente esas «zonas grises» —como el este de Khan Younis—, donde Hamás ha reconstruido 12 km de túneles desde enero de 2024, según inteligencia israelí.

¿Un guión repetido? La trampa del «control territorial gradual»

La historia demuestra que las ocupaciones parciales en conflictos asimétricos suelen ser contraproducentes. En 2002, durante la Operación Escudo Defensivo, Israel reocupó el 25% de Cisjordania (ciudades como Yenín y Nablus) para desmantelar células de Hamás. Dos años después, el grupo respondió con 137 ataques suicidas (el récord anual desde su fundación), según datos del Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo de Israel (ITIC). Ahora, con el 70% de Gaza bajo control, Netanyahu enfrenta el mismo dilema: ¿cómo evitar que el 30% restante —donde se apiñan 800.000 desplazados, según la UNRWA— se convierta en el nuevo caldo de cultivo de la resistencia? La respuesta puede estar en lo que no se dice: ninguna ocupación israelí desde 1967 ha logrado pacificar un territorio sin un plan político posterior. Y hoy, ese plan brilla por su ausencia.

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El mapa político colombiano muestra tres fuerzas en disputa. Iván Cepeda (Pacto Histórico), con un 37,1%–44,6% de intención de voto, lidera las preferencias. Le sigue el derechista Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), con 27,5%–36,3%, mientras Paloma Valencia (Centro Democrático) oscila entre 12,6% y 13,9%. Los sondeos coinciden en que Cepeda y De la Espriella irán a la segunda vuelta, pero divergen en el ganador: dos encuestadoras favorecen al candidato de derecha, y una, al de izquierda.

El dilema del próximo presidente: gobernar sin mayoría

El ganador heredará un Congreso fragmentado y hostil. Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 dejaron un Senado con 102 escaños, donde el Pacto Histórico (partido de Petro y Cepeda) es la primera fuerza con 25 curules, pero la suma de derecha y centro (60 escaños) domina la cámara alta. En la Cámara de Representantes (188 escaños), los partidos tradicionales y conservadores mantienen el control, relegando al Pacto Histórico a un cuarto lugar con solo 27 diputados.

La participación récord en las legislativas (21 millones de votos, la más alta desde 1990) confirmó al Pacto Histórico como la fuerza más votada por segunda vez consecutiva (23% en Senado), pero sin capacidad para aprobar reformas. Petro, con solo dos años en el poder, ya ha chocado contra este muro: su agenda de cambios sociales y económicos ha sido bloqueada sistemáticamente.

Si Cepeda triunfa, enfrentará el mismo escenario. “Gobernar con un Congreso en contra es como remar contra la corriente con las manos atadas”, advierte un analista político. De la Espriella, en cambio, tendría más margen, pero su programa —radical en temas como seguridad y derechos humanos— podría generar resistencia internacional y protestas sociales.

Cepeda: el legado de la paz y la sombra de Uribe

Iván Cepeda (63 años) es una figura polarizante. Senador desde hace 15 años y presidente de la Comisión de Paz, su trayectoria está marcada por dos ejes: la defensa de los acuerdos con las FARC y su pugna judicial con Álvaro Uribe. Su padre, Manuel Cepeda (dirigente comunista), fue asesinado en 1994 por agentes estatales en connivencia con paramilitares, un crimen que marcó su vida.

Cepeda ha sido actor clave en los diálogos de paz y promotor del diálogo con el ELN y otras guerrillas. Pero su nombre también está ligado al caso que sacudió a la política colombiana: en 2012, denunció ante el Congreso los presuntos vínculos de Álvaro Uribe (presidente entre 2002–2010) con el paramilitarismo. Uribe contraatacó en 2014, acusándolo de manipular testigos.

El giro llegó en 2018, cuando la Corte Suprema sobreseyó a Cepeda y, en un fallo histórico, condenó a Uribe por soborno y manipulación de testigos, reconociendo a Cepeda como víctima del sistema judicial. Desde entonces, el senador ha sido un testigo clave en los procesos contra su antiguo rival, ahora bajo investigación por crímenes de lesa humanidad.

Su propuesta incluye profundizar los acuerdos de paz, reformar la policía para desmilitarizarla y avanzar en una reforma agraria que redistribuya tierras. Sin embargo, sus críticos —como De la Espriella— lo acusan de querer “entregar el país a la guerrilla” y de ser “un títere de Petro”.

De la Espriella: mano dura, alianzas polémicas y un programa disruptivo

Abelardo de la Espriella (47 años), abogado y empresario, representa el ala más radical de la derecha. Su discurso se centra en seguridad, reducción del Estado y valores conservadores, pero su pasado ha generado controversia: fue abogado de Álex Saab, el empresario colombiano extraditado a EE.UU. en 2021 por ser presunto testaferro de Nicolás Maduro. De la Espriella asegura que cortó lazos con Saab en 2018, al conocer sus vínculos con el chavismo.

Su programa es el más rupturista de la campaña:

• Seguridad: Fin a las negociaciones con grupos armados, armar a la población civil y crear “batallones élite” para combatir el narcotráfico.
• Derechos humanos: Retirar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, y cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad.
• Política exterior: Recomponer relaciones con Israel (rotas por Petro) y alinearse con EE.UU. en la lucha contra Venezuela.
• Valores: Prohibir el aborto, la eutanasia y la adopción homoparental, y promover “la familia tradicional”.
• Economía: Reducir impuestos a empresas, flexibilizar las leyes laborales y privatizar sectores estratégicos.

Colombia en la: Sus propuestas han generado rechazo en sectores progresistas y en la comunidad internacional. “Es un retroceso a los años más oscuros de la violencia estatal”, advierte un experto en derechos humanos. Sin embargo, su mensaje resuena en un electorado cansado de la inseguridad: el 68% de los colombianos considera que el país va “por mal camino”, según Gallup.

Sus propuestas han generado rechazo en sectores progresistas y en la comunidad internacional. “Es un retroceso a los años más oscuros de la violencia estatal”, advierte un experto en derechos humanos. Sin embargo, su mensaje resuena en un electorado cansado de la inseguridad: el 68% de los colombianos considera que el país va “por mal camino”, según Gallup.

Paloma Valencia: la sorpresa centrista con un partido en crisis

Aunque las encuestas la ubican en tercer lugar, Paloma Valencia (48 años) ha sido la revelación de estas elecciones. Senadora y abogada, ganó la consulta interna del Centro Democrático (partido de Uribe) con más del 50% de los votos, en una votación con 5,8 millones de participantes —la más alta en la historia de primarias en Colombia—. Su triunfo fue inesperado: derrotó a figuras como Juan Carlos Pinzón (exministro de Defensa) y Juan Manuel Galán (hijo del candidato liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el Cartel de Medellín).

Su ascenso, sin embargo, está teñido de tragedia: el favorito original del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay (sobrino de Álvaro Uribe), fue asesinado en junio de 2025 durante un acto proselitista. El crimen, aún sin resolver, sacudió la campaña y dejó a Valencia como la única opción viable para un partido dividido.

Valencia propone un discurso “centrista” dentro de la derecha: mantiene el rechazo a los acuerdos de paz con las FARC, pero evita el tono belicoso de De la Espriella. Promete revisar —no eliminar— la JEP, impulsar un “capitalismo inclusivo” y fortalecer la alianza con EE.UU. sin romper con organismos internacionales. Sin embargo, su principal desafío será unificar a un Centro Democrático fracturado tras la muerte de Uribe Turbay y las divisiones internas.

¿Qué está en juego el 31 de mayo?

Más que una elección, este domingo es un referéndum sobre el futuro de Colombia:

• Modelo económico: ¿Más Estado (Cepeda) o libre mercado radical (De la Espriella)?
• Paz y seguridad: ¿Diálogo con guerrillas (Cepeda) o guerra total y armar a civiles (De la Espriella)?
• Derechos sociales: ¿Avance en aborto, eutanasia y derechos LGBTQ+ (Cepeda) o retroceso conservador (De la Espriella)?
• Relaciones internacionales: ¿Alineamiento con EE.UU. e Israel (De la Espriella) o multilateralismo progresista (Cepeda)?
• Justicia transicional: ¿Mantener la JEP (Cepeda/Valencia) o cerrarla y juzgar a exguerrilleros en cortes ordinarias (De la Espriella)?

El contexto es crítico: la inflación supera el 9%, el desempleo ronda el 10% y 2023 fue el año más violento desde el acuerdo de paz (1.300 líderes sociales asesinados, según Indepaz). Además, el próximo presidente deberá manejar la crisis migratoria venezolana (2,5 millones de refugiados en Colombia) y la presión de EE.UU. para frenar el récord histórico de cocaína producida (2.300 toneladas en 2023, según la ONU).

Pero hay un factor adicional: el cansancio con la polarización. “Colombianos no quieren más odio”, dijo un votante en Bogotá. Sin embargo, los candidatos han profundizado las divisiones. Cepeda acusa a De la Espriella de querer “revivir el paramilitarismo”, mientras este tacha a su rival de “comunista disfrazado”. Paloma Valencia, por su parte, intenta posicionarse como la “opción sensata”, pero su partido está asociado a los años más duros del conflicto.

El 31 de mayo no definirá solo un presidente, sino qué Colombia prevalecerá: la que apuesta por la paz despite las dificultades, la que vuelve a la mano dura, o la que busca un término medio en un país donde el centro político ha desaparecido.

El fantasma de Uribe: cómo su legado divide a Colombia en estas elecciones

La sombra de Álvaro Uribe Vélez —presidente entre 2002 y 2010— planea sobre esta segunda vuelta como un recordatorio de la polarización que ha marcado a Colombia durante dos décadas. No es casualidad que los dos candidatos con más opciones, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, representen los extremos de un conflicto que tiene en Uribe a su epicentro: la lucha entre la paz negociada y la seguridad militarizada.

Uribe llegó al poder en 2002 con un discurso de “mano dura” contra las FARC, implementando la Política de Seguridad Democrática, que incluyó el controvertido programa de “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos—. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2010 se registraron 6.402 víctimas de estos crímenes, atribuidos en su mayoría a miembros del Ejército. Aunque Uribe nunca fue condenado directamente por estos hechos, su gobierno sí fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 por “tolerancia institucional” hacia estas prácticas.

El giro irónico llegó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia lo investigó por soborno y manipulación de testigos en un caso impulsado por el mismo Cepeda. Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario —una imagen simbólica: el exmandatario que promovió la extradición de narcotraficantes y guerrilleros, ahora investigado por la justicia colombiana—. Aunque el proceso sigue abierto, el daño a su legado fue irreversible. Su partido, el Centro Democrático, perdió por primera vez las elecciones presidenciales en 2022 frente a Gustavo Petro, y hoy, con Paloma Valencia como candidata, lucha por mantener relevancia en un escenario donde el uribismo ya no es la fuerza hegemónica de la derecha.

Lo paradójico es que, pese a su declive, el uribismo sigue definiendo el eje del debate. De la Espriella —quien en 2016 fue uno de los negociadores del “No” en el plebiscito por los acuerdos de paz— propone ahora desmantelar la JEP, el mismo tribunal que investiga a Uribe. Mientras, Cepeda, quien logró que la Corte reconociera a Uribe como “víctimario” en el caso de los “falsos positivos”, promete ampliar las competencias de la JEP para juzgar a militares y políticos involucrados en crímenes de lesa humanidad. La pregunta no es si Uribe está en la boleta, sino qué versión de su legado triunfará: la que apuesta por la justicia transicional o la que busca revivir su modelo de seguridad, con sus luces y sombras.

¿Un país condenado a repetir su historia?

Colombia lleva 60 años oscilando entre la negociación con las guerrillas y la represión militar. En 1984, el presidente Belisario Betancur firmó un acuerdo de paz con las FARC que fracasó; en 1998, Andrés Pastrana cedió un territorio del tamaño de Suiza para dialogar, y las FARC lo usaron para rearmarse. Uribe rompió con esa tradición y optó por la guerra. Petro, en cambio, retomó el diálogo. Ahora, con Cepeda y De la Espriella, el país enfrenta nuevamente la misma disyuntiva, pero con un agravante: la polarización ya no es ideológica, sino existencial. No se trata de elegir entre izquierda y derecha, sino entre dos visiones irreconciliables de qué significa ser colombiano en el siglo XXI. El 21 de junio no solo se definirá un presidente, sino si Colombia cierra definitivamente el ciclo uribista o, por el contrario, lo revive con otro nombre.

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Las fuerzas israelíes confirmaron este miércoles que Odé —designado hace apenas 11 días tras la muerte de su predecesor, Ezeldín Hadad— fue “neutralizado” en un bombardeo sobre “varios edificios en el corazón de Gaza” que le servían de refugio. Según el Times of Israel, citando fuentes palestinas, el ataque también acabó con la vida de su familia. El operativo, planeado durante “meses de vigilancia inteligente”, incluyó el bombardeo de un apartamento cercano vinculado a un “terrorista de Hamás” que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, fecha que marca el inicio de la actual guerra.

Odé no era un líder cualquiera. Antes de asumir el mando militar, dirigió el organismo de inteligencia de Hamás, cargo desde el que supervisó la planificación de la masacre del 7-O —donde murieron 1.200 israelíes— y coordinó ataques posteriores contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Su eliminación, según el comunicado conjunto del Ejército y el Shin Bet, representa un “golpe significativo” a los esfuerzos de reconstrucción del grupo islamista, ya debilitado tras la muerte de otros tres altos mandos en los últimos 12 meses: Yahya Sinwar (octubre 2024), Mohamed Sinwar (mayo 2025) y Hadad (julio 2025).

Katz celebra el ataque y reafirma la doctrina: “Todos están marcados para morir”

El ministro de Defensa, Israel Katz, no ocultó su satisfacción. En un mensaje en redes sociales, aseguró que Odé “se reunirá con sus cómplices en la profundidad del infierno” y destacó que su muerte eleva a cuatro el número de líderes militares de Hamás abatidos desde el 7-O. Más allá de la retórica, Katz envió un mensaje claro a la región: “Israel prometió eliminar a todos los responsables de la masacre del 7 de octubre. Lo haremos. Todos están marcados para la muerte, allá donde estén”.

Pero el tono triunfalista de Katz ocultaba una estrategia más amplia. El ministro reiteró que “Hamás no controlará Gaza, ni a nivel civil ni militar”, una declaración que refuerza los temores sobre un plan israelí de “emigración voluntaria” para los palestinos —denunciado por la ONU como una potencial limpieza étnica. “Impulsaremos un plan para que los gazatíes puedan reconstruir sus vidas en otros países”, añadió, sin mencionar que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 906 personas han muerto y 2.747 han resultado heridas desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre.

La respuesta de Hamás no se hizo esperar. El grupo confirmó la muerte de Odé y convocó a la población a participar en su funeral, donde también se despedirá a los miembros de su familia fallecidos. En un comunicado recogido por el diario palestino Filastin, el movimiento islamista aseguró que su muerte “afirma la continuación del camino de resistencia” y que Odé “ascendió a las filas de la yihad con su sangre”. Basem Naim, miembro del brazo político de Hamás, fue más allá: “La batalla continuará hasta que Israel haya desaparecido y Palestina sea liberada, sin importar los sacrificios”.

El costo humano: 72.800 muertos y un alto el fuego en papel mojado

El bombardeo que acabó con Odé no es un hecho aislado. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el 7 de octubre de 2023 —cuando Hamás lanzó el ataque que desencadenó la guerra—, 72.800 palestinos han muerto y otros 172.800 han resultado heridos en la ofensiva israelí. Las cifras, que incluyen a más de 15.000 niños, según informes de la ONU, reflejan una crisis humanitaria que el alto el fuego de octubre de 2025 no ha logrado frenar. Solo en los últimos 20 días, con la tregua teóricamente en vigor, han muerto 906 personas.

El asesinato de Odé, además, llega en un momento crítico. Tras 22 meses de guerra, Gaza está sumida en el caos: el 85% de su población depende de ayuda humanitaria, según la ONU, y más del 60% de las infraestructuras —hospitales, escuelas, plantas de tratamiento de agua— han sido destruidas o dañadas. Mientras, Israel insiste en que no habrá tregua hasta que Hamás sea “aniquilado” y Gaza “desmilitarizada”, un objetivo que, para analistas como el exdiplomático israelí Alon Liel, es “imposible sin una ocupación permanente o un genocidio”.

¿Qué sigue ahora? Con Odé fuera del tablero, Hamás deberá nombrar un nuevo líder militar, pero las opciones son limitadas: los candidatos con experiencia están siendo eliminados uno a uno. Mientras, Israel parece dispuesto a mantener su campaña de “decapitación de mandos”, incluso si eso significa romper treguas y arrasar barrios enteros. La pregunta que queda en el aire es si, en esta espiral de violencia, alguien en la región —o en la comunidad internacional— podrá (o querrá) detenerla.

La doctrina de la “decapitación estratégica”: ¿Por qué Israel persigue a los líderes de Hamás incluso en treguas?

El asesinato de Mohamed Odé —el cuarto líder militar de Hamás abatido en menos de un año— no es un acto aislado, sino la aplicación sistemática de una estrategia israelí conocida como “decapitación de mandos” (targeted decapitation). Esta táctica, perfeccionada tras décadas de conflicto, busca desestabilizar a Hamás eliminando a sus figuras clave, incluso al costo de romper treguas. Pero, ¿qué eficacia real tiene y qué precedentes existen?

Israel ha recurrido a esta doctrina desde los años 2000, con resultados mixtos. En 2004, el asesinato del jeque Ahmed Yassin (fundador de Hamás) y su sucesor Abdel Aziz al-Rantisi en menos de un mes debilitó temporalmente al grupo, pero también radicalizó a su base y aceleró su rearme. Más reciente, la eliminación de Yahya Sinwar en octubre de 2024 —arquitecto de los túneles de Gaza— fue celebrada como un “golpe mortal”, pero Hamás respondió con una ola de ataques con cohetes que dejaron 230 israelíes muertos en una semana. Los datos muestran un patrón: tras cada “decapitación”, el grupo tarda entre 3 y 6 meses en reorganizarse, pero emerge con tácticas más letales. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), desde 2008, Israel ha eliminado a 18 altos mandos de Hamás, pero el grupo ha mantenido su capacidad operativa en un 85% de los casos.

La diferencia ahora radica en la velocidad y la impunidad. Mientras que en el pasado Israel esperaba semanas para justificar estos ataques (como en el caso de Bahr Abu Ata, muerto en 2019 tras un mes de inteligencia), hoy los ejecuta en 48 horas, incluso durante treguas. Esto se debe a dos factores:

• Tecnología de inteligencia en tiempo real: El uso de sistemas como “Lavender” (IA para identificar objetivos) y drones “Hermes 900” reduce el tiempo entre detección y ataque a menos de 12 horas. Según The Washington Post, estos sistemas han aumentado la precisión un 40% desde 2023.
• Cambio en la doctrina legal: El gobierno de Netanyahu, respaldado por su coalición de ultraderecha, ha redefinido el concepto de “legítima defensa” para incluir ataques preventivos durante treguas, argumentando que Hamás las usa para “rearmarse”. Esto ha llevado a un aumento del 300% en operaciones encubiertas desde 2020, según datos del Instituto de Seguridad Nacional de Israel (INSS).

¿Un punto de no retorno? La espiral que ni EE.UU. ni Egipto logran frenar

La eliminación de Odé no solo reabre el conflicto, sino que cierra la última ventana diplomática. Fuentes de la inteligencia egipcia, citadas por Al-Monitor, advierten que Hamás está considerando dos respuestas extremas: un ataque masivo con cohetes “Ayyash-250” (de mayor alcance que los usados en 2023) o la activación de células durmientes en Cisjordania, donde ya se han registrado 17 atentados fallidos en lo que va de 2025. Mientras, Israel ha desplegado el sistema “Cúpula de Hierro” en Tel Aviv y Jerusalén, algo que no ocurría desde mayo de 2021. La pregunta ya no es si habrá una nueva escalada, sino qué forma tomará la represalia de Hamás —y si esta vez la comunidad internacional, paralizada por la guerra en Ucrania y las tensiones con Irán, mirará hacia otro lado.

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Las cartas encíclicas son el máximo nivel de enseñanza magisterial de la Iglesia católica. No son simples opiniones: se convierten en dogma vinculante para los “católicos de buena voluntad”, que deben reconocer su autoridad apostólica. Su peso es tal que pueden redefinir doctrinas o, como en este caso, marcar la agenda ética global. El Papa elige este formato solo para temas de “alta relevancia”, que trascienden lo eclesiástico y tocan fibras universales: la paz, los derechos humanos, la justicia social… y ahora, la IA.

Cuatro tipos, un mismo poder: la anatomía de una encíclica

Cada encíclica responde a un propósito concreto, pero todas comparten un sello: son irrevocables una vez publicadas. Estos son sus cuatro rostros:

• Doctrinales: Definen enseñanzas de fe (ejemplo: la encíclica Humani Generis de Pío XII, que abordó la relación entre ciencia y religión en 1950).
• Sociales: Denuncian injusticias globales. La Rerum Novarum (León XIII, 1891) sentó las bases de la doctrina social católica sobre el trabajo y el capital.
• Exhortativas: Llamados espirituales urgentes. Laudato Si” (Francisco, 2015) convirtió la ecología en un imperativo moral.
• Disciplinares: Regulan prácticas internas, como los sacramentos o la liturgia.

“La IA tiene: León XIV ha optado por una encíclica social con tintes doctrinales: la IA no es un tema técnico, sino antropológico . Su pregunta subyacente es incómoda: ¿Quién responde cuando un algoritmo discrimina o decide sobre vidas humanas?

León XIV ha optado por una encíclica social con tintes doctrinales: la IA no es un tema técnico, sino antropológico. Su pregunta subyacente es incómoda: ¿Quién responde cuando un algoritmo discrimina o decide sobre vidas humanas?

Del Nuevo Testamento a la imprenta: 1,700 años de cartas que cambiaron la historia

El formato encíclico tiene raíces apostólicas. San Pablo escribió 14 epístolas (cartas) entre los años 50 y 60 d.C., dirigidas a comunidades como los corintios o los gálatas. Estas misivas, hoy parte de la Biblia, sentaron un precedente: la palabra escrita como herramienta de unidad en una Iglesia dispersa por el Imperio Romano.

Durante la Edad Media, las encíclicas desaparecieron como práctica pública. Los papas se comunicaban solo con obispos en un sistema cerrado, casi feudal. Todo cambió en 1740, cuando Benedicto XIV —un papa ilustrado, amante de la ciencia— resucitó el formato con Ubi Primum, una carta sobre los deberes episcopales. La imprenta de Gutenberg (1440) lo hizo posible: por primera vez, un documento papal podía llegar a miles de fieles en semanas.

Desde entonces, se han escrito 300 encíclicas. Algunos papas las usaron con moderación:

León XIV rompe con la tradición no solo por el tema, sino por la velocidad: su encíclica sobre IA llega cuando el debate ético sobre algoritmos aún está en pañales. ¿Es una advertencia o un llamado a liderar la conversación?

Encíclica vs. otros documentos vaticanos: ¿por qué esta es la “reina”?

El Papa tiene un arsenal de formatos para comunicarse. Estos son los principales, ordenados por jerarquía y propósito:

• Constituciones apostólicas: Normas jurídicas. Ejemplo: Ex Corda Ecclesiae (1990), que reguló las universidades católicas.
• Exhortaciones apostólicas: Reflexiones pastorales post-sínodos. Amoris Laetitia (Francisco, 2016) revolucionó el enfoque sobre familias divorciadas.
• Motu proprio: Decisiones unilaterales del Papa. En 2021, Francisco usó uno para permitir que las mujeres accedan a ministerios laicos.
• Cartas apostólicas: Flexibles y temáticas. Pueden ser desde una condena a un crimen hasta la creación de un nuevo santo.

La encíclica destaca porque no caduca. Mientras un motu proprio puede ser revocado por el próximo papa, una encíclica queda como piedra angular. Su audiencia también es única: no solo habla a los católicos, sino “a todas las personas de buena voluntad”, incluso a gobiernos y corporaciones. De ahí que la de León XIV sobre IA haya generado eco en Silicon Valley y en la ONU.

El Vaticano suele publicar las encíclicas en siete idiomas oficiales (latín, italiano, español, inglés, francés, portugués y alemán), pero su traducción a otros idiomas depende de las conferencias episcopales locales. La de León XIV ya ha sido solicitada en chino mandarín y árabe, algo inédito en décadas.

¿Qué sigue después de una encíclica? La Curia Romana (gobierno vaticano) debe implementar sus directrices, pero su impacto real depende de cómo la reciban los obispos en cada país. En el caso de la IA, el desafío es mayor: ¿cómo regular algo que evoluciona cada seis meses? El Papa no propone respuestas técnicas, sino un principio ético radical: que la tecnología sirva al ser humano, no al revés.

La última vez que una encíclica generó un debate tan transversal fue con Laudato Si”, que inspiró políticas climáticas en la UE y movilizaciones como los “Viernes por el Futura”. ¿Logrará la de León XIV lo mismo con los CEO de Meta, Google y Microsoft? El tiempo —y los algoritmos— lo dirán.

El precedente ignorado: cuando Pío XI advirtió sobre los “autómatas intelectuales” en 1931

La encíclica de León XIV no es la primera vez que el Vaticano mira con recelo los avances tecnológicos que desafían la dignidad humana. En 1931, Pío XI publicó Quadragesimo Anno, una encíclica social que, aunque centrada en la crisis económica post-Gran Depresión, incluía una advertencia profética: criticaba la “deshumanización del trabajo” por máquinas que “sustituyen el juicio humano” y mencionaba los riesgos de los “autómatas intelectuales”, término que hoy podríamos asociar a los algoritmos de IA. El documento, escrito cuando la informática ni siquiera existía como disciplina, ya planteaba que “la técnica sin ética se convierte en un nuevo ídolo”.

Lo más llamativo es que Pío XI vinculaba este riesgo con un fenómeno que hoy es central en el debate sobre IA: la concentración del poder. La encíclica denunciaba que las máquinas, en manos de unos pocos, podrían “reducir a las masas a una dependencia casi servil”. Un siglo después, el Índice de Concentración de IA 2023 (elaborado por la Universidad de Stanford) revela que solo 10 empresas —entre ellas Google, Microsoft y Meta— controlan el 90% de la inversión global en inteligencia artificial. León XIV retoma, sin citarla, la intuición de su predecesor: la IA no es neutral, porque su desarrollo está dominado por actores con intereses económicos y geopolíticos concretos.

Otro paralelo histórico clave es la reacción de la Iglesia ante la revolución industrial. En 1891, León XIII publicó Rerum Novarum, la primera encíclica social, para responder a los abusos del capitalismo salvaje. El documento tardó décadas en tener impacto real: recién en los años 1920-1930, países como Alemania y Francia incorporaron sus principios en leyes laborales. La encíclica de León XIV podría seguir un camino similar: su influencia no se medirá en meses, sino en cómo los Estados y corporaciones la usen (o ignoren) para diseñar marcos regulatorios en la próxima década.

¿Un Vaticano 4.0? La apuesta de León XIV por teólogos *tech*

El Papa no solo ha escrito sobre IA: está reestructurando la Curia Romana para entenderla. En 2023, creó el Dicasterio para la Cultura y la Educación, que incluye una sección dedicada a “antropología digital“. Por primera vez, el Vaticano ha contratado a tres expertos en ética algorítmica —dos de ellos exingenieros de Silicon Valley— para asesorar en la redacción de documentos. Además, la Pontificia Academia para la Vida, tradicionalmente enfocada en bioética, lanzó en 2024 el programa Algoritmos para el Bien Común, que analiza casos como el sesgo racial en sistemas de contratación automatizados (un problema documentado en un estudio del MIT de 2019, que encontró que los algoritmos de reclutamiento descartaban un 30% más de currículos con nombres afroamericanos).

El movimiento es estratégico: León XIV sabe que, si la Iglesia quiere influir en el debate sobre IA, necesita lenguaje técnico, no solo moral. Su encíclica cita, por ejemplo, el “problema de alineación” (la dificultad de garantizar que los sistemas de IA actúen según los valores humanos), un concepto acuñado por el investigador Stuart Russell en 2019. Pero aquí surge la paradoja: ¿puede el Vaticano, una institución que aún usa faxes para comunicados oficiales y cuya banca (el IOR) fue investigada por lavado de dinero en 2012, liderar la ética de la tecnología más disruptiva del siglo XXI? La respuesta dependerá de si logra traducir sus principios en protocolos concretos —por ejemplo, colaborando con la UE en su AI Act— o si queda relegada a declaraciones simbólicas.

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El recorte llega en un momento crítico. Gaza, con más de 72.770 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí y 800.000 personas viviendo en tiendas de campaña, depende de la ayuda externa para sobrevivir. WCK, una de las pocas ONG que aún operan en el territorio tras el éxodo de 35 organizaciones que rechazaron compartir datos de sus trabajadores palestinos con Israel, se ha convertido en el segundo mayor proveedor de alimentos, solo por detrás del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Pero incluso su capacidad tiene límites.

Entre la burocracia israelí y la escasez de fondos

WCK logró mantener su operación en Gaza tras cumplir con el nuevo proceso de registro impuesto por Israel, que exige a las ONG entregar información detallada de su personal local. Una condición que muchas organizaciones rechazaron por considerarla un riesgo para sus empleados. Sin embargo, cumplir con las normas israelíes no ha sido suficiente para garantizar la continuidad del programa.

“Seguimos las directrices de las autoridades israelíes para garantizar la seguridad de nuestro personal y de las comunidades a las que servimos”, explica Wadhah Hubaishi, responsable de WCK en África y Oriente Medio. Pero el verdadero obstáculo, admite, es económico: “La realidad financiera de mantener una operación de esta magnitud durante un período tan prolongado es insostenible”. Desde octubre de 2023, la ONG ha dependido exclusivamente de donaciones privadas, en su mayoría de pequeños contribuyentes, lo que limita su capacidad para escalar la ayuda indefinidamente.

Los números reflejan la crisis: entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2024, WCK introdujo en Gaza 6.128 toneladas de alimentos. Un mes después, esa cifra cayó a 4.152 toneladas —un 32% menos—, según datos de la UNOPS. A pesar del recorte, la organización sigue siendo clave: en el mismo período, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) logró llevar 25.514 toneladas, pero la demanda supera con creces la oferta.

Gaza clama: “La comida es un derecho, no un lujo”

El impacto del recorte se siente en las calles. Este martes, decenas de gazatíes se manifestaron en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja. Entre escombros y tiendas de campaña, niños alzaban carteles con mensajes dirigidos a WCK: “Con nuestro agradecimiento, les hacemos un llamamiento: el hambre se está descontrolando”. Otros, junto a ollas y platos vacíos, gritaban consignas como “Estamos al borde de una catástrofe humanitaria” o “Tengo hambre”.

Nour Abunukbe, una de las manifestantes, golpeaba una cacerola mientras pedía a la ONG que restableciera los comedores solidarios. “No hay ninguna otra institución que nos apoye”, denunciaba. Su testimonio se suma al de Fauzi Awad, presidente del comité popular del campamento, quien advierte que WCK está llevando a cabo “una reducción progresiva hasta llegar a cero”, afectando no solo la cantidad, sino también la calidad de los alimentos y el número de trabajadores.

Entre los desplazados, Mahmud al Magarbi describe una situación límite: “Hay gente que no encuentra ni un trozo de pan. Tenemos alrededor de mil niños con sus familias en el campamento, y algunos llevan dos días sin comer“. Las imágenes de las protestas —con niños sosteniendo carteles entre ruinas— contrastan con los datos fríos: Gaza necesita 600.000 raciones diarias solo para cubrir las necesidades más básicas, según la ONU.

¿Puede una ONG sostener a Gaza?

Desde WCK, Hubaishi insiste en que la organización “continuará operando uno de los programas de comidas calientes más grandes de Gaza”, entregando cientos de miles de raciones al día. Pero lanza una advertencia clara: “La seguridad alimentaria a largo plazo para Gaza no puede depender de una sola ONG”. El llamado es directo a gobiernos, instituciones y socios internacionales, cuya respuesta hasta ahora ha sido lenta e insuficiente.

El dilema es complejo. Por un lado, WCK enfrenta críticas por su reunión con autoridades israelíes en mayo de 2024, apenas un mes después de que un ataque israelí matara a siete de sus trabajadores en Gaza. Por otro, su presencia en el territorio —aunque reducida— sigue siendo vital. La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿Qué pasará cuando ni siquiera medio millón de raciones puedan ser sostenidas?

Mientras la comunidad internacional debate soluciones, en Gaza el reloj corre en contra. Los 800.000 desplazados que sobreviven bajo lonas, los mil niños del campamento de Bureij y las familias que dependen de una olla comunitaria no tienen tiempo. La reducción de WCK no es solo un ajuste presupuestario; es un símbolo de un sistema humanitario al borde del colapso.

World Central Kitchen: de los huracanes a Gaza, la ONG que redefine la ayuda en crisis

El recorte de raciones en Gaza expone no solo la gravedad de la crisis humanitaria, sino también los límites de un modelo de ayuda basado en donaciones privadas y voluntariado. World Central Kitchen (WCK), fundada en 2010 por José Andrés, ha sido pionera en responder a emergencias con un enfoque ágil y descentralizado, pero su capacidad choca ahora contra una realidad sin precedentes: una guerra prolongada, un bloqueo logístico y una dependencia financiera insostenible.

WCK nació como respuesta al terremoto de Haití en 2010, donde Andrés y su equipo sirvieron 4 millones de comidas en tres meses usando cocinas móviles. Su método —contratar chefs locales, comprar ingredientes en la zona y evitar burocracias— les permitió actuar donde otras ONG tardaban semanas. En 2017, tras el huracán María en Puerto Rico, montaron 25 cocinas comunitarias y repartieron 3.7 millones de platos en seis meses, ganando reconocimiento por su eficiencia. Sin embargo, Gaza plantea un desafío distinto: no es un desastre natural, sino un conflicto activo con restricciones militares, ataques a convoyes humanitarios (como el que mató a 7 de sus trabajadores en abril de 2024) y una población totalmente dependiente de ayuda externa.

La diferencia clave está en los números: en Puerto Rico, WCK operó con un presupuesto de $3.5 millones (fondos públicos y privados); en Gaza, ha gastado $500 millones en 8 meses, casi 143 veces más, sin un final a la vista. Mientras que en emergencias previas la ONG podía escalar su respuesta gracias a donaciones puntuales (como los $25 millones recaudados tras el terremoto de Turquía-Siria en 2023), en Gaza el flujo de fondos se ha estancado: según su informe financiero de junio de 2024, el 60% de las donaciones provienen de contribuyentes que dan menos de $100, un modelo insostenible para una crisis crónica.

Otro factor crítico es la logística bajo fuego. En Ucrania, WCK estableció restaurantes solidarios en ciudades como Leópolis, sirviendo 200.000 comidas diarias con relativas garantías de seguridad. En Gaza, en cambio, el 70% de sus convoyes han sufrido retrasos de más de 48 horas por inspecciones israelíes, según datos de la UNOPS. El costo operativo se dispara: transportar una tonelada de alimentos a Ucrania cuesta $150, mientras que en Gaza supera los $1,200 por los seguros, escoltas y rutas alternativas.

¿Hacia un colapso anunciado?

El caso de WCK en Gaza revela una paradoja: una ONG diseñada para emergencias cortas e intensas se ha convertido en el último bastión de un sistema humanitario en quiebra. Su recorte no es un fracaso operativo, sino la evidencia de que ni siquiera el modelo más innovador puede sustituir a los Estados. La pregunta ahora no es si otras ONG podrán llenar el vacío —35 ya se retiraron—, sino cuánto tardará la comunidad internacional en asumir que Gaza no necesita caridad, sino un corredor humanitario con garantías legales y fondos públicos estables. Mientras, los 500.000 gazatíes que aún reciben raciones de WCK dependen de un sistema que, por primera vez en su historia, ha admitido su propio límite.

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