Aceptó cargos Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz, por secuestro y tortura
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de participar en el secuestro y las torturas contra un cobrador de una empresa de préstamos bajo la modalidad de ‘gota a gota’, quien fue acusado de la supuesta pérdida de una suma de dinero que, según la investigación, oscilaba entre los 15 y 30 millones de pesos. Entre los procesados figura Luis Mariano Díaz González, señalado como presunto determinador de la retención ilegal y uno de los supuestos responsables de las agresiones contra la víctima.
Además de Díaz González, fueron procesados los comerciantes Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio y José David Martínez Ibáñez, así como los cobradores Alexis Rafael Jiménez Uribe y Stiven Rafael Bolaños de la Hoz.
Las investigaciones, lideradas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, indican que un grupo conformado por al menos 20 personas llegó hasta la vivienda del cobrador y, bajo amenazas con armas de fuego dirigidas contra él y su familia, lo obligó a salir del inmueble para trasladarlo a otro lugar.
Cautiverio, agresiones y exigencias
La víctima fue llevada a una vivienda del barrio Las Granjas, en el municipio de Soledad (Atlántico), donde permaneció retenida ilegalmente.
Durante ese tiempo habría sido golpeada con tubos y tablas, lesionada con una navaja en una mano, agredida con la cacha de un arma de fuego y amenazada de muerte junto con sus familiares para obligarla a confesar el supuesto hurto y revelar el paradero del dinero.
De forma paralela, los hoy procesados habrían exigido a la familia responder por la suma presuntamente perdida o entregar una vivienda que figuraba a nombre del padre de la víctima. Finalmente, el hombre recuperó la libertad.
La Fiscalía imputó a los seis procesados los delitos de secuestro simple agravado y tortura. Todos aceptaron los cargos y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia. Además, realizaron un acto de reparación consistente en el pago de 10 millones de pesos a favor de la víctima.