Colombia al borde: segunda vuelta entre ultraderecha e izquierda en su elección más polarizada

Un país dividido a la mitad. Colombia vivirá el 21 de junio la segunda vuelta presidencial más ajustada de su historia reciente: Abelardo de la Espriella (ultraderecha, 43,7%) contra Iván Cepeda (izquierda, 40,9%), con solo 2,8 puntos de diferencia y un récord de participación que no evita la fractura social. La clave: un trasvase masivo de votos desde la derechista Paloma Valencia (6,92%) que reconfiguró el tablero en la recta final.

Con 19,6 millones de votos emitidos —la abstención más baja en décadas (45,2%)—, los resultados sorprendieron a las encuestas, que daban como favorito a Cepeda. De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, capitalizó el apoyo de Valencia (1.6 millones de votos) y se posicionó como el favorito matemático para la segunda vuelta: sus votos más los de Valencia ya suman el 50,6%, aunque su discurso radical podría alienar a moderados.

El mapa electoral refleja la división: De la Espriella arrasó en zonas rurales y conservadoras (como el Eje Cafetero y la Costa Atlántica), mientras Cepeda dominó en Bogotá, Medellín y regiones con tradición de izquierda. La polarización supera incluso la de 2022, cuando Gustavo Petro ganó con 11,2 millones de votos frente a una derecha fragmentada.

El fantasma de la deslegitimación y las críticas internacionales

El presidente Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda (del partido Pacto Histórico), cuestionaron el preconteo y exigieron un escrutinio “transparente”. La reacción generó críticas de figuras como Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch:

“Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable”, declaró Goebertus, recordando que la Misión de Observación Electoral de la OEA ya había avalado el proceso.

El escepticismo de Petro —quien en 2018 también impugnó resultados— contrasta con los datos: la Registraduría Nacional reportó que el 99,8% de las mesas fueron transmitidas sin incidencias. Sin embargo, el clima de desconfianza persiste, alimentado por la historia reciente: en 2018, el entonces candidato Petro denunció un supuesto “fraude” que nunca se probó.

La batalla por los votos decisivos: centro, abstención y voto en blanco

Con 17 millones de colombianos que no votaron en la primera vuelta (a pesar del récord de participación), ambos candidatos deberán movilizar a sectores clave:

• El centro de Sergio Fajardo (1 millón de votos, 4,26%): Fajardo, excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, evitó apoyar abiertamente a Cepeda, a quien acusó durante la campaña de ser “un títere de Petro”. Su voto podría inclinarse por Cepeda si este modera su discurso, pero Fajardo ya advirtió: “Nuestro millón de votos definirá el futuro del país”.
• Los 480.000 votos en blanco: Equivalentes al 2,1% del total, superan a nueve candidaturas combinadas. Cepeda intentará atraerlos con un mensaje de “unidad nacional”, mientras De la Espriella los descalificó como “votos perdidos”.
• La derecha moderada de Claudia López (225.000 votos): La exalcadesa de Bogotá, del partido Alianza Verde, representa un electorado urbano y progresista que podría decantarse por Cepeda para frenar a la ultraderecha.
• Los 206.000 votos de Santiago Botero: Su candidatura Romper el Sistema, de corte antipolítico, podría migrar hacia De la Espriella, quien ha prometido “acabar con la clase política tradicional”.

El desafío de Cepeda es claro: necesita al menos 3,5 millones de votos adicionales para remontar, mientras De la Espriella podría ganar con solo retener su base y sumar el 60% de los votos de Valencia. La estrategia de la ultraderecha pasa por explotar el miedo al “petrismo” (asociando a Cepeda con las políticas de Petro) y prometer “mano dura” contra la inseguridad, un tema que el 78% de los colombianos considera prioritario, según Invamer.

El contexto histórico: de Uribe a la ultraderecha

La irrupción de De la Espriella marca un punto de inflexión en la política colombiana, dominada durante décadas por dos fuerzas:

1. El bipartidismo Liberal-Conservador (1848–2002): Durante 150 años, estos partidos se alternaron en el poder, con episodios violentos como La Violencia (1948–1958), que dejó 200.000 muertos. Su declive comenzó con la Constitución de 1991, que abrió el sistema a nuevas fuerzas.
2. La era Uribe (2002–2010): Álvaro Uribe, con su discurso de “seguridad democrática”, rompió el bipartidismo al ganar en primera vuelta en 2002 (53%) y 2006 (62%). Su legado incluye la desmovilización de las AUC (paramilitares) y una ofensiva militar contra las FARC, pero también acusaciones de vínculos con grupos armados ilegales.
3. El resurgir de la izquierda (2018–2024): Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, llevó a la izquierda a una segunda vuelta en 2018 (perdiendo contra Iván Duque) y ganó en 2022. Su gobierno, sin embargo, enfrenta una aprobación del 27% (Datexco), lastrado por reformas fallidas y una percepción de inseguridad.

De la Espriella representa una nueva ultraderecha, más radical que el uribismo clásico. Su partido, Defensores de la Patria, propone:

• Eliminar el Acuerdo de Paz con las FARC (firmado en 2016).
• Restablecer la pena de muerte para violadores y asesinos.
• Reducir impuestos a empresas y eliminar “subsidios a vagos” (en referencia a programas sociales).
• Aliarse con partidos como Vox (España) y Jair Bolsonaro (Brasil) en un “eje conservador latinoamericano”.

Cepeda, en cambio, hereda el proyecto de Petro pero con un perfil menos confrontativo. Su propuesta incluye:

• Ampliar la reforma agraria para redistribuir tierras a campesinos.
• Mantener el Acuerdo de Paz pero con “ajustes” para perseguir a disidencias de las FARC.
• Crear un sistema de salud universal (similar al de Costa Rica).
• Negociar con el ELN, la última guerrilla activa, para un “acuerdo humanitario”.

¿Qué está en juego el 21 de junio?

Más que un cambio de gobierno, esta elección define el modelo de país:

El escenario internacional también pesa: un triunfo de De la Espriella alinearía a Colombia con el Grupo de Lima (contra Venezuela y Nicaragua), mientras Cepeda buscaría reintegrar al país en UNASUR y CELAC, bloques liderados por gobiernos progresistas.

Los mercados ya reaccionaron: el peso colombiano se devaluó un 1,8% el lunes siguiente a la primera vuelta, y el riesgo país subió a 210 puntos básicos (el más alto desde 2020), según Bloomberg. Los analistas atribuyen la volatilidad a la incertidumbre: De la Espriella promete “revisar” contratos con multinacionales, mientras Cepeda planea gravar con impuestos las exportaciones de carbón y petróleo.

El factor Petro: ¿ayuda o lastre para Cepeda?

El presidente Gustavo Petro, cuya popularidad cayó al 27% (Invamer), es un arma de doble filo para Cepeda. Por un lado, su base de apoyo (11,2 millones en 2022) es clave; por otro, el 63% de los colombianos desaprueba su gestión. De la Espriella ya explotó este punto en su discurso:

“Cepeda no es más que el candidato de Petro para perpetuar el caos. ¿Quieren cuatro años más de inflación, inseguridad y divisiones?”, declaró en su mitin post-elecciones.

Cepeda, sin embargo, intentó distanciarse: “Mi gobierno será de unidad nacional, no una continuación del actual”. Pero el desafío es mayúsculo: el 58% de los colombianos cree que el país “va por mal camino” (Gallup), y el 72% exige “cambios profundos”.

La sombra de la violencia electoral

Colombia arrastra un historial de violencia política: desde el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 (que desencadenó El Bogotazo) hasta el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. En lo que va de 2024, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado:

• 12 asesinatos de líderes sociales (7 de ellos en zonas rurales).
• 43 amenazas a candidatos locales (especialmente en Cauca y Nariño).
• 3 atentados contra sedes de partidos (dos del Pacto Histórico y uno de Centro Democrático).

El riesgo de brotes violentos post-elecciones es real. La Defensoría del Pueblo activó un “plan de contingencia” con 1.200 observadores en 30 municipios de alto riesgo, incluyendo Tumaco, Arauca y el Catatumbo, donde operan disidencias de las FARC y el ELN.

Lecturas relacionadas:

• Cómo el uribismo redefinió la derecha colombiana: del paramilitarismo al poder institucional
• Gustavo Petro: de guerrillero del M-19 a presidente con el menor apoyo en 30 años
• El voto en blanco en Colombia: ¿protesta ciudadana o desperdicio electoral?
• La influencia de Vox y Bolsonaro en la nueva ultraderecha latinoamericana
• Acuerdo de Paz con las FARC: logros y fracasos siete años después

El 21 de junio, Colombia no elige solo un presidente, sino qué versión de su historia prevalecerá: ¿el autoritarismo que promete orden a cualquier costo, o la izquierda que apuesta por reformas sociales en un país cansado de la desigualdad? La respuesta podría redefinir no solo a Colombia, sino el equilibrio geopolítico de Sudamérica. Mientras tanto, una pregunta resuena: ¿Podrá un país tan dividido gobernarse sin fracturarse?

El precedentes de las segundas vueltas más polarizadas en América Latina: lecciones para Colombia

La segunda vuelta del 21 de junio no es solo un duelo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, sino un reflejo de un fenómeno regional: elecciones binarias donde la polarización supera el 90% del electorado, dejando márgenes mínimos y sociedades divididas. En los últimos cinco años, al menos cuatro países latinoamericanos vivieron escenarios similares, con consecuencias que van desde gobiernos paralizados hasta crisis institucionales. Colombia podría repetir —o evitar— esos patrones.

El caso más cercano es Brasil (2022), donde Lula da Silva venció a Jair Bolsonaro por apenas 2,1 millones de votos (50,9% vs. 49,1%), el margen más ajustado desde la redemocratización. La polarización post-electoral derivó en ataques a sedes del Tribunal Superior Electoral, bloqueos de carreteras por camioneros bolsonaristas (que duraron 72 horas) y una investigación por intento de golpe de Estado tras la invasión al Congreso el 8 de enero de 2023. Según la Universidad de São Paulo, el costo económico de esos disturbios superó los $1.200 millones en daños materiales y pérdida de productividad. Más preocupante aún: el 38% de los brasileños seguía creyendo en 2024 que hubo fraude, pese a que ninguna prueba fue presentada, según Datafolha.

Otros ejemplos reveladores:

• Perú (2021): Pedro Castillo (izquierda) derrotó a Keiko Fujimori (derecha) por 44.000 votos (50,13% vs. 49,87%). Fujimori denunció fraude sin pruebas, pero la Misión de Observación de la OEA validó los resultados. El gobierno de Castillo duró 17 meses: fue destituido tras intentar disolver el Congreso, lo que desencadenó protestas con 60 muertos y una crisis que aún persiste.
• Ecuador (2023): Daniel Noboa (centro-derecha) ganó en segunda vuelta con 52,3% frente a Luisa González (correísta), pero el voto nulo y en blanco sumó el 18%, el más alto en 20 años. Noboa gobernó con aprobación inicial del 60%, pero su alianza con la derecha tradicional lo llevó a enfrentar paros indígenas en junio de 2024, con 10 días de bloqueos y pérdidas por $800 millones, según la Cámara de Comercio de Quito.
• Chile (2021): Gabriel Boric (izquierda) venció a José Antonio Kast (ultraderecha) con 55,9%, pero la abstención alcanzó el 53%, la más alta desde 1989. Boric asumió con un Congreso fragmentado (7 partidos con representación) y su reforma tributaria —bandera de campaña— fue rechazada en 2023, obligándolo a negociar con la derecha.

En todos estos casos, hubo un denominador común: la segunda vuelta no resolvió la polarización, sino que la institucionalizó. Según un estudio de Latinobarómetro (2023), el 62% de los latinoamericanos cree que sus países están «más divididos que hace cinco años», y el 41% justifica «medidas autoritarias» si garantizan «estabilidad». Colombia no es ajena a este riesgo: en 2018, cuando Iván Duque venció a Gustavo Petro en segunda vuelta (54% vs. 42%), el voto en blanco fue del 3,5% y las protestas post-electorales dejaron 3 muertos en Bogotá.

¿Puede Colombia romper el ciclo?

El 21 de junio no solo definirá quién gobierna, sino si el país puede evitar el escenario brasileño (violencia post-electoral) o el peruano (inestabilidad crónica). Hay dos variables clave: el discurso de derrota del perdedor y la reacción de las élites económicas. En Brasil, Bolsonaro tardó 48 horas en reconocer su derrota, pero sectores como la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) presionaron por un «transición ordenada». En Perú, en cambio, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep) apoyó los cuestionamientos de Fujimori, profundizando la crisis. En Colombia, gremios como Andi (que agrupa a las 1.200 empresas más grandes) ya advirtieron: «Cualquier intento de deslegitimar los resultados afectará la inversión», según declaró su presidente, Bruce Mac Master, el 12 de junio. La pregunta no es si habrá división, sino si las instituciones —y los actores políticos— podrán contenerla.